En la primera sesión del año de la Mesa Minera de Género, que fue liderada por la seremi de Minería, Amanda Pérez Ahumada , y la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, Marianne San Francisco Cerezo, trataron la importancia de compatibilizar los roles de trabajadores y trabajadoras en la empresa y la familia, entre otras brechas de género.

"El objetivo de esta mesa de trabajo público-privada es potenciar estrategias que nos posibiliten posicionar y consolidar a la mujer en el sector minero, no sólo en labores de planta o yacimiento, ya que nuestro mayor desafío es que las empresas puedan confiar en las mujeres en la toma de decisiones. Si bien las compañías están siendo más inclusivas y nos estamos acercando cada día más a que esta fuerza laboral del género femenino se desempeñe en igualdad de condiciones", explicó la seremi de Minería, Amanda Pérez Ahumada.

La asunción de mujeres en cargos de alta responsabilidad y la baja participación de mujeres en los sindicatos fueron otras de las brechas planteadas en la mesa. Como también que las universidades impartan asignaturas para adquirir destrezas para superar la frustración en carreras mineras.

Al acto asistieron, además, la diputada Marcela Hernando Pérez y representantes de las empresas mineras Lomas Bayas, Sierra Gorda, Radomiro Tomic, Barrick Zaldívar, Escondida, Mantos Blancos y otras como Komatsu, Finning y la Asociación Gremial Minera de Antofagasta.

Diecinueve ciudadanos bolivianos condenados por la Ley Nº 20.000 de drogas fueron expulsados del país, cumpliendo la conmutación de la pena dictaminada por tribunales. El proceso de expulsión se realizó ayer y fue una labor coordinada por efectivos de la PDI de Calama y personal del Departamento de Extranjería de la Gobernación provincial de El Loa, previo aviso al consulado boliviano en nuestra comuna.

El procedimiento se realizó se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y los condenados fueron trasladados en buses hasta el sector fronterizos, donde fueron liberados. "Con ello se dio cumplimiento a lo dispuesto por los tribunales, en la forma más adecuada y expedita posible, velando en todo momento por la seguridad en el traslado de los extranjeros expulsados", informaron fuentes de la PDI.

SUSTITUTIVA

La pena sustitutiva de expulsión del territorio nacional se encuentra normado en el artículo 34 de la Ley Nº 18.216, la cual busca expulsar del territorio nacional a aquellos extranjeros condenados y que reúnen ciertos requisitos especificados en este cuerpo legal.

Por ejemplo, "si el condenado a una pena igual o inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un extranjero que no residiere legalmente en el país, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá sustituir el cumplimiento de dicha pena por la expulsión de aquél del territorio nacional".

Precisamente esto fue lo que ocurrió en el caso de los bolivianos sorprendidos vulnerando la ley de drogas.

Es importante señalar que ya el año pasado el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Calama, dio cumplimiento a un total de 111 expulsiones de ciudadanos extranjeros conforme a la disposición emanadas de los diferentes tribunales de justicia del país.

El procedimiento se realizó con apoyo del consulado que gestionó el traslado de los ciudadanos bolivianos en un transporte.

"El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado desde la fecha de la sustitución de la pena. En caso que el condenado regresare al territorio nacional dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se revocará la pena de expulsión, debiendo cumplirse el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta"