Explosivo aumento de expulsiones de extranjeros en la provincia El Loa
Estadísticas. Desde marzo a la fecha se cursa un promedio 150 solicitudes mensuales. El 2014 se expulsaron a 141 personas.
El auge minero y su cercanía con la frontera han hecho de Calama uno de los destinos favoritos de los extranjeros, especialmente de Latinoamérica, quienes llegan a esta ciudad en busca de nuevas oportunidades para ellos y sus familias.
Este aumento trae consigo una serie de consecuencias, favorables y desfavorables. Una de ellas es el aumento en las expulsiones de quienes no han regularizado su situación en el país, como también de aquellos que cometieron algún delito.
Cifras
De acuerdo a la información proporcionada por el gobernador provincial de El Loa, Claudio Lagos, desde marzo a esta fecha se han tramitado cerca de 150 solicitudes de expulsión de extranjeros al mes. Una cifra notablemente superior al del 2014 que registró en total a 141 personas deportadas.
"Estamos en un proceso de rearticulación del departamento de extranjería a nivel nacional donde se está tratando de dar mayor celeridad a estos trámites", señala el gobernador quien agrega que "eso explicaría este aumento".
Hasta marzo las solicitudes se enviaban desde Calama al departamento de extranjería de la Intendencia en Antofagasta para luego ser devueltas a Calama. Ahora se eliminó el envío a Antofagasta y se centralizó todo el proceso en nuestra ciudad.
"A la intendencia le llegaban los casos de Calama, de Antofagasta, los de Tocopilla y al final se les juntaban montones de papeles y eso hacía que se retrasara el proceso. De hecho, muchas veces el cónsul de Bolivia nos pedía que apuraran estos procesos los que podían durar algunos meses", dijo el gobernador Lagos.
Puntualizó sí que el promedio de 150 solicitudes de extranjeros en El Loa puede disminuir conforme se regularice todo el proceso.
Dos son los tipos de expulsión que se efectúan en Chile. Trabajo que se realiza en coordinación con los departamentos de extranjería de Gobernación y la Policía de Investigaciones (PDI).
El primer tipo de expulsión se denomina administrativa y se aplica a aquellos extranjeros que por distintos motivos no han regularizado sus papeles, manteniendo su visa de turista o trabajando sin tener el permiso correspondiente y también de aquellos que entran de forma ilegal o son sorprendidos cruzando la frontera por pasos no habilitados.
Según el subprefecto Cristián Sáez, jefe del departamento de Extranjería de la PDI durante el 2014 se deportaron de la provincia por esta causa a 30 personas.
En la actualidad y según los antecedentes del departamento de Extranjería de la gobernación, solo la semana pasada el gobernador cursó cerca de 100 deportaciones de los cuales un 90% correspondía al tipo administrativo.
El segundo tipo de expulsión es el denominado judicial y es para los extranjeros que hayan cometido algún tipo de delito.
La mayoría de los expulsados por este motivo lo hacen por infringir la Ley 20 mil (Tráfico de drogas), sin embargo existen casos de extranjeros que cometieron otros delitos como estafa, robo con intimidación e incluso por conducir en estado de ebriedad.
El 2014 los expulsados judiciales llegaron a los 111 extranjeros, según cifras de la PDI. En tanto esta semana el gobernador de El Loa ya firmó 9 solicitudes de tipo judicial, los que se suman a los 19 que fueron enviados a Bolivia el lunes.
En cuanto a las nacionalidades de los deportados en la provincia de El Loa la lista la encabezan los ciudadanos bolivianos, luego le siguen los colombianos. "Tenemos incluso dos casos de República Dominicana", señaló el gobernador de El Loa.
La solicitud de expulsión no se puede revocar y los extranjeros están obligados a abandonar el país y no pueden regresar hasta 10 años después de la sanción.
Cuando se expulsa a un extranjero de Chile, personal de la PDI debe llevarlo hasta la frontera del país del cual es originario el infractor. Eso en el caso de que el país sea vecino al de Chile. En el caso de ciudadanos que provengan de países como Colombia, se trasladará al sancionado en avión hasta el país de origen, acompañado por dos funcionarios de la PDI. Los pasajes corren por cuenta del Ministerio del Interior.