Durante dos años, se estuvo realizando en la región el estudio denominado, "Diagnóstico y Gestión Ambiental Integrada de Humedales Altoandinos", el cual analizó el estado en que se encuentran más de mil humedales que están sobre los dos mil metros de altura, de los que 200 pertenecen a la provincia de El Loa. Esta investigación reveló que casi el 66% de ellos presenta un riesgo bajo, pero esto no significa que no deban diseñarse planes de protección efectivo, ya que si continúan estando a disposición de planes turísticos, su deterioro es inminente y esto provocaría un desequilibrio ecosistémico preocupante, porque los humedales son el espejo de la condición ambiental de la zona.

Este análisis fue ejecutado por la seremi de Medio Ambiente a través del Centro de Ecología Aplicada Ltda. (CEA), con fondos FNDR y tuvo una inversión de 150 millones de pesos, considerando el desarrollo de un diagnóstico de la condición ambiental de los humedales, incluyendo salares, lagunas, ríos, vegas y bofedales.

Para ello se utilizó la información existente levantada a la fecha e imágenes satelitales, revelando que el 1,47% está en un estado muy alto de riesgo y el 1,12% en alto peligro, es decir que alrededor de 26 humedales estaría en condición vulnerable. Sin embargo, el estudio aún no da a conocer oficialmente cuáles serían estos, ya que según mencionó la seremi de Medio Ambiente, el informe final está en revisión y una vez que se tenga el visto bueno se podrá hacer público.

Preliminar

Según los datos entregados, otros de los componentes que abordó la investigación fue la propuesta de un modelo de gestión ambiental integrada para los humedales altoandinos, el cual incluye una proposición de monitoreo integrado en tres niveles de complejidad: básico, intermedio y avanzado. Junto con ello se sugiere la implementación de una institucionalidad público - privada que colabore con el Estado en materias de conservación, seguimiento y educación ambiental para estos ecosistemas.

Al respecto el director del CEA y quien lideró este estudio diagnóstico, Manuel Contreras, precisó que "nuestra propuesta es que exista una institucionalidad que permita juntar los esfuerzos y tener un acercamiento mucho más acabado del estado en el que se encuentran los humedales. Hoy día estos ecosistemas son un espejo de la condición ambiental de la región. Si ellos se encuentran bien, significa que el área, el territorio y la gente van a estar bien".

En tanto, el seremi del Medio Ambiente de la región de Antofagasta, Ramón Aréstegui precisó que "con la propuesta que nos entrega el CEA se avanza hacia una solución a esta problemática y de paso, se contribuye a la conservación y uso sustentable de estos ecosistemas prioritarios", puntualizó.

Conservación

La doctora en Microbiología y directora del laboratorio de investigaciones microbiológicas de lagunas andinas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, María Eugenia Farías, colaboró con la investigación del CEA y manifestó que es muy importante la conservación de los humedales, porque en ellos se descubrió los primeros indicios de vida en el planeta.

"Los ecosistemas microbianos del salar de Atacama son el eslabón perdido en los metabolismos de la vida primitiva, son la base de la producción primaria en los humedales y deben ser tenidos en cuenta en los estudios de impacto ambiental -líneas de base y monitores, así como también es preciso establecer bioindicadores para monitorearlos; porque tienen un gran potencial en aplicaciones biotecnológicas y presentan un enorme potencial para proyectos que integren comunidad, divulgación y trismo científico", concluyó Farías.

Por esta razón, los humedales de la provincia representan una riqueza única que exige ser preservada.

A raíz de las declaraciones realizadas por la diputada Paulina Núñez y del senador Baldo Prokurica, sobre la falta de eficiencia del Instituto de Previsión Social en solicitar el reembolso de los beneficios otorgados a los llamados "falsos exonerados políticos" y que se amplié la investigación, el gobernador de la provincia de El Loa, Claudio Lagos, comentó que el Gobierno está trabajando en esclarecer esta temática y que también a nivel provincial se solicitará la información pertinente a Contraloría sobre los casos locales, para darlos a conocer a la comunidad.

Respondiendo a los dichos de los parlamentarios, Lagos manifiesta que "siempre que se detectó un caso, fueron inmediatamente suspendidos los beneficios, así como también ellos tendrán que devolver todo lo que el Estado les ha entregado en estos años".

Agregó que "por ello le damos la tranquilidad a las personas que estamos haciendo todo lo necesario, así como también se está gestionando la obtención de la información sobre casos de "falsos exonerados" en la provincia y así poder entregarle claridad a la comunidad".

Frente a esto la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos de Calama, Violeta Berríos, expresó que le parece muy bien que se esté persiguiendo a estas personas.

"Son varios los que se aprovecharon del sistema, porque aquí en Calama se ven muchas personas beneficiadas del Prais y que nunca pasaron por vejámenes de la dictadura, haciendo un gasto al Gobierno que no corresponde; sin embargo, hay personas que realmente les corresponde el beneficio y no reciben nada" añadió.

"Son los que menos sufrieron los que ganan, porque estos casos se ven no son ajenos a Calama, hecho que es injusto para quienes realmente fueron afectados. Por ello estoy muy de acuerdo con que se haga una revisión completa de los afectados y compruebe que realmente sean exonerados", precisó Berríos.

Lagos además mencionó que existen indicaciones muy claras de Contraloría y Tribunales de Justicia sobre las sanciones a estas personas, por ello el IPS ha realizado investigaciones sumarias por cada caso, con el fin de esclarecer toda esta temática.

Durante esta semana la diputada Paulina Núñez y del senador Baldo Prokurica, pidieron ampliar la investigación a 74 mil exonerados políticos que son falsos y cesar el pago de las pensiones que éstos reciben. A raíz de la indagatoria realizada en el 2013, donde se comprobó que nunca fueron desvinculados de sus trabajos por razones políticas en la dictadura.