El intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció que apelará a la medida decretada por la justicia de dejar en libertad a los responsables de la protesta que paralizó el Metro durante la hora punta el viernes pasado.

Los 12 trabajadores del operador Express del Transantiago sólo quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de ingresar a cualquier estación del subterráneo.

"Ese tipo de acciones van a ser perseguidas con todo el rigor por parte del Gobierno. Ustedes saben que se rechazó la solicitud de prisión preventiva el día viernes y nosotros el lunes vamos a apelar a la Corte de Apelaciones esa medida", dijo la autoridad regional.

Si bien Orrego manifestó estar de acuerdo con la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Transantiago, criticó la forma de la protesta.

"Una cosa es la huelga legal y otra son los actos de violencia, vandalismo y de interrupción de medios de transporte de toda la ciudad", replicó el intendente.

"Una huelga legal es un derecho que tienen los trabajadores para poder luchar por mejoras salariales, eso siempre contará con el respeto y la comprensión de toda la ciudadanía y también de la autoridad", señaló Orrego.

El Gobierno anunció que se querellará por la Ley de Seguridad del Estado debido a los trastornos que provocó la manifestación en las vías del Metro.

Los huelguistas, pertenecientes a dos sindicatos de la empresa Express del Troncal 4 del Transantiago, exigen mejoras en las condiciones laborales, paraderos con servicios higiénicos, sueldo de jornada completa por $800 mil, entre otros puntos.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió ayer al requerimiento de antecedentes que realizó el comité de asesorías parlamentarias de la Cámara de Diputados, respecto de las asesorías externas que pagó el secretario de Estado entre agosto y septiembre de 2013 cuando era parlamentario.

El vocero de La Moneda se mostró tranquilo respecto de esa solicitud y aseguró que tiene todos los documentos que respaldan las asesorías que busca conocer el comité de la corporación.

El secretario de Estado, que fue parlamentario por el distrito 7 de la Región de Coquimbo, afirmó que se trata de un "un procedimiento habitual".

"Es un trámite habitual cuando el comité de auditoria de la Cámara considera que falta algún antecedente, lo solicita. Se me ha solicitado puntualmente algunas minutas e informes, los que serán entregados en los próximos días", afirmó quien hasta su nombramiento en el gabinete se desempeñara como embajador de Chile en Argentina.

Al ser consultado sobre los plazos que tiene para entregar los antecedentes y cuándo los hará llegar al comité, Díaz respondió: "Yo creo que la próxima semana, afortunadamente soy muy ordenado y tengo todos los documentos".

El ministro fue categórico en rechazar que esté siendo cuestionado. "No hay ningún cuestionamiento, lo que se me está pidiendo es que adjunte informes y minutas del trabajo que hizo el asesor", aseguró.

El oficio del comité fue enviado el pasado 5 de junio, por los pagos corresponden al asesor Juan Alberto Molina Tapia, quien durante agosto y septiembre recibió en total $1.333.000.

Por eso, se pidió a través del oficio, que tiene carácter de reservado, que el ministro entregue minutas e informes que justifiquen esos pagos.

Según informaron desde el ministerio, las asesorías fueron para hacer un "seguimiento del proyecto de ley de fomento audiovisual, capítulo IV sobre cuotas de pantalla", "la elaboración de proyecto de ley que prohibe inclusión como interés de las comisiones de instituciones financieras y establece un mecanismo de cobro de las mismas", y "atención y preparación de solución ante requerimientos orales y escritos de ciudadanos del distrito", según publicó El Mercurio.

El diputado independiente y miembro de Amplitud, Joaquín Godoy, se refirió a la relación entre el dinero y la política, luego de que la Presidenta Michelle Bachelet firmara el viernes dos proyectos de ley de la agenda para la transparencia y probidad. El parlamentario afirmó en entrevista con CNN que para él el gran problema es que "la Presidenta Bachelet no destapó la olla, no dijo la verdad" e hizo un llamado a enfrentar el problema.