Amás de un año y medio desde que el Centro de Reinserción Social (RCS) de Calama dependiente de Gendarmería de Chile pusiera en marcha la Ley de Penas Sustitutivas a la Reclusión, a la fecha en la ciudad 132 personas han prestado servicios a la comunidad, con buenos resultados para la entidad gubernamental como para las instituciones aliadas sin fines de lucro.

Esta opción ha permitido que habitantes de las diferentes comunas de la provincia de El Loa, paguen sus multas o condenas con trabajos comunitarios, permitiéndoles cumplir el pago de su deuda con la sociedad de una manera diferente y con un doble propósito, que son cumplir con lo dictaminado por la justicia y contribuir con el mejoramiento de las localidades.

Destacar que del 100% de los infractores loínos que optan por tomar este beneficio, el 95% ha llegado al fin de su servicio comunitario y sólo el 5% ha desertado, optando por pagar la multa con dinero o muy pocas veces con prisión efectiva en la cárcel.

Servicio Comunitario

El pasado 27 de diciembre del año 2013 entró en vigencia en todo el país la Ley N° 20.603 de Penas Sustitutivas a la Reclusión que modificó la Ley N° 18.216 de Medidas Alternativas a la Reclusión vigente desde el año 1983. Para que quede claro, las penas sustitutivas son aquellas que un tribunal establece, previa constatación de ciertos requisitos legales, en sustitución de una pena privativa o restrictiva de libertad, es decir reclusión en un centro penitenciario.

Lo anterior incluye varios beneficios, pero una de las que ha tenido mayor impacto social es la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBS), que consiste principalmente en la realización de actividades esencialmente voluntarias y no remuneradas a favor de la comunidad o en beneficio de personas en situación de precariedad, coordinadas por los funcionarios de los Centros de Reinserción Social (CRS), que son establecimientos penitenciarios dependientes de Gendarmería de Chile con un régimen abierto, es decir brindan atención ambulatoria, donde se coordinan, concentran y desarrollan las actividades de control, asistencia e intervención de las personas que han sido condenadas a alguna de las Penas Sustitutivas a la Reclusión.

A pesar que el Centro de Reinserción Social de Calama era de baja complejidad, con el paso de los meses ha alcanzado la categoría de mediana complejidad, porque en más de un año y medio que lleva en vigencia la nueva ley, en la ciudad 132 personas han cumplido con el beneficio sustitutivo de los servicios comunitarios, siendo muy bien avaluado por Gendarmería de Chile y las instituciones aliadas sin fines de lucro que actualmente tiene un convenio vigente.

El jefe técnico del Centro de Reinserción Social de Calama, Roberto Araya, señaló que el proceso ha sido muy bueno, debido a que la mayoría de las personas que han optado por la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad han cumplido a cabalidad con lo señalado por el tribunal y con la supervisión de los funcionarios de la institución.

Aclarar que desde los tribunales calameños han emanado 882 sentencias para cumplir con la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad. De ese número sólo 39 corresponde a condenados por la Ley N° 20.603, los 843 restantes corresponden a personas que han cometido una falta o un delito menor y son sancionados con multas que se relacionan a la Ley N° 20.587.

"Los penados ligados a Ley N° 20.587, vienen con mucha horas de servicio comunitario. Cabe consignar que una UTM corresponde a 24 horas de trabajo, por ejemplo una persona que llega con 10 UTM tiene que trabajar 240 horas y una persona no puede trabajar más de 8 horas diarias, por lo que a veces se demoran hasta más de un año en cumplir con lo ordenado por el tribunal, ya que lo hacen fuera de su horario de su trabajo habitual", explicó Araya.

Delitos y Condenados

Las cifras de los principales delitos de los condenados que ya cumplieron o deberán cumplir con la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad en Calama hay 151 casos por hurto o falta, 27 por hurto simple, 20 por conducción en estado de ebriedad, 20 conducción en estado de ebriedad con daños, 108 por consumo de drogas en la vía pública, 42 por receptación, 39 por lesiones leves y 27 por riñas callejeras.

Una de las delegadas encargada de fiscalizar el cumplimento del servicio comunitario es Carla Cuña, quien sigue de cerca el trabajo que realizan las personas de forma individual, ya que las personas que controlan a las cuadrillas o grupo se les llaman supervisores en terreno. Este personal se encarga de ser el nexo entra la institución aliada y el Centro de Reinserción Social de Calama, además de verificar que no existan problemas durante el cumplimento de la pena.

"Hacemos las entrevistas para conocer las competencias, intereses y habilidades de estas persona, además evaluamos, siempre y cuando cuenten con un documento de respaldo, que se encuentran trabajando o estudiando para establecer horarios que no perjudiquen la educación o el trabajo de los penados", puntualizó Cuña.

El jefe técnico del Centro de Reinserción Social de Calama, enfatizó que "al penado se le dan las facilidades para que elijan los días y las horas en que pueden realizar las distintas tareas, además esto es optativo, por lo que las personas pueden desertar y cumplir la condena de forma efectiva en la cárcel y hay otros que pagan la multa con dinero en efectivo".

La supervisora en terreno, Karina Riveros, indicó que ha trabajado con distintas cuadrillas en Calama y Chiu Chiu, y la experiencia ha sido muy buena, debido a que los jóvenes con los que ha trabajado se han portado muy bien, además ellos tienen bien claro que cualquier infracción será notificada al tribunal correspondiente, pudiendo ir a la cárcel.

Aliados

Las instituciones aliadas sin fines de lucro son variadas, como el Hogar de Cristo, Juntas de Vecinos, el Regazo de Cristo, la Municipalidad de Calama y la Gobernación Provincial de El Loa, pero todas concuerdan que el convenio pactado ha sido muy beneficioso para todos, porque los penados cumplen su pago con la sociedad, las organizaciones suplen la falta de personal en algunas tareas y el Centro de Reinserción Social de Calama supervisa el cumplimiento de las diferentes labores.

Una de las supervisoras en terreno que está desde el principio en la fiscalización de la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad, Gloria Sobino, reveló que los primeros trabajos que se realizaron en Calama, fueron de limpieza en una junta de vecinos y luego se reunieron con otras instituciones que quisieran participar del proyecto hasta firmar los convenios de cooperación.

Al respecto, el gobernador de El Loa, Claudio Lagos, manifestó que "como entidad gubernamental creemos en la reinserción de los jóvenes y adultos aunque no sea fácil, y este convenio que tenemos con Gendarmería de Chile y el Centro de Reinserción Social de Calama, contribuye a que las personas que cometen faltas menos graves pueden hacer un trabajo comunitario y pagar el delito cometido siendo un real aporte a la sociedad".

Por su parte, el jefe del Subdepartamento de Seguridad Pública, Arturo Bruna, concuerda con la máxima autoridad provincial, pero agregó que "la experiencia ha sido muy buena, ya que nosotros hemos recibido a más de 50 beneficiarios, quienes han realizado un gran trabajo".

"El convenio que tenemos con Gendarmería y el Centro de Reinserción Social de Calama, contribuye a que las personas que cometen faltas menos graves pueden hacer un trabajo comunitario y pagar el delito cometido siendo un real aporte a la sociedad".

Claudio Lagos

Gobernador de El Loa

La Agrupación de Familiares y Detenidos Desaparecidos Políticos y Ejecutados Políticos de Calama (Afeddep), liderada por Violeta Berrios, reaccionaron con satisfacción tras conocer que el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos Sagristá, dictara sentencia en el proceso por la exhumación de restos de fusilados en la ciudad.

Por la acción delictual ocurrida en Calama, el ministro condenó a los miembros del Ejército en retiro Carlos Minoletti Arriagada, Julio Salazar Lantery y Luis Aracena Romo a penas de 5 años y un día de presidio como autores del delito de exhumación ilegal, cometido entre 1975 y 1976, por participar en la remoción de restos de ejecutados políticos, fusilados el 19 de octubre de 1973, en la cercanías del cerro Topáter, en le sector oriente de Calama.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la justicia, los imputados trasladaron a 26 hombres desde la cárcel de Calama hasta las un lugar conocido como la Quebrada del Buitre lugar donde fueron asesinados y enterrados en una fosa.

A fines de 1975 se determinó desenterrar los cadáveres, depositándolos en una bolsa para luego trasladarlos a otra fosa ubicada en el sector denominado Moctezuma y 15 días después los desenterraron para ser lanzados al mar por la Fuerza Aérea de Chile.

En el aspecto civil, se ordenó al Estado de Chile pagar una indemnización total de 20 millones de pesos a los familiares de las víctimas que realizaron la demanda.

Un verdadero drama familiar es el que está viviendo un matrimonio boliviano oriundo de Uyuni. La hija de ambos fue detenida el martes pasado en la localidad de Chiu Chiu en un procedimiento donde se incautaron 54 kilos de marihuana. El problema es aún mayor porque al momento de la detención, la imputada estaba en compañía de dos lactantes y una tercera se encontraba en Calama en un domicilio sola.

Desde la detención de la mujer, la Defensoría Local de Calama, a través de su facilitadora intercultural Marioli Lique se puso en contacto con el consulado boliviano, donde se inició el proceso de intermediación entre la detenida y su familia en Bolivia. Luego, ella fue trasladada a Tocopilla sometida a la medida cautelar de prisión preventiva y las dos hijas mayores, de uno y cuatro años respectivamente, por orden del Juzgado de Familia fueron enviadas a Iquique a un centro de atención a cargo del Sename.