La Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección que presentó un grupo de propietarios de locales de máquinas de juegos, más conocidos como "minicasinos", hecho que implica que se aceptó la solicitud de investigar los actos cometidos por el municipio para el cierre de estos recintos.

El abogado que representa a cinco comerciantes, Héctor Mella, dijo que con esto buscan demostrar que existe "un aprovechamiento de parte del alcalde, Esteban Velásquez, quien está trabajando con una ordenanza ilegal, por lo tanto, todos los actos que hayan nacido de ésta también lo son. Esto es lo que no quieren entender, por eso la corte nos da la razón en el recurso de protección".

Mella dijo que en el concejo municipal del 22 de junio los abogados del municipio reconocieron que hubo errores y que "la Contraloría les pidió que cambiaran la ordenanza; pero hay que dejar en claro que este organismo no pide favores, sino que ordena, porque esto era ilegal".

Agregó que ante la consulta de uno de los concejales, se reconoce que "nunca debieron haber clausurado los locales y revocado las patentes, porque era una ordenanza ilegal".

Ante esto, dijo que se pidió a la corte que solicitara este audio, "porque la municipalidad se niega a entregarlo, porque están reconociendo que cerraron los locales y los clausuraron estando con una ordenanza ilegal".

Objetivo

Respecto a las causas que el municipio tendría para cerrar estos locales, Mella dice que creen que es por intereses económicos y frente a esto están evaluando realizar una querella "para que se investigue si hay aportes del casino a la municipalidad fuera de lo que corresponde". En este marco, precisó que pedirán la investigación de los bienes de los abogados y del alcalde, porque les parece extraño que se cree una ordenanza para regular un comercio sin contar con las herramientas fehacientes para resguardar la postura asumida.

Explicó que los propietarios que representa tienen periciadas sus máquinas por un perito judicial de la Corte de Apelaciones, acreditando que son de habilidad y destreza, "sin embargo, el municipio no tiene ningún antecedente que diga lo contrario. Siempre se ha dicho que son ilegales pero no tienen un informe que realmente lo diga".

En tanto, Mella aseguró que la Superintendencia de Casinos de Juego también ha cometido errores, faltando a la veracidad de los hechos.

"El superintendente, Renato Hamel Maturana también faltó a la verdad y ahora está imputado. Presentamos una querella en su contra por mentir, por adulteración de instrumento público y otros delitos y el Juzgado de Garantía le dio curso. Tengo un informe que dice que las máquinas son ilegales porque las perició la Universidad Católica del Perú y nosotros le consultamos al rector y nos dice que las únicas máquinas que periciaron son de Talca. Hay una contradicción impresionante".

El pasado 23 de junio, el municipio procedió con el cierre de siete de estos locales porque estaban funcionando sin las patentes comerciales correspondiente, las que no fueron renovadas en 2013, cuando constataron que poseían máquinas de juegos al azar, lo que es una ilegalidad.

En su momento, el alcalde Esteban Velásquez precisó que no sería vendido, sino que en colaboración con la empresa privada se haría una remodelación del histórico parque, incluyendo más juegos, árboles y sombreaderos.

Siete días cumplen hoy las cuatro mujeres que se mantienen en huelga de hambre para exigir que el municipio pueda acceder a su petición de entregar permisos provisorios para trabajar en la feria de Las Pulgas y dejar de estar ilegales.

La secretaria y vocera del sindicato Nueva Feria de Las Pulgas, Melissa Castillo, comentó que las trabajadoras están bien, considerando los días que llevan sin ingerir alimentos y están siendo monitoreadas constantemente para resguardar su salud.

En tanto, dijo que no han tenido ningún acercamiento con el municipio y seguirán con sus movilizaciones hasta que sean escuchadas. "La idea es que en estos días nos podamos reunir y conversar con las autoridades".

Castillo argumentó que además de los permisos provisorios, los 400 miembros que integran el sindicato esperan que el proyecto que presentaron pueda ser acogido y ejecutado, pues consideran que además de dar orden a esta feria, permitiría un mayor control y fiscalización.

"Nos dieron a entender que se estaba haciendo la tramitación de los terrenos, pero lo que ocurre es que puede que salga en uno o dos años y la gente seguirá trabajando, pero ilegalmente. Nosotros solicitamos estos permisos provisorios hasta que se concrete el proyecto", preció.

Dijo que la iniciativa se la plantearon al alcalde, Esteban Velásquez, y al departamento de Inspección, "se hicieron reuniones con ellos. Incluso hubo una que participó el jefe de Inspección y nos dijeron que nuestro proyecto estaba ideal para trabajar como corresponde".

En este sentido, la representante de los feriantes manifestó que este proyecto no sólo permitiría liberar las calles que cada fin de semana son ocupadas por los feriantes, sino que también ayudaría al municipio y a Carabineros a realizar sus fiscalizaciones de manera más eficiente y ordenada. "La única manera es tener un lugar estable para que no exista una cantidad de gente tan grande para fiscalizar, porque estamos hablando que el sábado comienza en Cobija y termina en Hurtado de Mendoza, considerando lo legal, pues hay calles transversales".

Una veintena de loínos se reunió el mediodía de ayer en las inmediaciones del parque Manuel Rodríguez para exigir que se esclarezca la real situación de este recinto y que vuelva a su distribución original.

Uno de los manifestantes, Juan Pablo Oyanedel, precisó que la entrega de este parque a manos de privados fue de manera arbitraria y sin la autorización del concejo, siendo "que este lugar es de todos los niños y de los calameños".

Agregó que con este tipo de manifestaciones buscan que el alcalde, Esteban Velásquez, transparente el arreglo que hizo con la firma que construye los departamentos en el sitio colindante. "Queremos saber qué pasa, porque nos quitó nuestro parque, está pasando por sobre el concejo y la molestia de la ciudadanía se está notando".

Por su parte, la concejal Isolina Molina, enfatizó que la lucha es que el parque vuelva a su condición original, "no queremos que este lugar sea permutado con privados y que los juegos hayan sido trasladados a un rincón donde ni siquiera llega el sol".

Aseveró que como miembro del concejo nunca tuvo acceso a información del proceso de negociación o del acuerdo que se llegó con los privados, hecho que motivó a que "cinco concejales presentáramos una denuncia en contra del alcalde para que la Contraloría se pronuncie y si esto no es suficiente seguiremos a la corte y a las instancias que sean necesarias para que el parque sea devuelto".

Contó que a fines de julio ya deberían recibir el informe de la Contraloría respecto a este caso.