El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, se mostró "optimista" respecto de la mesa tripartita que el gremio sostendrá hoy y mañana con el ministerio de Educación y el Congreso para intentar solucionar el conflicto causado por el proyecto de carrera docente, y dijo confiar en la "flexibilidad" que a su juicio ha mostrado la cartera de Adriana Delpiano en los últimos días.

"Confío en que prime la cordura sin descartar la movilización, la movilización siempre va a estar presente en nuestro accionar; que se busque una salida pensando en la carrera docente y en destrabar los conflictos. Y en eso estamos optimistas porque veo que hay muy buena disposición de la Comisión de Educación (...) y está también de parte del Gobierno una mayor flexibilidad", comentó el dirigente.

"Se están configurando las condiciones, se está configurando un cuadro que nos pueda permitir buscar una solución", agregó.

Las negociaciones comenzarán hoy a las 15.30 en el Congreso, jornada en que los docentes cumplen 36 días de paro.

Gajardo opinó que la ministra Delpiano ha entregado "una señal de diálogo y de flexibilidad", y dijo que "eso demuestra que la posición que ha levantado el colegio, del diálogo, es lo que corresponde en esta etapa, hay que agotar el diálogo. El diálogo no ha sido agotado lo suficiente, y en eso yo creo que se abre una ventanita, una luz, una posibilidad para destrabar esto y poder buscar soluciones".

Puntos "neurálgicos"

El titular del Magisterio ratificó que la solicitud de retiro de la iniciativa se mantiene y enfatizó que se debe "profundizar" la discusión de temas "neurálgicos" del proyecto, como la certificación docente.

"El ministerio en su proyecto ve que para avanzar en la carrera, para ir aumentando de grado en grado, tiene que darse una prueba disciplinaria de conocimientos, más un portafolio con módulos agregados. Lo que decimos nosotros es que debe ser a través de un mecanismo de evaluación docente modificada, cambiada a la que hoy día existe, unificada además, y que también se consideren en ese proceso los elementos colaborativos, la experiencia, el perfeccionamiento, lo pedagógico y el trabajo con la comunidad", explicó.

En una entrevista publicada ayer por El Mercurio, la ministra Delpiano admitió que el paro docente "es la situación más severa que enfrentamos" y que "la agenda inmediata (de Educación) está marcada" por esta movilización.

No obstante, señaló que se ha encontrado "una forma para avanzar para destrabar esto", en alusión a la mesa tripartita.

"Vamos a mejorar el proyecto en todo aquello que esté dentro de las posibilidades reales", comprometió.

El proyecto de carrera docente comenzó en abril a ser analizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

El texto busca que los profesores puedan ir ascendiendo en el ejercicio de su profesión, establecer mejores sueldos y aumentar las horas no lectivas, entre otros puntos.

En junio, la Comisión de Educación de la Cámara y el gremio de profesores alcanzó un acuerdo para introducir modificaciones a la moción. Entre otros consensos, se acordó flexibilizar las evaluaciones docentes.

Gajardo también hizo un llamado a que la dirigencia del Magisterio "se ponga a tono" con los objetivos que persigue el gremio, porque a su juicio "hay dirigentes que han usado esto como una tribuna para despegar el populismo, en que hay objetivos personales de por medio, hay otros sectores que se coordinan para derrotar al Gobierno". "Aquí lo importante es que nos coordinemos para sacar adelante la carrera docente que quiere el Magisterio, que quieren los profesores de Chile", aseveró.

Una extensa ronda de audiencias tendrán los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado a partir de hoy con el fin de estudiar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y aprobado en junio pasado por la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca modernizar el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo.

La norma, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, acaba de ingresar al Senado, por lo que los legisladores escucharán las opiniones de diversos actores relacionados con el fin de comenzar a votar la idea de legislar con la información necesaria.

Se espera que las exposiciones se desarrollen hoy desde las 10.00 hasta pasadas las 18.00 horas.

Los expositores

La discusión de la propuesta se realizará en las dependencias del ex Congreso Nacional en Santiago, hasta donde llegarán representantes del ministerio del Trabajo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Cada uno tendrá su tiempo para expresar los pros y contras del actual texto, considerando los cambios introducidos al mensaje en la Cámara Baja.

Por la tarde será el turno de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Confederación Minera de Chile y la Federación de Trabajadores del Cobre.

A ellos se sumarán la Federación Minera de Chile, la Cámara Nacional de Comercio, la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio y la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores del Comercio.

La reforma fue aprobada a mediados de junio por la Cámara de Diputados por 67 votos a favor, 43 en contra y una abstención.

En esa oportunidad, parlamentarios oficialistas dejaron constancia de temas que catalogaron como "pendientes", entre ellos avanzar en la negociación ramal, reajustar el piso mínimo por IPC y establecer gradualidad en la aplicación de los pactos de adaptabilidad.

Además de esas materias de discusión, otro de los puntos que han generado mayor discrepancia entre los dirigentes políticos y el mundo del trabajo es la extensión de los beneficios a trabajadores no sindicalizados.

Parlamentarios de oposición y dirigentes empresariales han criticado la iniciativa debido a que consideran que ésta tendría un efecto negativo en la generación de empleo y el crecimiento económico del país. En el oficialismo han rechazado esos cuestionamientos y acusado un "discurso del terror".