Marihuana y la búsqueda de una regulación efectiva y clara
Objetivo. El proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara Baja regula cuánto se puede cultivar, el proceso y separa a los menores de edad, dándoles sólo la oportunidad de consumir con fines médicos.
A comienzos de este mes la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados remitió a sala el proyecto de ley que implica modificar el código sanitario y la Ley 20.000 que sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con el objetivo de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado, despenalizando su expendio y cultivo para fines medicinales.
Del total de parlamentarios presentes, 68 votaron a favor, 39 en contra y dos abstenciones, hecho que permitió evacuar este proyecto a la comisión del Senado, instancia en que nuevamente será analizado y luego se verá si es aprobado.
La diputada del Cuarto distrito, Marcela Hernando, quien además es miembro de la Comisión de Salud argumentó que para llegar al documento que hoy se está votando realizaron tres meses de audiencias, escuchando las posturas de distintas agrupaciones.
Dijo que lo que se logró es principalmente "permitir el autocultivo, porque hoy las personas pueden consumir, pero se ven obligadas a comprar al narcotráfico. La ley hoy permite consumir en lo personal, pero no dice de dónde y cómo comprar, favoreciendo el comercio ilegal".
Asimismo, aclaró que este autocultivo deberá ser autorizado y fiscalizado, pues se aprueba la plantación de seis plantas por personas y "alrededor de 500 gramos para el año". En el caso de haber varios adultos en una familia, dijo que "hay límites y estos los tiene que poner el Servicio Agrícola y Ganadero, porque si son varias personas superará cierto metraje permitido y se deberán registrar como asociación o grupo".
La parlamentaria recalcó que lo expuesto obedece exclusivamente a personas mayores de edad, quienes pueden consumir por el motivo que crean, pero para los menores "sólo se permite el uso medicinal, terapéutico, diagnosticado por un médico y prescrito por una receta controlada, que es la receta cheque de estupefacientes que tienen en control las respectivas seremis de Salud".
En cuanto a las versiones en contra que ha tenido este proyecto de ley, especialmente por parte de médicos especialistas, Hernando aseguró que está de acuerdo en que ninguna droga es inocua y que nadie está diciendo que la marihuana no sea peligrosa y sobre todo en menores de edad, "por eso cuando el proyecto de ley no decía nada de separar a los adultos y menores fui precisamente yo la que introdujo esa indicación, entonces hablo con bastante propiedad respecto a lo que me parece".
Agregó que a los menores de 18 años hay que hacerles lo más inaccesible posible y recetarla sólo en casos terapéuticos y en que el médico esté de acuerdo. "Sólo en esos casos encuentro que está justificado proporcionárselo a un menor".
En tanto, dijo que en cuanto a los mayores de 18 años, se supone que son adultos responsables que saben el daño que les ocasiona, de la misma manera como se consume alcohol, tabaco o cualquier otra sustancia que no es inocua.
Respecto a la responsabilidad del Estado en esta materia, Hernando explicó que como parlamento no pueden imponerles tareas, ni proponer leyes que generen algún gasto, pero sí realizar recomendaciones y en este caso es que se incluya un programa de prevención y educación potente. "Son varios los organismos que pueden trabajar en esto, no sólo Senda, sino también Educación, Salud y Vida Sana, entre otros".
Estudio
El lunes pasado el concejo municipal aprobó la entrega de 35 millones de pesos a la fundación Daya para formar parte del proyecto que busca beneficiar a cuatro mil pacientes que tienen enfermedades oncológicas, epilepsia refractaria y patologías conducentes a dolor crónico no oncológico.
En su oportunidad, la doctora y subdirectora del Cesfam Central, Constanza Urizar, explicó que en caso de Calama será exclusivamente para pacientes que estén en el programa de artrosis de los cuatros consultorios.
"Actualmente tenemos un promedio de 1.300 pacientes, pero el estudio es para 200, por lo que tendremos que hacer criterios de selección, viendo a aquellos que tengan un fuerte dolor y que poco control con los fármacos convencionales, es decir, personas con muchas dosis de derivados de la morfina", explicó la profesional.
Urizar comentó que la proyección es que el uso de cannabis medicinal "pueda ser un medicamento en el manejo de varias patologías. Este estudio durará un año a partir del segundo semestre de 2016".
Por su parte, la presidenta de la fundación Daya, Ana María Gazmuri, argumentó que están muy contentos con que el municipio de Calama decidió sumarse al proyecto, "porque creemos que van en la dirección correcta. La cannabis medicinal sabemos que va teniendo avances extraordinarios en el mundo y se va teniendo más información del tema".
Precisó que las instituciones que lideran el estudio clínico son el Instituto Nacional del Cáncer, el hospital San Borja Arriarán y el de Las Higueras en Talcahuano, además de las universidades de Talca, cooperando a través del área agrícola y la de Valparaíso, con su facultad de Química y Farmacia y laboratorios Knop, "todo esto bajo el compromiso y apoyo del ministerio de Salud".
En tanto, el consumo de cannabis será a través de un aceite que se ingiere en gotas. Los pacientes serán sometidos a un seguimiento para analizar los resultados.
Posturas
El facultativo precisó que en la actualidad pareciera que la marihuana es la panacea de la medicina y "en la práctica clínica pacientes bipolares graves, depresivos, con déficit atencional están usándola, porque dicen que sirve para todo, pero realmente no sabemos el impacto que tendrá esto en la salud de la población chilena".
También comentó que la marihuana que muchas personas consumen no es nativa, siendo manipulada genéticamente, "subiendo el nivel de THC de un 0.4% a un 25%, sabiendo que de un 10% ya es tóxico y produce cuadros parapsiquiátricos".
En tanto, Gazmuri comentó que su perspectiva es defender y proteger la salud de las personas, sus libertades y derechos a acceder a aquello que les permita obtener un mejor bienestar y salud en sus vidas.
"Consideramos muy importante reformar la actual política de droga, porque actualmente se permite el uso de cannabis sin distinción de edad, no se sanciona". Además aseveró que es necesario regular algo que ya está permitido y "facilitar el acceso a cannabis medicinal, porque en la actualidad es legal y permitido, pero no implica que las personas puedan acceder a ello".
En cuanto a la postura de los médicos, dijo que no existe ninguna sustancia que sea inocua, lícita o no, "la sal, el azúcar, el alcohol, el café y el tabaco no son inocuos. Todo depende de cómo se consuma, por eso es importante la educación y el acceso a la información, para que la gente que decide incorporarla a su vida por la razón que sea sepan cómo consumirla de la manera más segura posible".
También dijo que aseverar que con esta modificación de la ley habrá más consumo es "tapar el sol con un dedo, el problema es que hoy si hay consumo, es una realidad que existe y debe ser mirada. El deber es cómo generamos las condiciones para que ese consumo sea lo menos riesgoso".
Esta ley sustituyó a la 19.366, sancionando el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. En su artículo 1 hace referencia a que serán castigados todos los que elaboren, fabriquen, trasformen, preparen o extraigan drogas que generen dependencia y graves consecuencias, que sin la debida autorización serán castigados. En el 8° explica que se sancionará a quien siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del tipo cannabis sin una autorización y en el 9° precisa que esta deberá ser entregada por el Servicio Agrícola y Ganadero. Mientras que en el 10° asegura que será sancionada la persona que teniendo permiso realice un uso ilícito de la cannabis o la deje abandonada en un lugar de fácil acceso.
35 millones de pesos
aprobó el concejo municipal de Calama para entregar a la fundación Daya, entidad que lidera el estudio del uso de cannabis medicinal.
200 pacientes
de Calama, que pertenezcan al programa de artrosis de la salud municipal, serán parte del estudio que llevará a cabo la fundación Daya.
20.000 es la ley
que podría ser modificada si se aprueba el proyecto de ley que ya pasó la tramitación de la Cámara de Diputados. Ahora falta que el Senado la vote.