Descentralización sería la clave de una buena nueva Constitución
autonomía. Políticos manifestaron su posturas frente al Proceso Constituyente que presentará la Presidenta Bachelet durante septiembre y que dará paso a un gran cambio
Las voces que solicitaban la renovación de la Constitución, que fue impuesta durante el Gobierno Militar en 1980, tomaron más fuerza durante las últimas elecciones presidenciales, en donde el llamado de varios candidatos apoyando la moción popular que incitaba a marcar "AC" (Asamblea Constituyente) en los votos, hoy da pasos a una potencial nueva carta magna.
Pero qué significa este cambio en la Ley neurálgica del país, la que define los lineamientos con que se dirigirá Chile y por supuesto Calama en el futuro.
El parlamentario independiente por la región de Antofagasta y miembro de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, explicó que este no es un acto simple y que existen vías para alcanzar este cambio, que a su juicio es sumamente necesario.
Una de ellas será presentada en septiembre por la Presidenta Michelle Bachelet, quien iniciará un "Proceso Constitutivo" que Araya espera sea acorde con el Chile del siglo XXI.
"El próximo año estaré presidiendo la Comisión de Constitución, por lo que seré partícipe de varios de estos procesos que son necesarios para eliminar de una buena vez esta Constitución nacida en dictadura. Sin embargo, esta renovación no puede tomarse a la ligera, sino que debe coincidir con la realidad y la necesidad de los ciudadanos", explicó.
Según su visión, tres lineamientos deberían ser la base de esta nueva Constitución, el primero es la de redefinir el rol del Estado, para que no sólo sea un ente que rige las normas que emanan del Parlamento, sino que asuma un papel más preponderante en el crecimiento de la población.
Otro eje, va por la línea de fortalecer el Parlamento, para que este asuma tareas mucho más decisivas en la institucionalidad nacional.
Finalmente, "será clave la redifinición de la propiedad, puesto que debe regularse necesariamente cómo se explotan los recursos hídricos y mineros en nuestro país", aseveró.
Asamblea constituyente
Uno de los políticos que desde hace varios años asumió un fuerte respaldo a una Asamblea Constituyente es Marco Enríquez-Ominami, quien solicitó con urgencia el cambio del documento base del país.
La principal figura del Partido Progresista destacó un informe sobre el anhelo de la comunidad nacional de realizar una reforma en la Constitución, el que indica que 7 de cada 10 chilenos quiere un cambio.
"El informe demuestra también que los chilenos y chilenas están molestos con la política, pero que sueñan desde 'lo político': 7 de cada 10 sienten que hay que cambiar totalmente la Constitución, y sienten también que el mejor mecanismo en democracia es el de la Asamblea. Para los chilenos y chilenas la demanda de cambio va más allá del malestar. El cambio va de la mano de los sueños", precisó el ex-candidato presidencial.
Explicó además, que no basta con el qué soñamos, sino también con el cómo soñamos. No basta con twittear o marchar. Hay que concretar. "Es tiempo de cambiar Chile. De encontrarnos para dejar de vivir juntos pero solos, como en las micros llenas, y empezar a vivir juntos-juntos. Son estos los tiempos para la Asamblea Constituyente. Son los tiempos de la politización", sentenció.
Por su parte, el diputado radical, Marcos Espinosa, manifestó que todo cambio constitucional debe realizarse con un consenso de la población, y que instaurar una nueva carta fundamental sería un trabajo de largo aliento.
"Necesitamos una amplia participación de los ciudadanos, para que ellos definan que tipo de sociedad quieren para los próximos años, dejando de lado el rol subsidiario que tiene el Estado en estos momentos y que pase a ser un benefactor, que no sólo administre los recursos económicos y los reparta en tajadas entre los chilenos, sino que repare en el crecimiento social y personal de cada uno de ellos", expresó el radical.
Además, ratificó la necesidad de apuntar a una regionalización de la administración de Chile, siendo uno de los elementos que dan cuenta de ello la instalación de intendentes electos en forma democrática. "La región necesita recursos permanentes y acumulables provenientes de la minería que aquí convive", dijo.
Calama
El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, también se mostró en reiteradas ocasiones muy dispuesto a apoyar una renovación constitucional, pero también manifiesta que uno de los grandes cambios que debe tener el nuevo documento redactado, será la consagración de los fondos estables para Calama, y que sean provenientes de la minería.
"Recursos permanentes para Calama y toda localidad que tenga producción minera, es la única forma de subsidiar y transformar a nuestra comuna en un lugar más amigable para su poblador, puesto que contaremos con los dineros para el desarrollo de proyectos que brinden calidad de vida para todos, dejar de ser una ciudad habitación", sentenció el edil.
Además, explicó que una buena medida para el desarrollo de localidades como esta es definición del rol de las municipalidades en los niveles de autonomía de sus decisiones.
Velásquez enfatizó en la necesidad en que el Estado tenga un rol que propicie el desarrollo de sus ciudadanos por medio de apoyos reales y no asistenciales, que genere instancias en que un microempresario pueda dar un salto en su negocio, que un trabajador pueda aspirar a una pensión digna en base a su trabajo y no a un sistema mezquino, entre otras medidas.
El senador manifestó que la clave para el desarrollo de localidades como Calama, también pasa por una renovación de la Constitución que apunte a descentralizar la gobernabilidad del país, que las regiones tengan mayores atribuciones sobre sus presupuestos y se redefina la llegada de los mismos. Asimismo, debe ocurrir con las municipalidades, como es el caso de Calama, San Pedro y Ollagüe, que enfrentan realidades muy dispares entre sí y sobre todo con el resto del país. Se debe preservar también el buen manejo de los recursos minerales e hídricos que en este territorio son tan importantes para su realidad social, cultural y étnica, la nueva Constitución debe consagrar el desarrollo de la provincia El Loa.
Una vez iniciados los debates, tendremos la importante oportunidad de manifestar las necesidades que tiene Calama para su futuro. Debemos garantizar que una parte de los recursos que se generan en la zona permanezcan en el territorio en que se produjeron. Esto no se debe aplicar sólo a Calama, sino que también a otras localidades como Tocopilla, San Pedro de Atacama y así, buscar el desarrollo y autonomía de aquellas comunas que están un poco más atrasadas en este ámbito.
Frente a la politización, se reunirán las fuerzas de la despolitización, aquellas que llamarán a limitar el debate, a volver a "la democracia de los acuerdos", los que van a intentar frenar los cambios y las reformas vendiendo el opio de adelantar las elecciones parlamentarias, y sembrando nuevamente el miedo del fin de los tiempos. Pero, en los tiempos de la politización, "pretender controlar el proceso de manera arbitraria y preconcebida se vuelve difícil"… yo diría aún más: se vuelve inútil.
Para garantizar el desarrollo de la comuna, una vez que se terminen los recursos provenientes de la explotación de minerales, se debe apostar por otras vías de desarrollo, pero eso no está ocurriendo en Calama. Sería excelente para nuestra comunidad apostar por el desarrollo de tecnologías, el turismo, la educación, para mantener viva una ciudad que es vista sólo como un dormitorio para el resto del país, pero que cada día está entregando los recursos para impulsar buena parte de los proyectos que se ejecutan desde Arica hasta Punta Arenas. De todo eso, el Estado no se puede volver a olvidar.
En 2005 durante el
gobierno del presidente Ricardo Lagos se realizó la fundición del texto coordinado y sistematizado de la Constitución Política de Chile.
70% de los chilenos
que participaron en el estudio de ME-O solicitaron una renovación total de la carta magna que dirige la institucionalidad del país.
2/3 partes
de los parlamentarios deben aprobar algunas de las modificaciones a las que se somete la Constitución, pero existen casos como el Binominal en que se requirió un consenso de 4/7 partes.