H ace algunas semanas el abogado Jaime Gajardo -quien trabajara en la Municipalidad de Calama por cerca de dos años- presentó su libro "Derecho y Multiculturalismo", texto en el cual el profesional aborda la mirada ausente que ha tenido la legalidad en Chile y su relación con los pueblos originarios del país.
En esta investigación su autor presenta antecedentes y una exploración acerca de esta casi inexistente relación que no sólo advierte el abogado, sino que además es visualizada por distintos actores del mundo indígena presentes en la provincia de El Loa y que abordan su mirada con respecto a que sean reconocidos y fortalecidos dentro de la Constitución Política de la República de Chile.
Para el consejero de los pueblos indígenas Wilson Reyes, "hoy existe un tema pendiente, una deuda con los pueblos originarios de Chile por tratar y garantizar derechos consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Porque si bien el país se ha hecho parte de esta convención, sus principales aspectos jurídicos y también en relación a los derechos no se aplican efectivamente como supuestamente están establecidos en este cuerpo legal y que en Chile ni siquiera se respetan", explica el dirigente.
LA PATA COJA
Dentro de la reflexión hecha por el consejero indígena aparece el argumento de "que existe una gran mesa dentro del tema indígena que siempre tiene una pata coja. Esto lo explico argumentando que existen muy buenas intenciones y también discursos, pero en la práctica a los pueblos originarios no se les toma en cuenta. Se discuten leyes, mejoras y también se levantan discursos con una mirada de reconocimiento. Pero en la práctica los pueblos originarios siguen sin tener participación alguna, y menos aún alguna injerencia dentro de temas relevantes y transversales que nos aquejan", explica Wilson Reyes.
Para el abogado y autor de esta investigación válida para su postgrado en la Universidad de Chile, Jaime Gajardo, "el tema no deja de ser interesante porque efectivamente el derecho aún no reconoce en su carta magna a los pueblos originarios, y que es uno de los argumentos esenciales del Convenio 169, pero que creo podrá cambiar y presentará también avances en el futuro", comenta el profesional.
Dentro de esta última línea Jaime Gajardo también agrega que "la Consulta Indígena es una prueba de la relevancia que ha comenzado a tener en Chile el que precisamente se reconozca, se valide y se proteja a los pueblos originarios desde el derecho y a través de la aplicación de un instrumento que permita precisamente modificar la Constitución, y hacerlo con parámetros y también variables reales -y siempre perfectibles- de lo que en esta materia se necesita", explica.
TEMA PENDIENTE
En la década recién pasada aumentaron o se hicieron más visibles en el espacio público las demandas y reclamaciones de los pueblos indígenas, lo que podría sugerir que, a lo menos en algunos países de la región, ha emergido un nuevo actor social y en algunos casos, un nuevo actor político que desafía a las formas tradicionales de hacer política. Este hecho es relevante para el conjunto de las sociedades latinoamericanas y para el futuro de sus democracias, porque plantea el desafío de repensar la comunidad política y los mecanismos de inclusión ciudadana en que hasta ahora se han basado los modelos de sociedad.
Consciente de esto el consejero indígena Wilson Reyes plantea "que hoy se hace imperante que el mundo indígena esté presente en las decisiones que le competen y con una mirada abierta a las distintas naciones que están presentes en Chile. En nuestro caso entendemos que primero debemos unirnos. Hoy existen muchas divisiones entre las áreas de Desarrollo Indígenas de Atacama La Grande y la Corporación de Pueblos Originarios del Alto Loa, porque ante todo debemos replantearnos nuestras relaciones para generar propuestas y una unión que haga de nuestra mirada algo fuerte y representativo", plantea el dirigente como una autocrítica dentro de la realidad que pretenden cambiar.
Pese al intento de este medio de comunicación por conocer y detallar precisamente esta mirada reflexiva tanto los representantes del Consejo de Pueblos Atacameños y la Corporación de Pueblos Originarios del Alto Loa optaron por no referirse al tema, dejando de lado su importante visión sobre esta discusión que ha comenzado tomar relevancia no sólo en la provincia de El Loa, sino que a nivel país.
Quien si compartió su análisis sobre este tema fue el dirigente indígena atacameño urbano Esteban Araya. Para él "hoy hay pocas garantías que establezcan derechos constitucionales mientras no se deroguen los decretos 40 y 66, y que norman los aspectos que la Consulta Indígena precisamente no debiera regular y si garantizar como son: la participación y las aristas que conllevan los temas medioambientales que el 169 de por sí garantiza", explica.
Dentro de la actual discusión sobre el derecho y las garantías que podría ofrecer a los pueblos originarios Esteban Araya es tajante al mencionar que hoy el 169 no es aplicado por ningún organismo del Estado. Prueba de ello es que cada proyecto medio ambiental no cuenta ni tampoco es revisado por las comunidades originarias en donde se emplacen. Y eso lo vemos en toda la región", advierte.
Opinión compartida por el Wilson Reyes, quien es parte del Consejo Consultor del Servicio de Evaluación Ambiental y que expresa "que no se están cumpliendo con las consultas y también la participación que demandan pueblos originarios en la región y las comunas donde habitan éstos", dice enfático.
DESAFÍOS
Este análisis y también el hecho que textos como el escrito por el abogado Jaime Gajardo levanten una discusión necesaria en el país también generan desafíos al interior de las comunidades originarias. "Uno de ellos es la organización y el fortalecer las relaciones de los pueblos del Alto Loa y Atacama La Grande, así también incluir a los indígenas urbanos que también tienen algo que decir y aportar dentro de esta discusión. Ha llegado el momento de forjar acuerdos sin separaciones", dice Wilson Reyes.
En tanto para Esteban Araya "esta discusión no sólo es necesaria sino que vital , pero para ello y en el caso de los indígenas urbanos, éstos deben garantizar respeto no a la línea familiar indígena, esta debe ser territorial, y que efectivamente genere una postura clara -sin concesiones ni acuerdos entre clanes-, que favorezca y fortalezca los derechos de todos", puntualiza.
Para Jaime Gajardo el levantar esta discusión trae consigo una serie de oportunidades "que acercarán al derecho y su aplicación a temas de relevancia para los pueblos indígenas. Ejemplos positivos de ello tenemos el caso de Bolivia, y que en su contexto y dimensión ha realizado cosas muy interesantes dentro de una realidad específica, y del cual podríamos aprender bastante y aplicar medidas dentro de nuestra legalidad. Pero copiar no es la solución, se debe entender que en Chile sólo el 10 por ciento de la población total es indígena, que nuestros pueblos son diferentes y que necesitan un contexto legal especial y único, como lo son sus características esenciales y que se deben proteger", comenta ante un fenómeno que ha comenzado a cobrar relevancia en los pueblos originarios de Chile, y que en la provincia de El Loa también genera análisis y despierta un creciente interés por discutir en la relación derecho y multiculturalidad.
"Ha habido una evolución en el derecho y en la discusión pública acerca de este tema. Y prueba de ello es que está presente dentro del programa de la Presidenta Michelle Bachelet".
Jaime Gajardo
Abogado
Un argumento muy presente en los principales actores indígenas es que en Chile se reconozca como "nación pluricultural", y que esta condición sea garantizada en la Constitución Política de la República, como garante de sus derechos y también de sus tradiciones al igual que en Bolivia. Además, concuerdan en que hoy el derecho debe acercarse a este tema y que genere vías y herramientas reales de representación y autonomía a las distintas naciones indígenas.