El dirigente opositor venezolano Leopoldo López enfrentaba ayer la última audiencia de su juicio, que horas antes de su inicio desató fuertes tensiones y algunos choques entre manifestantes opositores y seguidores del Gobierno en los alrededores del edificio de tribunales en el centro de Caracas.

Un activista del partido de López, Voluntad Popular, murió en medio de los enfrentamientos.

La tensión comenzó cuando arribó al lugar Lilian Tintori, esposa de López, lo que agitó los ánimos de algunos de los presentes que comenzaron a lanzar botellas, envases plásticos, palos y cartones, contra el grupo que la acompañaba. En medio de la trifulca, al menos dos mujeres resultaron heridas, según AP.

Poco después, un grupo de simpatizantes del Gobierno quemó en medio de la vía algunas banderas de Voluntad Popular y afiches con el rostro de López.

Decenas de guardias nacionales y policías, algunos de ellos con equipos antimotines, bloquearon con rejas y camiones todos los accesos hacia los tribunales.

En algunos momentos se dieron enfrentamientos verbales entre opositores, que al grito de "liberen a Leopoldo", confrontaron a decenas de simpatizantes del Gobierno que pedían la condena del opositor mientras vociferaban "Leopoldo, fascista, asesino, terrorista".

El momento más tenso se vivió cuando el partido de López denunció la muerte de uno de sus activistas en medio de los enfrentamientos. Horacio Blanco, de 66 años, llegó a un hospital de la ciudad sin signos vitales.

Si bien los médicos indicaron que la causa de muerte se determinará una vez que se practique la autopsia, dirigentes de Voluntad Popular reportaron que Blanco sufrió un infarto. Opositores denunciaron que el hombre había sido agredido. El tribunal que lleva el caso de López reanudó ayer la audiencia final.

Mabel González / Agencias

Diputados de los cuatro más importantes partidos de la oposición brasileña conformaron ayer un "movimiento" en favor de un juicio político con fines de destitución contra la Presidenta Dilma Rousseff, que desde hace meses enfrenta una grave crisis política y económica.

"La finalidad de este movimiento es iniciar un amplio proceso de convencimiento en el Parlamento y la sociedad, sobre la necesidad de que se tomen medidas concretas contra este Gobierno", declaró el diputado Carlos Sampaio, al anunciar la decisión de ese grupo.

A la iniciativa se sumaron diputados de los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Solidaridad (SD) y Demócratas (DEM), que esperan contar hasta con el apoyo de muchos parlamentarios de la base oficialista, también descontentos con la gestión de Rousseff.

El grupo fue bautizado como "Movimiento Pro-Impeachment", por el nombre de la figura del derecho anglosajón que se usa en Brasil para definir la destitución de un Jefe de Estado, y anunció desde ya su apoyo a una docena de pedidos de juicio político contra Rousseff que han sido presentados al Congreso por pequeños grupos sociales.

Sampaio, del PSDB, dijo que los diputados de ese movimiento están convencidos de que existen razones políticas y jurídicas para que un eventual juicio contra Rousseff vaya adelante.

Citó la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que tiene como principal implicado al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y también unas maniobras irregulares que el Gobierno hizo para maquillar su resultado fiscal del año pasado.

Asimismo, mencionó sospechas de que el dinero de la corrupción petrolera sirvió también para alimentar las finanzas de la campaña que el año pasado llevó a la reelección de Rousseff.