Redacción
Luego de 30 meses que un grupo de ciudadanos se tomara el terreno colindante al polideportivo, en calle Frei Bonn, el municipio procedió a interponer una demanda civil contra todas aquellas personas que permanecen en el sitio, con el objetivo de realizar un desalojo, utilizando la fuerza pública de ser necesario.
La acción judicial se llevó a cabo en el Primer Juzgado de Letras en lo civil de Calama y fue el resultado de cerca de seis meses de trabajo del departamento Jurídico, el que debió identificar los límites del terreno que le pertenecía al municipio y a Bienes Nacionales, información que se desconocía.
Esta demanda de "precario" obliga al municipio a hacer tres publicaciones en medio de comunicación para que los demandados tomen conocimiento y puedan iniciar sus respectivas acciones.
"Son muchas las personas que están ahí, las que han ido variando con los años, por lo que se demandó contra quienes resulten responsables. Esperamos que esto (demanda) tenga buena acogida por parte de tribunales, aunque la primera señal fue declararla admisible, por lo que esperamos que se den por notificados a partir del 16 de septiembre", explicó el abogado municipal Carlos Ávalos.
Dijo que como equipo jurídico están preparados para lo que se venga, "es un juicio, en el que pedimos se restituya el inmueble", agregando que llegarán "hasta las últimas consecuencias, es decir, que se dicte sentencia y si es posible con la fuerza pública para lograr el desalojo".
Frente a esta acción, el alcalde Esteban Velásquez, precisó que le están haciendo el trabajo al gobierno provincial, estamento que debía haber realizado el desalojo en el tiempo debido.
"Hemos tenido que llegar a esto, a los tribunales para no dejar ninguna arista abierta, de que el municipio no hizo algo. El gobierno provincial no asumió lo que correspondía y por eso hemos presentado la denuncia. Hicimos el estudio técnico porque Bienes Nacionales no nos dijo qué era lo nuestro", aseveró Velásquez.
Enfatizó que la gobernación no quiso asumir el desalojo por un costo político, pero que con esta acción ejercen "la autoridad que no hizo el gobierno provincial, ni antes, ni ahora. Hemos tenido que hacer su trabajo".
En contra posición, el gobernador de El Loa, Claudio Lagos, aclaró que estaban atados de manos, porque tanto el Consejo de Defensa del Estado como los tribunales de justicia habían ordenado que el municipio actuara en la recuperación de su terreno.
"Este era el camino y afortunadamente el municipio lo entendió, un poco tardío, hubiese sido ideal hacerlo antes, pero lo importante es que van en la línea correcta, lo que ya había indicado el Consejo de Defensa del Estado y los tribunales", agregó la autoridad.
A diferencia del municipio, Lagos precisó que esperan llegar a un buen acuerdo con estas personas y cuando se realice el desalojo, desarrollarlo de la manera más pacífica posible. "Esperamos que no sea un tema que complique a todos, sino que sea pactado, conversado y donde se entienda que a las personas que realmente lo requieran se les dará solución".
Concejo
Este tema fue abordado en el concejo municipal de ayer, generando una fuerte discusión entre los ediles, ya que algunos criticaron la tardanza con la que ha actuado el municipio.
Esta postura la demostró José Astudillo, quien argumentó que el año pasado se asesoró por un abogado, quien "manifestó la existencia del recurso precario, que era posible utilizarlo si la gobernación no quería desalojar, pero el municipio no lo hacía. Ahora bienvenido sea, pero es una acción tardía". Tampoco compartió el desconocer la propiedad del terreno, "es como si un dueño de casa no sepa si el antejardín o el patio es suyo".
En tanto, Darío Quiroga dijo que más allá de criticar el tiempo que ha pasado, apoya la medida, pues la catalogó de correcta.
"El municipio tiene que asumir el liderazgo que le corresponde en recuperar ese terreno. Este sitio está siendo ocupado de manera irregular, donde el Estado no funciona", subrayó.
Quiroga agregó que en este tema "cada uno que saque sus lecciones, pero en este minuto creo que hay que unirse, hacer lo que por ley nos corresponde y es cuidar el patrimonio municipal".