Durante la mañana de ayer se realizó la Toma de Razón en la Contraloría General de la República, para así confirmar la empresa que se adjudicó la licitación para retomar las obras del nuevo Hospital de Calama. El trámite fue realizado por el por el propio intendente Valentín Volta y el director del Servicio de Salud, Zamir Nayar.

Con esta acción se pone en marcha el compromiso de comenzar las obras de término del Hospital en noviembre de este año, si es que la Contraloría no cuestiona algún aspecto de la licitación que fue adjudicada por 55 mil millones de pesos a la única empresa postulante.

"Hemos canalizado todos los esfuerzos en reanudar las obras del Hospital de Calama, al cual le queda sólo aproximadamente un 40% por terminar, por lo tanto esta Toma de Razón nos tiene muy contentos", comentó el intendente Volta.

Dijo que entregaron todos los antecedentes que dieron paso a la adjudicación y así asegurar que en los próximos meses "entregaremos la faena y comencemos a retomar las obras para concluirlas dentro del Gobierno de la Presidenta Bachelet, ya que es un compromiso adquirido", dijo Volta.

Financiamiento

Según explicó Nayar, la oferta de licitación inicial, que tenía un costo menor al adjudicado, son valores referenciales, "por ello se estimaba dicha cifra, pero el oferente justificó y ofertó lo que a ellos les parece que cuesta el término de las obras del Hospital, por lo tanto nosotros hicimos un análisis técnico si esto se ajustaba a derecho, lo que se cumplió. Y por esta razón hicimos la petición a nivel central de los 12 mil millones de pesos extraordinarios, los cuales fueron aceptados y asegurados, por lo tanto no tendremos problemas con el financiamiento", agregó.

Las obras fueron adjudicadas a la empresa Constructora San José Chile S.A. Agencia en Chile, la que actuó como representante del grupo licitante que está compuesto por dos empresas más.

Aprensiones

Frente al financiamiento el concejal, Darío Quiroga, manifestó sus aprensiones a raíz de la contracción económica y la priorización de las necesidades del Gobierno actual.

"Me preocupa el colapso de la ejecución presupuestaria de las inversiones en infraestructura del Ministerio de Salud, ya que hasta julio estaba por debajo del 13%, por lo tanto esos miles de millones de pesos se recortarían por la Dirección de Presupuesto", dijo el concejal.

Agregó que "hay que cruzar los dedos para que resulte todo bien en la Toma de Razón y que finalmente comiencen la sobras en noviembre".

Pablo Orellana G.

Pese a que sólo el 5 por ciento de los delitos registrados en la provincia de El Loa son cometidos por ciudadanos extranjeros -según cifras policiales- el gobierno ha comenzado a estrechar lazos de colaboración para depurar el ingreso de éstos a Chile y en especial a Calama.

Básicamente se trata de una iniciativa de coordinación con las policías de vecinos países que pretende restringir el ingreso a Calama - y otras latitudes nacionales- a través de listas con nombres de ciudadanos extranjeros en las que se incluyen antecedentes penales y su historial delictivo en sus naciones de origen.

Según confirmó el gobernador provincial Claudio Lagos, "desde enero pasado comenzaron a depurarse los controles y convenios internacionales. La Policía de Investigaciones en nuestro caso, ya cuenta con el listado de extranjeros que presentan problemas y prontuarios y no deberían ingresar al país, ni a la ciudad", dijo la autoridad política sobre esta medida aplicada a nivel sudamericano.

Problemas

Sin embargo una de estas coordinaciones había sido postergada, generando algunos problemas "como fue en el caso de la policía colombiana con los cuales no teníamos los datos efectivos, pero que a comienzos de este año comenzó a corregirse", agregó Lagos.

Aclaró que "en este lapso de tiempo pudieron haber llegado hasta la zona ciudadanos colombianos que no debiesen haber ingresado, pero era básicamente porque no se contaba con la información para ello".

Un dato entregado por el Departamento de Extranjería de la gobernación provincial de El Loa da cuenta que a la fecha y por concepto de expulsiones de carácter judicial, se han expulsado desde Calama a 90 ciudadanos extranjeros siendo bolivianos (72), peruanos (1) y colombianos (11) los que han debido dejar Calama, básicamente por transgredir la Ley 20.000 de Drogas.

Por contraparte las expulsiones administrativas (por falta de documentación, cese de visas y residencias ilegales) se han deportado de Calama a sólo 7 personas lideradas por tres ciudadanos bolivianos, dos peruanos y tan sólo un colombiano, "y que obviamente podrían ser muchos más porque escapan al control y las medidas necesarias que establece la ley para su permanencia en el país", explicó el gobernador Claudio Lagos.

"Como política de acción hemos tomado la decisión de que cualquier extranjero que cometa algún delito o ilícito será expulsado de inmediato del país. Y sólo en el caso de un delito de mayor connotación se evaluará si éste debe o no pagar con cárcel en nuestro país", precisó la autoridad provincial sobre hecho en los que hay resultado de muerte.

El gobernador reiteró que "lamentablemente nuestra región tienen un gran número de pasos no habilitados por los que transitan e ingresan ciudadanos extranjeros al país, y que evaden controles y las medidas propias que garanticen el correcto ingreso a Chile y ante eso los controles en la ciudad son claves para detectarlos", dijo Lagos.

90 ciudadanos extranjeros han sido deportados bajo medidas judiciales en lo que va de enero a la fecha.

Ley 20.000 y su infracción es la principal causa de expulsiones de ciudadanos extranjeros desde Calama.

72 bolivianos han sido deportados de la ciudad sólo por concepto de "expulsiones judiciales".