La ministra de Educación, Adriana Delpiano, enfatizó ayer que la adhesión a la gratuidad el próximo año no es obligatoria y que cada institución de educación superior deberá evaluar "sus propias condiciones" para sumarse a esta nueva política.

El convenio para suscribir a la gratuidad a contar de 2016, que beneficiará a más de 200 mil estudiantes, debe ser firmado antes del próximo 22 de diciembre, cuando finalmente se sabrá cuántas instituciones se sumarán.

"Cada institución tiene que evaluar cuáles son sus condiciones y posibilidades; no es obligatorio", comentó ayer la titular de Educación tras exponer en la cuarta subcomisión especial mixta de Presupuestos en el Congreso, en la que también participaron rectores para evaluar la partida que financiará la gratuidad en 2016.

Delpiano valoró que la mayor parte de las universidades estatales ya han confirmado que se sumarán al proceso, lo que "nos alegra mucho, pero efectivamente los costos que tiene una universidad depende mucho de cuánto tiene cargado en el arancel otras acciones de la universidad y en eso las universidades tienen grado importante de autonomía".

Los dichos de la ministra de Educación llegan luego de que el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, reiterara que el plantel no se sumará a la gratuidad si el Gobierno no modifica los criterios para el beneficio, porque según argumentó, vulneran la autonomía de las instituciones.

"A nadie se le está obligando ni interviniendo su autonomía universitaria", argumentó la secretaria de Estado durante su intervención.

Por su parte, el rector de la Universidad de Santiago (USACH), Juan Manuel Zolezzi, realizó un llamado a "desdramatizar" el debate. "Lo que está pasando aquí es, simplemente, un reemplazo de cambiar, por decirlo así, de un beneficio por algo que llamamos un derecho y que a mí me gusta y con el cual he solidarizado siempre", afirmó.