Quince días cumple hoy la paralización de los funcionarios del Registro Civil e Identificación y hasta el momento el escenario sigue en punto muerto, pues tras una declaración pública el Gobierno aseguró que nunca han existido compromisos posteriores, postura que es rechazada por los dirigentes quienes argumentan que llevan dos años en negociaciones.

El secretario regional de la asociación de funcionarios del Registro Civil, Luis Rodríguez, comentó que "mientras no exista algo seguiremos movilizados", actitud que es apoyada por quienes se desempeñan en la delegación El Loa.

Labor

A pesar que la paralización ha afectado a un número considerable de ciudadanos, en Calama se atienden alrededor de 150 personas al día, a quienes se les trata de resolver su problema o se le direcciona hacia otra solución.

"Hacemos un filtro en la mañana para detectar los casos más urgentes, por ejemplo en las cédulas de identidad hemos atendido por hospitalización, finiquito y viaje, este último con pasajes en mano", explicó.

Asimismo, comentó que todas las defunciones están siendo inscritas y los recién nacidos también para que no existan problemas en sus primeras atenciones.

"En este último caso deben haber nacido en los días recientes, porque si viene un padre que su hijo es de los primeros días del mes no lo atenderemos", dijo Rodríguez.

Además de la atención de público, el dirigente aseguró que los funcionarios siguen cumpliendo con sus horarios y con labores administrativas, como por ejemplo la recaudación y depósitos de los dineros de los trámites realizados.

"También estamos ordenando los archivadores y antes del paro se pidió autorización para la destrucción de documentación antigua, lo que está en proceso. Hay un funcionario que es ministro de fe, por lo que debe hacer las actas. Al final igual estamos trabajando", contó Rodríguez.

Ayer se conformó el consejo comunal de Seguridad Pública por distintas autoridades de Calama, tanto municipales, gubernamentales como uniformadas y judiciales, para trabajar en conjunto en un plan de seguridad, que permita establecer un cronograma de trabajo en los próximos tres años en esta materia, pero además en generar lazos entre ellos.

En la reunión estuvieron presentes el alcalde, Esteban Velásquez, el gobernador, Claudio Lagos, además de las más altas autoridades de Carabineros, PDI, Gendarmería, Fiscalía y representantes del concejo municipal y del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoci), entre otros.

Esta instancia era fundamental, ya que Calama fue incluida de manera extraordinaria en las ciudades que integraban el plan comuna segura, programa que permite recibir una cierta cantidad de dinero para resolver instancias que permitan combatir la delincuencia. En el caso local, se recibirán 566 millones de pesos para ser invertidos en los próximos tres años.

El gobernador de El Loa, Claudio Lagos, comentó que esto responde a la mirada estratégica que pone de manifiesto la Presidenta Michelle Bachelet, en la que se establece que el espacio comunal es fundamental para la prevención del delito.

"Este consejo viene con dineros para invertir en términos de prevención. Es interesante lo que se puede hacer, pues si bien no se puede abarcar toda la problemática sí se pueden generar instancias de participación", agregó.

Por su parte, el concejal Darío Quiroga, quien integra este consejo junto a su par Isolina Molina, dijo que si bien este consejo tiene un mandato, que es desarrollar el plan comunal, también "tenemos las expectativas de generar un interrelación mucho más fluida entre los distintos actores".

Cabildo

Por otra parte, el martes se realizó el segundo cabildo por la Seguridad y la Convivencia, iniciativa que tuvo como invitado principal al prefecto de Carabineros, coronel Jorge Tobar, quien hizo una extensa presentación de la labor que realiza la institución en Calama.

El término del cabildo estuvo marcado por una actividad colectiva en que los dirigentes sugirieron iniciativas sencillas que pueden se realizar para apoyar a los uniformados y otras que tienen que ver con el rol de otras instituciones. "Fue una muy buena jornada", calificó el concejal Quiroga, organizador de la iniciativa.

Johanna González G.

Dudas y cierto rechazo causó en el Movimiento Ciudadano por la Asamblea Constituyente el discurso entregado por la Presidenta Michelle Bachelet en cuanto al camino que se deberá recorrer para tener una nueva Carta Magna, pues están convencidos que no debe ser por la vía de la institucionalidad sino por un plebiscito.

El vocero de este movimiento en Calama, Daniel Ramírez, precisó que si bien se alaba que exista un camino y se le dé relevancia a la educación cívica, "nos complica que este tema se termine analizando por la vía institucional".

Detalló que como movimiento, que tiene adherentes a nivel nacional, lo que buscan es que exista una asamblea conformada por personas que sean elegidas por la ciudadanía, "por las juntas de vecinos, los partidos, las religiones, todo lo que congregue a las bases, a la gente común y corriente".

Dijo que esto es necesario porque son precisamente esas bases las que saben qué es lo necesario en salud, educación, en el sistema de AFP e "incluso en el tema de la propiedad de los recursos naturales, que son la soberanía del pueblo".

Precisó que una vez que se tenga la opinión de las bases para formar la carta fundamental es necesario hacerla aprobar por un plebiscito.

"La vía que presenta la Presidenta es la de expertos que van a recorrer Chile, haciendo educación cívica, van a recoger la información y luego la van a someter al Parlamento y eso es precisamente lo que no queremos", recalcó.

Ramírez enfatizó que como movimiento no quieren que los parlamentarios "sean juez y parte", porque argumentó que no pueden evaluar y votar cláusulas que quizá tengan que ver con su rol.

"Quizá el pueblo les ponga condiciones, como por ejemplo que se bajen el sueldo y es poco probable que tomen esa decisión", agregó.

En tanto, dijo que a pesar de no estar de acuerdo en este aspecto, participarán en los diálogos que se realicen, pero que fortalecerán sus líneas para tener conocimiento y participar realizando propuestas.

Parlamentarios

El senador independiente Pedro Araya valoró que este proceso constituyente sea participativo, "porque se escuchará a los chilenos a través de los cabildos ciudadanos, se recogerá su opinión y a partir de eso se hará una propuesta".

A diferencia de Ramírez, el parlamentario resaltó que este proceso se hará dentro de la institucionalidad, recalcando que hay dos tareas a resolver, la primera es buscar el mecanismo para hacer la modificación a la actual Constitución y luego debatir el texto constitucional que se trabaje con los ciudadanos.

"Será el próximo Congreso, que además dará cuenta del nuevo sistema electoral, el que discuta esta nueva Constitución, a esta legislatura solamente le tocará el mecanismo a utilizar", explicó.

"Lo que vamos a tener en las próximas elecciones es una discusión que no hemos tenido hace mucho rato en el país, porque al final del día la gente al momento de votar se va a tener que terminar alineando con una posición política y eso dice relación con que si se quiere o no una nueva Constitución", agregó Araya.

Mientras que el diputado radical, Marcos Espinosa, respaldó el plan presidencial, argumentando que es la fórmula más adecuada, "porque hay que tomar en cuenta y consideración que no estamos hablando de un proyecto de ley".

Precisó que se está analizando el cambio de las reglas que limitan el país, "nuevas funciones institucionales para los poderes del Estado".

Asimismo, resaltó la participación ciudadana, pues manifestó que es necesaria e indispensable la opinión para, "que se verifique a través de cabildos abiertos, plebiscitos vinculantes u otro mecanismos la postura ciudadana".