Cuando la campaña de seguridad que llamaba a devolver el arma, se realizaba con éxito por varios años, surge repentinamente una serie de delitos en las que se han usado armas de fuego, generando incertidumbre en la población.
Esto perjudica el desafío de no tener armas en las casas y hace surgir la pregunta: ¿De dónde se obtiene todo este armamento?, y lo que es peor que lleguen a manos de delincuentes.
Estamos conscientes que la sociedad está cada vez más violenta y que el uso de armas de fuego es un reflejo de este problema. Pero al mismo tiempo las autoridades han mantenido una postura firme de no fomentar el uso de ellas, y por el contrario, llamando a que en los hogares donde exista una, sea devuelta en forma anónima con el fin de reducir otros riesgos asociados al porte o tenencia.
Una de las medidas para atacar este problema debiera ser la prohibición total del porte de armas por parte de civiles, y quizás también regular de una manera más rigurosa la tenencia en recintos privados o viviendas.
Según cifras internacionales, en América Latina hay un descontrol de las armas y son responsable de casi la mitad de los homicidios que se producen en todo el mundo, y al mismo tiempo la violencia consume entre el 13 y 15 por ciento de su Producto Interno Bruto.
La excusa principal para armarse es la seguridad para reducir la violencia, pero sabemos que finalmente esta medida se vuelve en contra de las propias personas, ya que numerosas armas son sustraídas por delincuentes desde los hogares y otras robadas a guardias y a civiles.
Debemos considerar con seriedad cuáles son los pro y contras del uso del armas en nuestra sociedad, y evaluar el riesgo que éstas puedan llegar a organizaciones criminales.
En nuestro país el porte de armas es restringido, y la tenencia es posible bajo ciertas reglas, lo que genera el riesgo que estas vayan aumentando en la comunidad, dejando abierta la discusión si realmente son efectivas para poder fortalecer la seguridad en nuestros hogares o se vuelven contra nosotros.