En Antofagasta causó revuelo la solicitud de desalojo de 26 campamentos que solicitó la alcaldesa Karen Rojo. Hoy en Calama nos vemos expuestos a la misma situación, en la cual la máxima autoridad comunal ha solicitado el desalojo de uno de los campamentos más emblemáticos de la ciudad, el cual alberga a más de 300 familias. ¿Los argumentos? Delincuencia y tráfico. Una vez más vemos como cientos de familias están siendo discriminadas al ser asociados a estas prácticas.
Nos preguntamos, ¿no es el deber de las autoridades velar por la seguridad de todos los habitantes de la ciudad? ¿Qué va pasar con estas 300 familias cuyos Derechos Humanos son vulnerados? Recordemos que según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el desalojo forzoso es "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos".
En el caso de nuestro país, este derecho no se encuentra establecido expresamente, pero sí es parte de diversos tratados internacionales ratificados por Chile, quedando de esta manera protegido por el artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política de la República.
Como TECHO-Chile repudiamos todo tipo de discriminación y vulneración de derechos. Hoy las familias no necesitan vivir con una preocupación más. Ya tienen bastante con saber que en cualquier momento los descolgarán de la luz y sus hijos no tendrán cómo estudiar, no tendrán agua para cocinarles a sus familias y siguen exponiéndose a diversas vulneraciones propias de vivir en un campamento.
El desafío aquí es trabajar socialmente con las familias donde el gobierno, la municipalidad, las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil tenemos mucho que aportar. Un ejemplo de esto es el Plan de Superación de Campamentos implementado por el Gobierno Regional del cual somos parte y donde se espera que pueda ser replicado en más ciudades de nuestra región. No podemos dejar solos a estas 300 familias que hoy no pueden dormir tranquilas pensando en el desalojo.
Nuestro llamado, como siempre, es a reforzar instancias de diálogo y participación comunitaria entre familias y autoridades. Erradicar los campamentos no es tarea fácil, pero sí alcanzable. Esto, en la medida en que no olvidemos que también son seres humanos quienes habitan ahí.
Milko Zenteno,
director regional TECHO-Chile