V. Toloza Jiménez
Este mismo mes debiera comenzar el proceso de educación cívica, primer paso que pretende derivar en una nueva Constitución para Chile, según lo anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet.
El tema es complejo y las opiniones van desde cambios profundos por la "legitimidad" de la carta fundamental, al ser construida en su grueso durante el gobierno de Augusto Pinochet, hasta aquellos que apuestan por transformaciones con matices.
La Constitución Política de la República de Chile de 1980 fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980; entrando en vigor, en un régimen transitorio, el 11 de marzo de 1981 y, en forma plena, el 11 de marzo de 1990.
Desde entonces ha tenido 18 modificaciones.
Como es sabido, el 13 de octubre pasado, la Presidenta Bachelet anunció las fases del proceso, que comenzará con instancias de educación cívica, seguido luego por diálogos ciudadanos. El segundo semestre de 2016, se entregarán las bases ciudadanas para la Nueva Constitución y el envío de un proyecto de reforma constitucional para establecer un procedimiento de reemplazo constituyente, debiendo el Congreso Nacional elegir entre cuatro mecanismos alternativos. La propuesta de Nueva Constitución sería presentada durante el segundo semestre de 2017.
Abogados respondieron a la consulta de qué cambiarían del texto y estas son sus respuestas.
"Aquí no se soluciona todo"
Toda constitución puede perfeccionarse. En la nuestra, por ejemplo, es posible pensar en algunas reformas que profundicen la descentralización. Con todo, la inmensa mayoría de las soluciones a los problemas que nos aquejan, como el centralismo, dependen de cambios legales o culturales. Por eso no hay que ver la Constitución como la solución a todos nuestros problemas.
No pensemos, como dice el Ministro Eyzaguirre, que en los cabildos se invitará "a la gente (a) que imagine la Constitución que quiere".
Es poco probable que ello ocurra porque las personas que podrían hacer eso de un modo desinteresado gastan su tiempo en otras cosas que perciben como más importantes.
"Chile debe ser un Estado regional"
Nuestra actual carta constitucional tiene un vicio de legitimidad en su origen. Por mucho que se le hayan introducido modificaciones después del retorno a la democracia.
Revisaría la división territorial imperante que no es tradicionalmente la nuestra o por lo menos reestudiaría los límites regionales, para hacer más efectiva la distribución de recursos y la posibilidad de propender a la autogestión territorial. Distribuiría territorialmente a los órganos que administran el poder estatal (ejecutivo, legislativo, judicial, Ministerio Público, Contraloría, Banco Central, etc.), lo que permitiría asentar soberanía.
Hay sectores en los que los privados o no tienen interés o no tienen capacidad para explotar, siendo de interés estratégico a futuro. En este ámbito no se puede impedir la actividad económica pública. En este esquema básico, creo que debería considerarse, además, un Chile organizado como Estado Regional y multiétnico. Así cada territorio deberá ser reconocido como colectividad teniendo competencia legislativa, generando democráticamente y sólo en su seno sus autoridades, asegurando de este modo un autogobierno, lo que permitiría un real pluralismo político. Esto no implica desconocer un gobierno central.
"Reforzar las garantías constitucionales"
Reforzaría el sistema de garantías jurisdiccionales de derechos fundamentales, especialmente lo concerniente a los derechos sociales que pese a estar reconocidos en el texto constitucional, no se encuentran protegidos mediante el recurso de protección cuando su ejercicio ha sido vulnerado. Acá me refiero a la educación y a la salud, y eso obligaría al Estado a invertir e intervenir en estos ámbitos, sin necesitar replantearse el principio de subsidiariedad presente desde el artículo 1.
Tratándose de la parte orgánica, a fin de disminuir el presidencialismo reforzado, aumentaría algunas atribuciones del Congreso Nacional e introduciría la figura del "Primer ministro", designado por el Presidente, quien sería el jefe de los ministros, el número dos del ejecutivo, el que estaría a cargo de la contingencia nacional y el primer escudo del primer mandatario.
Pero estimo que se necesita una nueva Constitución, por una simple razón: su origen. Esto no significa que deba haber imperativamente una Asamblea constituyente, sino que la legitimidad democrática de nuestra carta fundamental debe ser indiscutible a esta altura de la historia, y esa legitimidad se encuentra para mí en una aprobación fuera de toda sospecha por parte de la mayoría a una propuesta de una nueva Constitución.
"Fortalecería el poder tributario de regiones"
En la Constitución fortalecería el poder tributario de las regiones. Actualmente la regla general es que los tributos tienen como destino rentas generales de la Nación, y solo excepcionalmente por razones de defensa nacional u obras de claro interés regional o local.
En este sentido, para quienes vivimos en regiones y especialmente en aquellas que son productoras mineras, por la importancia que estos recursos generan para el presupuesto nacional y una visión de desarrollo sostenible post-extractiva, la Constitución política de 1980 tiene un factor desequilibrante en la distribución de los recursos de la hacienda pública, y se llama Rentas Generales de la Nación.
En esta perspectiva de tributos de aplicación regional y local, es un claro ejemplo la Ley de Casinos de Juego.
Propondría en la Constitución: que los tributos beneficien a las rentas generales de la Nación, y en un porcentaje relevante de al menos un 10% a los gobiernos regionales y locales en el modo que determinen las leyes orgánicas respectivas.
¡Qué gran logro que eso sería! Más importante que un intendente electo o una reforma a leyes específicas.
"Cambiaría el régimen presidencialista"
Una nueva Constitución permite diseñar institucionalmente el país para las próximas décadas, posibilitando abrir espacios de debate amplio y con formas de participación más directa y no sólo representativa.
Me inclino a sustituir el carácter subsidiario del Estado por un Estado democrático garante de derechos sociales, económicos y culturales, que asegure a los ciudadanos efectiva protección de sus derechos y estipule las obligaciones correlativas.
El régimen presidencialista de gobierno, sugiero sustituirlo por uno de carácter semipresidencial, en el que el Presidente de la República sea el Jefe de Estado y el primer ministro el jefe de gobierno, con un Parlamento unicameral elegido democráticamente por igual período al del Presidente de la República.
Asegurar una efectiva descentralización y desconcentración de funciones del Estado unitario, asegurando mayor autonomía política y presupuestaria para las Regiones, con elección directa y democrática de intendentes.
1 proceso: A modo de preparación para el proceso constituyente se llevarán a cabo una serie de instancias de formación ciudadana en temas cívico-constitucionales.
Reforma La Constitución no contempla un mecanismo de reemplazo de la misma. Por esto sería necesario modificarla para hacer posible el proceso legislativo.
2017 el gobierno presentaría propuesta al Congreso. Este mismo deberá resolver qué mecanismo se empleará en la discusión de la Nueva Carta Fundamental; o bien, realizar un plebiscito.
Sebastián Soto, LYD
cristian zamorano, académico ciencias jurídicAs ua
