El abogado de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Mario Bravo, sostuvo que la entidad espera en su demanda colectiva que las empresas papeleras involucradas en el caso de colusión compensen directamente a los usuarios de manera "inédita".

"La propuesta es que se le entregue directamente a cada chileno una cantidad equivalente a la división de 17 millones de esa suma de los US$ 510 millones", señaló Bravo a radio Cooperativa.

"Creo que las empresas están de buena fe y el empresariado en general está de buena fe, porque hemos llegado a una situación límite respecto de la confianza de los consumidores con las empresas. Espero que este sea un caso inédito y que las empresas compensen directamente a los usuarios", añadió.

Proceso suspendido

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para impedir el acceso de la Fiscalía Sur a los antecedentes reservados de la investigación.

El requerimiento apunta que la institución está impedida por ley a entregar los datos, como correos electrónicos y escuchas telefónicas, de la indagatoria realizada por la Fiscalía Nacional Económica en contra las papeleras CMPC Tissue y SCA Chile. Por ello, el procedimiento quedó suspendido hasta una eventual resolución del TC.

Al respecto, el abogado de la Conadecus comentó que el TDLC recurrió a esta medida "porque la ley señala que hay que cuidar los intereses competitivos de las empresas. Sin embargo, me parece que en este caso el tribunal se ha equivocado".

"Tengo la esperanza y casi la certeza de que el Tribunal Constitucional va a rechazar este recurso del TDLC", agregó.

Mauricio Mondaca

La primera fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) sobre transparencia activa a las 15 secretarías regionales ministeriales de salud (seremis) arrojó datos preocupantes. Si bien es cierto el cumplimiento promedio llegó a 81,68%, más de la mitad de las instituciones no entrega información tan importante, como sumarios sanitarios, autorizaciones sanitarias o prohibiciones de funcionamiento.

Según información del CPLT, el puntaje obtenido en transparencia activa por las seremis de Salud las ubica por debajo de otras instituciones públicas, como los organismos de la administración central (92%), empresas públicas (87%), universidades (85%) y fundaciones de la Presidencia (91%). Con su puntaje, solo superan a los municipios y corporaciones municipales (56% y 45%).

Otro dato relevante es que las seremis de Salud están por debajo en cumplimiento de transparencia activa si se las compara con otras instituciones del sector. Por ejemplo, los puntajes promedio obtenidos en 2014 por los servicios de salud fue de 91%; los hospitales, 90% y las subsecretarías, 86%, entre otros.

Los datos, afirman en el organismo, revelan desafección con la "cultura" de la información, pero otorgan el espacio necesario para "construir" en ese segmento.

Mejor información

Alejandra Sepúlveda, directora de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, afirmó que la idea de esta primera fiscalización es "contribuir al mejoramiento de la calidad y cantidad de información. Estos organismos deben velar por información debido al rol crucial que cumplen".

Respecto de los déficit que mostró la fiscalización, Sepúlveda la explica por "falta de visión de relevancia" en la entrega de datos. "Este es un gran desafío de cultura y gestión. Es un tema cotidiano y que constituye una rendición de cuentas permanente", agregó.

El proceso de fiscalización se realizó tomando en cuenta la información correspondiente a mayo (publicada en junio de 2015), en base a la revisión de los antecedentes disponibles en los sitios electrónicos de las 15 seremis de Salud, además de la existencia y operatividad de todas las materias exigidas por la Ley de Transparencia.

Al analizar los puntajes por ítems, los resultados más bajos (con puntajes inferiores al 65%) corresponden a la publicación de materias como transferencias (63,7%), contrataciones (62,67%), actos a terceros (43,29%), participación ciudadana (40%) y estructura (20%).

Es así como los mayores incumplimientos de estas instituciones, las oficinas de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Maule, Bío Bío, Los Lagos y Aysén no informan sobre sanciones, en cuyos datos debieran contenerse sumarios sanitarios, autorizaciones sanitarias, prohibiciones de funcionamiento y concursos de personal.

En las regiones de Atacama, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos la información relativa a otras transferencias está desactualizada, mientras la información está desactualizada en otras compras y bienes inmuebles en las regiones de Tarapacá, Metropolitana, Aysén y Magallanes.

De las 15 seremis del ramo, 14 no informan sobre cada uno de los mecanismos de participación ciudadana, según el informe.