En audiencias separadas, y sin la presencia del querellante, se realizaron ayer las audiencias de procedimientos en contra de los concejales José Mardones y José Astudillo.

Los procesos legales se ejecutaron en el marco de las querellas que el administrador municipal de Calama, Eliecer Chamorro, interpuso en contra de los ediles por el delito de injurias y calumnias con publicidad, las que se habrían emitido durante el concejo municipal extraordinario del 11 de noviembre de 2014 y en el que se votó la destitución de Chamorro.

Las audiencias se realizaron en el Tribunal de Garantía, lugar hasta donde llegaron los querellados en compañía de sus abogados.

El administrador municipal no pudo asistir debido a que se encuentra enfermo y está hospitalizado en Santiago, por lo que fue representado por la abogada Mónica Figueroa.

Fallida conciliación

En la oportunidad, los jueces del tribunal ofrecieron a los concejales querellados la posibilidad de ir a una conciliación que evitaría el juicio oral.

Para ello y según señaló la abogada querellante, se pedía que tanto Mardones como Astudillo pidieran disculpas públicas a su representado (Eliecer Chamorro).

Ambos acusados no aceptaron la propuesta y prefirieron ir a un juicio oral.

"La decisión no obedece a un capricho, ni a un acto de rebeldía", comentó Jaime Silva, a bogado de José Mardones y agregó que decidieron ir a juicio oral porque "tenemos la convicción de que él no profirió nunca una expresión injuriosa en contra del señor Chamorro".

El mismo argumento para negarse a las disculpas entregó Daniel Guevara, abogado del concejal José Astudillo. "Durante el concejo en cuestión existió sólo un acto de opinar y no de injuriar", señaló.

Ambos juristas además comentaron que los dichos emitidos en el concejo de destitución del cargo, se entregaron en un contexto especial y acorde a lo que les dictan sus funciones como concejales.

Los querellados en tanto se manifestaron tranquilos con la situación y señalaron que "no tenían por qué pedir disculpas públicas de algo que no hemos hecho".

El juicio oral en contra de José Astudillo está programado para el 29 de diciembre a las 11:00 horas.

En tanto el juicio del concejal Mardones se realizará el 4 de enero de 2016, también a las 11:00 horas en el Tribunal de Garantía de Calama.

Karen Cereceda Ramos

"La gente tiene más miedo que hace 10 años atrás", comenta Nicolás Flores, sociólogo e integrante de la consultora Coordenadas a cargo de la elaboración del estudio que busca ver el estado de la seguridad pública en Calama.

Una afirmación que no es antojadiza y que tiene sustento en los primeros resultados, emanados de la encuesta, y que ayer se conocieron durante la segunda sesión del consejo de seguridad comunal.

Entre los datos liberados destaca, por ejemplo, que el 67% de los calameños piensa que será víctima de algún delito en los próximos 12 meses. Porcentaje mucho mayor que la cifra país de 2014, que alcanza el 44%.

"La ciudadanía tiene mucho más miedo de la posibilidad objetiva de ser víctima de algún delito y eso es algo que se debe considerar", dice al respecto el sociólogo de Coordenadas.

Agrega que ello se demuestra en que la percepción de seguridad y los índices de victimización son diametralmente opuestos.

Señaló por ejemplo que de acuerdo al estudio que ellos realizan, solo en el 24% de los hogares hay al menos un integrante que en los últimos 12 meses fue víctima de algún delito.

Los más peligrosos

En cuanto a los delitos más recurrentes los resultados preliminares señalan que son el hurto, el robo a la vivienda, el robo a los accesorios de vehículos y el asalto.

En tanto el sector centro es considerado por los encuestado como uno de los sitios más inseguros, especialmente durante la noche. "Los lugares que presentan mayor inseguridad son los asociados al espacio público", agregó el profesional.

Trabajo en conjunto

El alcalde de Calama, Esteban Velásquez - quien participa del consejo de seguridad - relevó uno de los antecedentes emanados del estudio y que tiene relación con que la mayoría de los loínos está conforme con el sector donde vive, pero que hay algunos aspectos en los que se debe trabajar.

Entre estos aspectos está la labor conjunta que deben desarrollar los vecinos, las juntas de vecinos, las policías y las autoridades y que se refleja en que el 85% de los encuestados manifestó esta necesidad.

"Esto ratifica que los calameños estamos a la expectativa del aporte que el municipio puede realizar en materias de seguridad ciudadana, especialmente en el trabajo en los barrios y poblaciones", dijo el concejal Darío Quiroga, otro de los integrantes del consejo.

El sociólogo Nicolás Flores reafirma esta percepción. "Hay cierta responsabilidad de los vecinos de volver a organizarse, de volver a tener un espacio de encuentro y recuperar los espacios públicos" y agrega que "entienden que la seguridad pública es responsabilidad de todos.

El consejo de seguridad pública se conformó en octubre de 2015. Es una instancia de reunión y participación liderada por el Municipio de Calama e integrada por representantes de la Gobernación de El Loa, Carabineros, Policía de Investigaciones, organizaciones comunitarias, entre otros.

La próxima sesión quedó programada para el 17 de diciembre, fecha en la que además se entregarán los resultados finales del estudio.