Nuestras autoridades en un esfuerzo por anticiparse a los problemas modificaron la Ley de Violencia en los Estadios, con medidas destinadas a erradicar la delincuencia en la previa y durante los encuentros deportivos. Se intentaba frenar una escalada de hechos delictuales que ocurrían en los estadios y que lejos de terminarse iban aumentando.

Los alcances de la ley fueron conocidos por la Anfp y los clubes que la componen, a quienes se les comunicó que serían inflexibles en la aplicación de las normativas y se les exigiría cumplimiento a cabalidad, además de sumar medidas que aseguraran la normal realización de los eventos deportivos.

Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, hubo avances y una lucha enconada contra las denominadas barras bravas. Prohibiciones y restricciones que molestaron y que escalaron a los clubes, quienes aprovecharon el cambio de gobierno para pedir una revisión sobre algunos aspectos que tildaron como abusivos (erradicación de lienzos y bombos).

Las nuevas autoridades cedieron un poco y empezaron a verse algunos brotes que alertaban que en algún momento la situación podría escaparse de los márgenes, tal como ocurrió en Valparaíso con la batalla campal que impidió el duelo entre Santiago Wanderers y Colo Colo.

El jefe de Estadio Seguro responsabilizó al club organizador y a la vigilancia privada de fracasar en su labor y permitir los desmanes, siendo que la responsabilidad mayor es del organismo que él dirige y que no supervisó que todo marchara bien, más aún cuando ya se sabía de ataques fuera del estadio y del ingreso de barristas dispuestos a todo.

Defender que son casos aislados es no entender el fútbol, porque es bien sabido que son 4 o 5 partidos en el año en los que se debe extremar la seguridad. El resto se realizan en ambientes de tranquilidad.

Tras los vergonzosos hechos es una obligatoriedad replantearse la labor de Estadio Seguro, porque jugar sin público sólo llegaría a confirmar un fracaso que hoy pocos discuten.

En el último tiempo, la participación ciudadana en el emplazamiento de proyectos de inversión ha tenido cada vez más importancia. Sabemos que las relaciones pasaron de ser unidireccionales a ser mucho más transversales, donde la participación es el eje y motor de ellas. Actualmente las comunidades desean relaciones inclusivas y de largo plazo, que generen un verdadero desarrollo y con el menor impacto posible en sus territorios. Suena fácil… pero no. Significa un gran desafío.

Quienes trabajamos en la gestión comunitaria sabemos y debemos hacer bien la tarea, generando las instancias de diálogo que permitan concretar las aspiraciones más sentidas de las personas, establecer relaciones basadas en la confianza mutua, tomando en cuenta sus intereses y realidad del entorno. Es vital poder enfocar nuestros esfuerzos por contribuir al desarrollo sustentable, principalmente, a través de la entrega de nuevas competencias y herramientas de apoyo a las personas y organizaciones sociales de nuestra zona; el desarrollo y recuperación urbana de la ciudad; el rescate y desarrollo de las comunidades del interior; cuidar y respetar el medioambiente y evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, focalizados en minimizar la generación de residuos y racionalizar el uso de los recursos naturales.

Debemos ser capaces de co-diseñar procesos transparentes cuyos resultados sean percibidos como inclusivos y legítimos, generando sistemas de gobernanza que permitan no sólo abordar los dilemas del presente, sino también de aquellos que aparecerán a medida que se intervienen nuestros ecosistemas, situación que hoy es un tema a considerar.

Del mismo modo debemos utilizar un lenguaje culturalmente apropiado y que todos tengamos la misma oportunidad de acceder a la información y opinar cuando implique un impacto y/o desarrollo a nuestra calidad de vida.

Es por ello que, el relacionamiento comunitario debe ser anticipado y vinculante para el desarrollo de los proyectos y progreso de nuestra zona. Donde autoridades, líderes de opinión, dirigentes sociales, representantes de la comunidad, empresas y organizaciones no gubernamentales debemos focalizarnos a trabajar bajo una lógica de valor compartido, mancomunadamente y en beneficio mutuo, en pos del desarrollo social local.

Ximena Martel ,

gerente general de Proloa