La baja en las utilidades de Codelco, que alcanzaron US$1.218 millones en los primeros nueve meses de 2015, afectaría directamente el valor de las gratificaciones de fin de año de los trabajadores de la Corporación, que registró 47% menos excedentes que en igual periodo de 2014. Cifras que obligarían a la minera estatal a pagar el denominado "convencional" y no el tope de este bono de productividad.

Consultado sobre la materia, el dirigente del sindicato de trabajadores N°1, Jaime Graz, dijo que "aún no tenemos nada oficial, pero sí creemos que los 7,92 sueldos mínimos ($ 1.908.720) no se van a pagar, porque los resultados no dan como para ese monto. Lo que sí tenemos consagrado en el contrato colectivo es que se paguen 4,75 sueldos mínimos ($1.144.750)", detalló.

Graz explicó que estos temas se siguen estudiando a nivel corporativo, en Santiago, junto con la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) en representación del estamento rol B, pero "según los antecedentes que tenemos no tenemos las suficientes utilidades como para pagar el tope".

En este contexto, el dirigente se dio espacio para criticar la vigencia de La Ley Nº 13.196 Reservada del Cobre, pues a su juicio "este año, lamentablemente, la Corporación del Cobre trabajó para las Fuerzas Armadas que reciben el 10% del total de las ventas de Codelco, por lo tanto, creo que se trabajó más para ellos que para el resto del país y los propios trabajadores", opinó.

Según especifica la Dirección del Trabajo, el sueldo mínimo desde el 01 de enero de 2015 asciende a $241.000. Monto que es utilizado para calcular la gratificación.

Cristián Venegas M.

El senador por la Segunda región, Jaime Araya, aseguró que hay un cuestionamiento "absoluto" al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Antofagasta y en particular a las autoridades que le dieron "la pasada" al proyecto Planta de Tratamiento de Minerales Nobles de Codelco, así como al galpón de acopio de concentrado de cobre de Antofagasta.

Capacidad en duda

En virtud de estos antecedentes, dijo, "uno obviamente puede poner en duda la capacidad de las personas que hicieron esta evaluación y creo que las autoridades que estaban en la época (2013) tienen que dar una explicación a la comunidad, porque Codelco se traerá la planta que les cerraron en Puchuncaví a la región, al patio trasero".

Araya agregó que lo óptimo hubiese sido que las autoridades llamadas a calificar el proyecto y dar la autorización respectiva, "hubieran leído un poco más y se hubieran dado cuenta que era una planta que no podía ser aprobada, a mi juicio, por una simple declaración de impacto ambiental, porque en este caso se necesitaba un estudio", recalcó.

Consultado sobre si es necesario un cambio en la institucionalidad del SEA, el parlamentario dijo que efectivamente ha planteado ese punto, pues "la institucionalidad ambiental debe tener un grado distinto de autonomía al de hoy, porque la presión que producen las empresas respecto de aprobar sus proyectos, se enfrenta a un servicio que es débil, que no cuenta con las competencias técnicas ni con los recursos económicos suficientes ni con la autonomía necesaria".

En este contexto, continuó Araya, es muy difícil que se le dijera que no a un proyecto de Codelco, "porque hay un componente político en que se ejercen presiones", dijo, y adicionó que en el caso de Antofagasta "el galpón también se hizo vulnerando el espíritu de las normas de protección ambiental y se obtuvieron las autorizaciones. Situación que se ve agravada, porque pese a que se han solicitado innumerables fiscalizaciones a la autoridad ambiental, estas no se cumplen".

"Estos no son los primeros proyectos complejos a los que se le da autorización, luz verde, como sucedió con la Planta de Tratamiento de Minerales Nobles de Codelco a la que se le da el visto bueno y literalmente 'la pasada' con una simple declaración de impacto ambiental, sabiendo que es un planta con muchas complejidades ambientales", recalcó.

La presidenta del sindicato de trabajadores N°2 de Chuquicamata, Liliana Ugarte, salió al paso a las críticas que han hecho algunos sectores de la dirigencia sindical, que no comparte las estrategias del Comando de Trabajadores Unidos (CTU), asegurando que "lo nuestro es un sindicalismo abierto, sin secretos, de cara a la gente".

Ugarte dijo además que la dirigencia sindical de Chuqui "siempre ha estado dividida", y agregó que "la diferencia es que eran dos grupos de poder hegemónicos y con la llegada del CTU les cambió el escenario, porque además con nuestra llegada empezaron a llegar las actas y documentos antes 'secretos' a las áreas".

La dirigente, que enfatizó que CTU hace un sindicalismo de cara a los trabajadores, continuó expresando que "en el Comando potenciamos y propiciamos la mayor participación de los trabajadores a través de las comisiones que hoy la administración quiere exterminar".

Consultada sobre las denuncias de "acarreo" hechas por el presidente del sindicato Minero, Arturo Cruz, la dirigente dijo que esta práctica "fue inventada por el grupo al que pertenece el señor Cruz y cuando ellos lo hacen está bien y cuando lo hacen otros se condena", preguntó.

"Nos avala nuestro trabajo y presencia en las áreas, si hoy pedimos los registros de reuniones y sumamos nuestro trabajo con la gente somos el grupo más minoritario, pero el que más horas hombre al servicio de nuestros representados tenemos. Las acciones nos avalan, por algo nuestro liderazgo incomoda a la administración y a algunos 'grupos'", añadió.