Con el fin de impedir que al fin de siglo la temperatura del planeta aumente dos grados, lo que traería efectos catastróficos, se reunieron por dos semanas más de 195 naciones en París, en el marco del COP21. Este acuerdo finalizó con buenos resultados dado que 187 gobiernos se comprometieron a rebajar sus emisiones de carbono.

A partir de 2020 entran en vigencia estas normas en las que Chile se comprometió a reducir en un 30% sus emisiones al 2030, y en un 45% si se obtiene mayor financiamiento.

La meta implica que el 30% de la matriz energética sea renovable en esta fecha. El gobierno señaló que esta es una tarea completa de todos los sectores de la economía chilena.

El oceanógrafo, investigador del cambio climático y docente en la Universidad de Antofagasta, Víctor Aguilera, se muestra incrédulo con el compromiso de Chile, dada la última contingencia del mundo científico que comenzó con la renuncia de Francisco Brieva, presidente Conicyt.

"Me gustaría que esto ocurriera, pero para eso se requiere invertir en ciencia y tecnología, y el último presupuesto para estas actividades incluyó un aumento simbólico, que solo representa apoyar un proyecto estándar más al año", manifestó Aguilera.

"La OCDE fue clara, Chile debe comenzar a dejar el cobre y usar la neurona. La ONU también es clara, los países cuya economía depende directamente de los recursos naturales, como Chile, serán los primeros en ser afectados por el cambio climático".

El docente del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la UCN, Víctor Conejeros, comentó que la postura del país es positiva, debido a lo importante que es incorporar energía renovables no convencionales (ERNC) a la matriz. Y si llega al 45% en 2030, mejor.

"No olvidemos que en el norte la energía se genera a través de carbón, que es altamente contaminante. Es una generación de gases de efecto invernadero que puede traer consecuencias a futuro para la exportación de nuestros productos a países que pueden ser más rigurosos en la exigencia para comercializar cobre u otros productos", destacó Conejeros.

Optimismo

La postura de Chile es un desafío para el seremi de Energía, Arturo Molina.

"A escala regional, creemos que es posible lograr dicho compromiso, en función de la cantidad de proyectos de energías renovables que se encuentran en carpeta en distintas etapas de desarrollo, y que a la fecha representan 69 de los 80 proyectos, alcanzando 7.582 de los 12.481 MW totales en desarrollo y considerando una inversión estimada de 23.490 millones de dólares de los 29.898 totales de la carpeta total a la fecha", explicó Molina.

Eugenio Sugg Gálvez

Diez proyectos de cierre y abandono de faenas mineras fueron rechazados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en la región de Antofagasta. Así lo informó esta semana el director regional de la repartición gubernamental, Enrique Viveros, quien explicó que los titulares de las iniciativas objetadas deberán volver a presentarlas debidamente valorizadas y disponer las garantías de esos montos.

Efectivamente, pese a ser promulgada y publicada hace tres años la ley que regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras y su Reglamento Decreto 41 -ambos del ministerio de Minería-, estableció un periodo de vacancia legal que otorgó plazo hasta el 11 de noviembre de 2014 para hacer entrega de sus planes.

Y así lo hicieron todas las empresas mineras regionales con producción sobre las 10 mil toneladas.

Una vez entregados, esos planes ingresaron a una etapa de revisión por parte del Sernageomin, que esta semana informó sus resultados.

En total, ingresaron 109 proyectos a nivel país por un monto algo superior a las 292 millones de Unidades de Fomento (UF), es decir, unos US$10.615 millones.

De esos, 40 proyectos son de la región de Antofagasta, los que fueron estimados bordeando las 124 millones de UF, unos US$4.600 millones.

Compañías

De acuerdo a la información proporcionada por Viveros, los proyectos de cierre que fueron rechazados en la zona son: Minera El Way, Minera Rockwood Litio, Complejo Minero Altonorte, Planta Callejas Zamora y Santa margarita de Minera Cerro Dominador, y de las mineras Mantos de la Luna, Las Cenizas, El Peñón, Guanaco y Nova Ventura.

Pese a ello, la autoridad se mostró conforme respecto de cómo se ha desarrollado el proceso.

"Observamos un irrestricto cumplimiento de las empresas mineras, quienes han respetado plenamente lo establecido en la ley 20.551 sobre cierre de faenas e instalaciones mineras, la cual entró en vigencia el 12 de noviembre de 2014, lo que da cuenta que nuestras industrias mineras desarrollan sus actividades apegadas a las disposiciones legales que las rigen y regulan", dijo Viveros.

Según lo informado por la autoridad, el plan de cierre más próximo es el de Minera Michilla, que el 28 de este mes terminará de ser operada por Antofagasta Minerals (AMSA). Sin embargo, la intención de la compañía es vender la propiedad -cuando haya mejores condiciones de mercado- a un grupo especialista en media minería para que aproveche los recursos que se estima aún quedan en el yacimiento.

El segundo plan de cierre más próximo es el de la planta José Antonio Moreno de Taltal (2018), propiedad de la Empresa Nacional de Minería (Enami), seguida de Minera Franke (2020).

Chuquicamata

Por el contrario, de acuerdo a lo informado por la dirección regional del Sernageomin, los proyectos de cierre a ejecutarse en el más largo plazo corresponden a Chuquicamata (Codelco) y Minera Escondida (BHP Billiton).

Así, mientras Escondida informó su cierre para 2066 y post cierre para 2086, Chuquicamata lo hizo para 2039 y 2049, respectivamente.

Respecto de los plazos que poseen las compañía a las cuales se les rechazó el proyecto, Viveros informó que "una vez notificados de la resolución de cierre deben volver a presentarlo a la brevedad con las correcciones respectivas y en ese trabajo están las compañías", aseguró.

Las empresas debían acompañar el plan de cierre con una propuesta de valorización del mismo e incluye, entre otros, un informe técnico elaborado y suscrito por una o más personas competentes en recursos y reservas mineras; cuando procediere copia de la Resolución de Calificación Ambiental; programa y estimación de costos de las medidas de post cierre. Aprobada la valorización, las empresas mineras deben poner las garantías a disposición del Servicio en la forma y plazo establecida en la ley.