El directorio del sindicato N°2, manifestó su rechazo a la intención de la administración de Chuquicamata de poner término a la participación de los trabajadores en las comisiones de revisión de bonos, pues los comisionistas constituyen un aporte técnico a la labor de la dirigencia y son la relación directa entre los gremios y sus bases.

Los dirigentes expresaron que a su juicio, la intención real del gerente de Recursos Humanos, Luis Galdames, es "distanciar a la dirigencia sindical de sus representados, puesto que le incomoda que estén permanentemente siendo retroalimentados a través de ellos respecto de las necesidades y falencias en las áreas".

"Esta actitud autoritaria -agregaron- no se condice con el espíritu del Pacto Estratégico que propicia la participación a todo nivel, respetando los roles de cada uno y planteándose de manera correcta y respetuosa; en el entendido de que quienes negocian con la administración son los dirigentes sindicales y no los trabajadores directamente".

Esto -explicaron- porque "son ellos quienes entregan el aporte técnico y actualizado a través de sus comisiones, instauradas en 1994 y estando varias de ellas consagradas en las actas de acuerdo de los bonos que son parte del contrato colectivo y cuya existencia, en última instancia, constituye un uso y costumbre".

"La tarea de un gerente de Recursos Humanos debiera ser garantizar una buena comunicación a todo nivel, que propicie un ambiente laboral armónico, potenciando, de esa forma, la productividad y ganancial del negocio", añadieron.

Cristián Venegas M.

Tras conocerse la indemnización de $522 millones pagada al exdirector de Codelco, Augusto González, quien renunció voluntariamente a la estatal, la diputada e integrante de la Comisión de Minería, Paulina Núñez, ingresó un oficio de fiscalización en la Cámara Baja para conocer los términos en que se desvinculó el profesional.

La parlamentaria, además, gestionó una citación al presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, y al presidente del directorio de la minera, Oscar Landerretche, para que en la próxima sesión informe sobre las desvinculaciones que se han concretado a la fecha y el costo de los planes de retiro.

El oficio presentado

Núñez detalló que entre los puntos que busca aclarar el oficio, figura establecer cuántos son los términos de contrato que se han producido desde el año 2014 a la fecha y cuántos recursos han significado dichas desvinculaciones para la empresa en el periodo.

También se espera aclarar cuántos términos de contrato se han acogido a planes de egreso voluntario y cuántos de estos programas de egreso voluntario están vigentes hoy en la empresa, de los que la diputada espera tener copia. Otra materia que se busca conocer es la política de la empresa en relación a entregar incentivos al retiro, especialmente en relación a su costo.

Por último, el oficio pide determinar cómo la indemnización de Augusto González llega a 522 millones de pesos, estableciendo qué rubros componen dicho total, así como detallar los servicios y labores que el exsupervisor desempeñó durante su permanencia en la empresa cuprífera.

Es pertinente investigar

Sobre la iniciativa, la parlamentaria explicó que lo sucedido con González plantea una serie de interrogantes que hacen "pertinente investigar", "por eso queremos saber cuántos términos de contrato hay desde el 2014 a la fecha, y por qué desde ese plazo, porque nosotros apoyamos el año pasado una Ley de Capitalización, porque Codelco estaba mal en sus números y además se han implementado planes de contención que hemos apoyado", explicó.

La congresista agregó que en este marco, "nos parece irrisorio que hoy a través de planes de retiro voluntario, porque no fue que la empresa lo decidió y hay que pagar todo lo que corresponde; se paguen indemnizaciones millonarias, porque cabe la duda razonable, lógica, que el mejor negocio es salirse de la compañía en forma voluntaria por estos planes de retiro y después, por qué no, ser contratados como asesores externos o formar una pequeña empresa, una Pyme y terminar con contratos en Codelco como contratista".

Paulina Núñez detalló que la próxima reunión de la Comisión de Minería de la Cámara, que preside el diputado Luis Lemus, y en la que esperan la visita de Pizarro y Landerretche, será en la primera semana de enero, sesión que será además la primera del 2016.

El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, dijo que es conocido su rechazo a las externalidades que genera la industria minera en la comuna, y en particular el tranque de relaves de Talabre, y que el municipio no tiene la facultad de rechazar el proyecto RT Sulfuros Fase II de la división Radomiro Tomic de Codelco, pues "lo que hace la Ley 19.300 es sólo consultar".

"No es el municipio el que aprueba los proyectos, es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ellos son los que monitorean y le consultan a los más diversos servicios públicos y si hubiera sido prerrogativa de la municipalidad, no quepa la menor duda que hubiéramos puestos restricciones, pero eso no es así", explicó Velásquez.

El jefe edilicio profundizó sus argumentos señalando que "desde un comienzo nos hemos opuesto al relave, siempre hemos tenido una posición negativa ante el basural que tenemos ahí, de hecho, lo que hicimos fue más bien pedir estudios por la desconfianza que tenemos de que este relave esté percolando líquidos al río Loa y por eso contratamos a la Universidad de Antofagasta, que hace unos meses hace este estudio, que está pronto a terminar su primera etapa".