Como un regalo de Navidad fue considerada, por las 118 familias beneficiadas, la entrega de las viviendas del condominio social Sol y Cobre. Tras años de espera, los tres comités lograron acceder a la casa propia, la que además viene integrada en un nuevo concepto de barrio.

Una de las beneficiadas fue Rosa Rojas, quien muy emocionada recibió la llave de su hogar. "Hace 17 años que estuve luchando por mi casa, pasando por distintos comités, hasta hace cuatro años que llegue al que hoy me permite tener mi vivienda. A pesar de mi discapacidad nunca fallé a las reuniones y los talleres, porque tenía que seguir luchando".

La vivienda de esta loína fue una de las especialmente equipadas para personas con discapacidad, pues este proyecto tenía contemplada esta situación, como también a las familias con más de cinco integrantes, quienes cuentan con soluciones habitacionales de tres dormitorios.

"No es como tener la casa propia. Muchos años viviendo como allegada y ahora tendremos un lugar para vivir. Nos cambiaremos lo más pronto posible, le haremos algunos arreglitos y a cuidarla", agregó la pobladora.

Proyecto

La directora regional del Serviu, Isabel de la Vega, comentó que estas soluciones "nacen de una modalidad de postulación de familias con proyecto, teniendo el concepto de condominio, siendo cerrado, con espacios de áreas verdes, con sede social, con un anfiteatro y las viviendas con un diseño distinto".

La autoridad dijo que Sol y Cobre en conjunto con Inés de Suárez "están demostrando el mejoramiento en la calidad de las viviendas, del barrio y el entorno, que es un mandato que nos dio nuestra Presidenta, que es construir barrios, disminuyendo una de las brechas de desigualdad que existen en el país".

Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Mauricio Zamorano, agregó que "no solamente estamos entregando viviendas, sino que espacios dignos para los ciudadanos".

Argumentó que desarrollar este tipo de iniciativas implicará que en un futuro "nos podamos ahorrar el hacinamiento, el mal uso de sitios eriazos cuando los proyectos no son consolidados".

Asimismo, comentó que este proyecto se ejecutó en 15 meses, con un "muy buen trabajo de la empresa, del Serviu en todo lo que es el seguimiento en la ejecución y gracias a esto las personas pueden cumplir su sueño previo a Navidad. Las familias llevan años de espera y queremos premiar ese sacrificio con la entrega de sus viviendas".

Redacción

Tras constantes fiscalizaciones, entre enero y noviembre de este año, la Superintendencia de Salud cursó multas y amonestaciones por cerca de 76 millones de pesos a recintos públicos y privados, además de las isapres. Entre estos establecimientos se encontraba el hospital Carlos Cisternas de Calama.

El agente regional de esta entidad, Javier González, precisó que tras las inspecciones realizadas se descubrió que no se habían respetado las obligaciones con los usuarios, "vulnerando sus derechos en salud".

Respecto a las isapres, González comentó que las multas ascendieron a las 1.900 unidades de fomento (UF).

"La investigación estableció que las fallas más recurrentes y que han sido sancionadas con anterioridad, corresponden a la no entrega de documentos contractuales a los afiliados; mantener algunos documentos firmados en blanco por ellos; por infracción a la prohibición de discriminación (edad máxima 59 años, 11 meses). Todas estas materias fueron fiscalizadas y posteriormente se sancionó con multas".

También comentó que hubo una sanción que destacó entre las isapres, al considerar que tenían prácticas discriminatorias.

"Se le exigió un documento extra a una persona que tenía un hijo con síndrome de Down, es decir, se le exigió además de la declaración de salud, otro informe que no contempla la normativa, produciéndose un menoscabo en su dignidad de persona, lo que constituyó un acto de discriminación y, por ende, exigimos su inmediata corrección", explicó.

Recintos

En cuanto a los establecimientos de salud públicos y privados, González comentó que este año "se han cursado 11 sanciones, las que tienen relación, principalmente, con la falta de notificación al paciente Ges y por el incumplimiento de instrucciones de Urgencia Vital Ges, los que ya han sido observados o sancionados en fiscalizaciones en años anteriores".

Respecto a los recintos públicos, detalló que están a la espera de la respuesta de estos lugares y si no llega en los plazos establecidos corresponderá hacer la solicitud al ministerio de Salud con el sumario correspondiente.

Javier González destacó que en la región se hizo un importante trabajo con el departamento de Fiscalización para dar cumplimiento a las multas en caso de reiteración y en la aplicación de sanciones a prestadores privados por incumplimiento de instrucción.

"Con estas fiscalizaciones y las sanciones aplicadas, ya sean amonestaciones o multas, pretendemos que se logren cambios conductuales y generar los estímulos adecuados para que estas prácticas fuera de la ley dejen de ocurrir y en eso estamos trabajando y continuaremos realizando la misma labor durante los próximos años", dijo la autoridad.

En tanto, a nivel nacional se cursaron 206 sanciones a isapres y prestadores públicos y privados, un 41% más que las aplicadas en 2014.

De este total, el 20% correspondió a isapres y el 80% a los recintos de salud.

"Del total de sanciones, 107 corresponden a amonestaciones y 99 a multas, con montos que ascienden a 32.595 Unidades de Fomento, es decir, más de 800 millones de pesos", informó González.

1 recinto de Calama fue amonestado. El hospital Carlos Cisternas deberá responder ante esto.

12 prestadores fueron amonestados en total en la región. La mayoría se concentra en Antofagasta.

206 sanciones se cursaron a nivel nacional. El 80% a recintos de salud. En total son 32.595 UF.