Codelco, que hizo llegar al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), sus planes para el cese de operaciones en sus ocho centros de trabajo en noviembre de 2014, presentó la garantía financiera por la Ley 20.551 de Cierre de Instalaciones y Faenas Mineras, que alcanzó 30 millones de dólares. Montos que a nivel corporativo, una vez pagada la totalidad del Plan de Cierre Corporativo, ascenderá a US$ 709 millones.

La normativa legal, establece que el cierre de las faenas e instalaciones mineras debe efectuarse dentro de la vida útil de los yacimientos, y no posterior a ella, e impone el pago de garantías y constituye un fondo para el postcierre.

Los planes de cierre, explicó Codelco, deben cautelar la estabilidad física y química de los yacimientos e instalaciones que han finalizado su vida útil, de modo de resguardar la seguridad y evitar riesgos para las personas y el medioambiente. En la estatal, el proceso de elaboración de los planes de cierre de las divisiones demandó un año de trabajo y la participación de profesionales propios y expertos de empresas consultoras.

Sobre esta materia, la estatal informa que todas las operaciones actuales de Codelco se acogieron al régimen transitorio de la ley. Los planes de cierre incluyen los proyectos estructurales sólo en aquellos casos en que cumplen con los siguientes requisitos: Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada y decisión de inversión por parte del directorio de Codelco o inicio de obras tempranas.

Dado lo anterior, el plan de cierre de Chuquicamata incluye el proyecto Chuquicamata Subterránea; el plan de El Teniente contempla el proyecto Nuevo Nivel Mina, actualmente en ejecución; mientras que el plan de cierre de Ministro Hales pudo acogerse al régimen transitorio, debido que al momento de la promulgación de la ley (noviembre 2012) se encontraba realizando el preestriping de la mina.

Por su parte, los proyectos RT Sulfuros, Expansión Andina y Rajo Inca no forman parte de los planes de divisiones Radomiro Tomic, Andina y Salvador, respectivamente, ya que no cumplen con los dos requisitos antes mencionados.

Es posible, detalla la cuprera, que el primer plan de cierre en ser modificado sea el de división Radomiro Tomic, una vez que se incorpore el proyecto RT Sulfuros, cuando cuente con la aprobación de la RCA y la decisión de inversión por parte del Directorio. La actualización podría ocurrir en 2015 y deberá realizarse bajo el régimen general de la ley.

De no haber variaciones relevantes en las operaciones, nivel de reservas o incorporación de nuevos proyectos, Codelco deberá actualizar los restantes planes de cierre de sus divisiones en 2019, tal como lo indica la ley.

Cristián Venegas M.

Los dirigentes que integran el Comando de Trabajadores Unidos (CTU), de la división Codelco Chuquicamata, expresaron la necesidad de realizar una investigación laboral respecto de prácticas antisindicales e intervención de la administración en asuntos internos de los sindicatos y obstaculización en el ejercicio de las labores propias de los gremios a la Presidenta Michelle Bachelet.

La molestia se concretó a través de una carta en la que especificaron que su preocupación responde a un "acoso por parte de quienes dirigen la empresa de todos los chilenos y que no actúan de manera justa e igualitaria con todos nosotros como lo establece la ley".

Además, agregaron los sindicalistas, se comete una violación permanente a los numerales 16 y 19 del artículo 19 de la Constitución, además de los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical.

Para sustentar esta solicitud de investigación, los dirigentes adjuntaron documentación que data del año 2013 donde se acusan prácticas antisindicales y obstaculización de la labor sindical ante el seremi del Trabajo de la época, quien responde a la solicitud y pide un pronunciamiento del director regional del Trabajo, con lo que se modifica un instructivo que había emitido Codelco respecto al ingreso a las áreas laborales.

En el mismo sentido, los dirigentes enviaron una solicitud de fiscalización a la inspección provincial del Trabajo realizada el año 2014 cuyo informe sugirió una mediación la que terminó con una nota de compromiso del gerente general de la división, de ese entonces, de entregar un trato igualitario a todos los dirigentes sindicales y responder a los requerimientos en plazos prudentes.

Amonestados

Los dirigentes agregaron que el día 26 de noviembre de este año, fueron citados por la administración para hacerles entrega de una carta de amonestación que también constituye parte del reclamo, sanción donde se establece la restricción al acceso de toda la dirigencia sindical a las dependencias e instalaciones de Codelco y se les amenaza con desafuero, situación que -aseguran- es "inédita en la historia de nuestras organizaciones sindicales, habiéndose realizado cientos de tomas y paros", expresaron.

"Creemos que esta acción obedece a un estilo de administración déspota, antidemocrática, autoritaria y discriminadora, que constituye el sello del señor Luis Galdames (gerente de Recursos Humanos), quien utilizó las mismas prácticas en la división Gabriela Mistral, en donde empleó la misma estrategia de favorecer a algunos por sobre otros, dividiendo para gobernar", aseguraron los directivos, entre los que se encuentran Alberto Muñoz (sindicato N°1); Liliana Ugarte, Carlos Díaz, Mario Lobos y Víctor Galleguillos (N°2); Yasna Barraza (N°5); y Rolando y Héctor Milla (N°3).

Los directivos, explicaron que acudieron a la Presidenta en su calidad de representante del dueño de Codelco que son todos los chilenos, "a fin de que ponga fin a estas prácticas que no dan cuenta del empeño de su Gobierno por introducir reformas a nuestro Código Laboral que impliquen mayores libertades y garantías para los trabajadores y que es el proyecto en el que todos creemos y apoyamos".

Los dirigentes detallaron además que enviarán copia de estos antecedentes a la ministra de Minería (Aurora Williams), el directorio y al presidente ejecutivo de Codelco, al seremi del Trabajo; la Central Unitaria de Trabajadores, (CUT) la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y a los sindicatos base de la división Chuquicamata, "puesto que constituirán la base para una demanda por prácticas anti sindicales que interpondremos en los tribunales del trabajo; una queja ante la OIT y otras acciones frente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que estamos estudiando".