Redacción

Después de una ardua jornada de discusión y por unanimidad, la Comisión Caval aprobó ayer el informe único de conclusiones sobre la investigación, el que deberá ser votado por la Sala de la Cámara.

Uno de los puntos del documento apunta a la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, por un eventual tráfico de influencias.

"Las declaraciones de los involucrados y la forma del otorgamiento del crédito, claramente permite acercarse a la teoría de la configuración de una causal para investigar la existencia de un eventual tráfico de influencias o abuso de poder por parte de Compagnon, lo que se desprendería de las discrepancias entre lo declarado por el matrimonio Compagnon-Dávalos y Andrónico Luksic, situación que debe ser debidamente investigada y resuelta por el Ministerio Público dentro del marco del proceso penal correspondiente", indica el punto 3 del texto.

Sin mencion a bachelet

Si bien el informe final no hace mención del nombre de la Presidenta Bachelet, responsabiliza al Ejecutivo por la permanencia del director administrativo, Cristián Riquelme.

"Resulta necesario censurar la permanencia del Sr. Cristián Riquelme Urra en el cargo de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, habida consideración del nivel de conocimiento que dicho personero pueda haber tenido del nexo del Sr. Juan Díaz Sepúlveda con las actuaciones que son investigadas por la Comisión Investigadora y la ausencia de un reporte a sus autoridades respecto de la realización de la aludida audiencia, situaciones que están revestidas de la mayor gravedad", reza el escrito.

"empresa de lobby"

Sobre la propia Sociedad Caval, el informe señala que "más que ser una empresa con un giro y experticia en particular, o con un currículo y experiencia acreditable dado lo variopinto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como las condiciones curriculares y de la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era más bien una suerte de empresa de Lobby, cuyo perfil y ventaja comparativa radicada justamente en sus vínculos y conexiones político- públicas que le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares, abocadas a tareas parecidas".

Este informe pasará a la Cámara Baja para su análisis y posterior votación.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, valoró ayer las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto de Carrera Docente, e indicó que si bien quedan aspectos que corregir, la iniciativa ya estaría en condiciones de ser aprobada.

Entre los aspectos destacados por el titular del gremio se encuentra el hecho de que el Gobierno haya descartado la idea de implementar una prueba habilitante como requisito para ejercer como profesor, una de las máximas aprensiones que mantenía el gremio.

No obstante, Gajardo dijo a Emol que si bien las indicaciones "no cambian el espíritu de los consensos construidos, tenemos aprensiones necesarias, que esperamos sean corregidas por los parlamentarios durante su tramitación en el Senado".

Al respecto, cuestionó que dentro de los ajustes se permita que en el proceso de acreditación de las carreras de Pedagogía puedan intervenir agencias privadas y no solo la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

"La única forma de garantizar una mejora en la formación inicial es que el Estado se haga cargo y el proyecto es ambiguo en esa materia", señaló al citado medio electrónico.

Si bien el presidente del Colegio de Profesores dijo que aún existen observaciones al texto del Ejecutivo, estos "son temas importantes, pero menores respecto de lo importante".

El dirigente de los docentes pidió, además, no retrasar la tramitación de la iniciativa, prevista para este mes, y dijo esperar contar con la ley en marzo.

Sin embargo, el líder de la disidencia del Magisterio, Mario Aguilar, hizo un llamado a no legislar "a matacaballo".

"Nos parece muy mal que se pretenda legislar a matacaballo. Hay temas que tienen que quedar bien redactados, porque estamos llenos de leyes hechas a la rápida y que finalmente terminan siendo un problema, sobre todo si se trata de un proyecto trascendental como la Carrera Docente", aseveró Aguilar en Emol.

El dirigente también manifestó sus diferencias con las modificaciones ingresadas por el Ejecutivo, entre ellas posponer para 2019 la reducción en las horas lectivas, que originalmente estaba contemplada para 2018. "Nos parece una mala señal", expresó.

El proyecto que busca despenalizar el aborto terapéutico en tres causales específicas, se reactivó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El presidente de esa instancia parlamentaria Leonardo Soto (PS), confirmó que la iniciativa de Gobierno podría ser votada la próxima semana. "Tiene suma urgencia, tiene una urgencia bastante alta y después, sin duda, estamos en condiciones de poder votarlo en particular la segunda semana de enero en la Comisión. Esa es la programación que, en principio, tenemos en la Comisión", señaló en declaraciones citadas por Cooperativa.

El presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, Héctor Rojas, presentó ayer una denuncia por cohecho contra el senador Guido Girardi. El gremio alega que el parlamentario, en el uso de tal rol, defendió los intereses de los laboratorios extranjeros que forman parte de la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF). El dirigente dijo que al leer los proyectos de ley que ha presentado el PPD en los últimos años, "se puede reflejar, se puede ver claramente que defiende los intereses de laboratorios transnacionales, de laboratorios extranjeros, los que seguramente ustedes recuerdan, son los que venden 20 veces más caro a las farmacias que al Estado". Rojas busca que el Ministerio Público investigue la participación de Girardi en la tramitación de las leyes Ricarte Soto 1 y 2, la Ley de Fármacos y "una serie de otros reglamentos". "Aquí hay un intento de cuestionar a quien ha llevado la bandera en la lucha", expresó Girardi a CNN Chile.

Vaticano absuelve a presbítero acusado de abuso sexual a menores

El Arzobispado de Santiago comunicó que el presbítero Manuel Hervia será reintegrado a sus funciones como sacerdote, tras la absolución que el Vaticano resolvió en un proceso judicial. El Ministerio Público, por su parte, no logró acreditar las denuncias de abuso sexual y detuvo la investigación en mayo de 2013. Tras 4 años suspendido de sus funciones en la Iglesia, el presbítero está autorizado "sin ninguna restricción" para volver a ejercer el ministerio sacerdotal. La resolución del Vaticano se conoce dos años después de que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmara el fallo del Séptimo Juzgado de Garantía que acogió la decisión de la fiscalía de "no perseverar" en la causa contra el religioso, contra quien pesaban cargos de abusos sexuales. "Haber sido públicamente acusado de este delito ha sido especialmente doloroso para mí, para mi familia y para personas y comunidades a las que he servido", expresó Hervia en una declaración pública.