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A un año de su muerte la familia de joven cantante busca justicia

DENUNCIA. La mujer de 26 años falleció el 1 de enero de 2015 afectada por una trombosis. La causa sólo fue conocida luego de practicársele la autopsia de rigor.
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María Isabel Pérez Rivera

Mireya Ruedas Rodríguez, joven cantante y profesora de música de 26 años, viajó en bus desde Santiago a pasar las fiestas de fin de año junto a su familia en Calama. Al llegar, su salud se vio extrañamente afectada, por lo que su madre la llevó al servicio de emergencia del hospital Carlos Cisternas en reiteradas oportunidades. Desvanecimientos, desmayos, extremidades hinchadas. Los síntomas impidieron que los médicos entregaran un diagnóstico certero con respecto a la enfermedad que la estaba afectando, hasta que falleció el 1 de enero del 2015.

Hoy su madre, Marina Rodríguez Medrano, sólo quiere justicia por la muerte de su única hija. Las causas del deceso pudieron aclararse únicamente luego de practicada la autopsia que arrojó que Mireya falleció víctima de una trombosis.

"Llegó acá y se enfermó. Se desmayaba, perdía el conocimiento, yo le expliqué a los médicos que ella venía de un largo viaje y como antecedente les informé que le dolía la pierna derecha y se le empezaba a hinchar", dijo la madre de la joven profesional, agregando que "la trataron primero por una arritmia, pero nunca me dijeron que la llevara a un especialista y siempre me preguntaban si ella tomaba, se drogaba o estaba embarazada, y yo les explicaba que era muy sana".

A un año de ocurrido el deceso, el caso se encuentra en la Fiscalía de Calama, pero de acuerdo a lo informado por la madre de la fallecida, aún hay médicos que no han asistido a declarar. "El fiscal me dice que hay un médico que aún no ha ido a declarar y no se le puede obligar por su sistema de turnos. Tengo que esperar, porque el 21 de enero nuevamente está citado a declarar", dijo.

Hospital

El hospital Carlos Cisternas, respondió a la denuncia por medio de una declaración pública donde señala que "el proceso investigativo se encuentra judicializado desde enero de 2015, instancia en la cual la Fiscalía de Calama solicita al Tribunal de Garantía de esta ciudad la incautación de ficha clínica de la paciente. Solicitud que llega a este recinto hospitalario, con fecha 27 de abril de 2015 donde, también queda en evidencia que la solicitud realizada por el fiscal fue rechazada en dos oportunidades por el juez de garantía, al presentar errores de forma en la solicitud".

Agrega que "en relación a la solicitud de la fiscalía local, con fecha 25 de mayo de 2015, se envían los antecedentes solicitados al ente persecutor, para aportar en la investigación. Desde esa fecha no existe ninguna otra solicitud de diligencias por parte de la fiscalía que digan relación con los profesionales de nuestra institución o con nuestro recinto hospitalario en general".

En la declaración, además el hospital Carlos Cisternas informó que los hechos se encuentran en etapa previa de investigación, no existiendo aún formalización de cargos, agregando que se llevó a cabo una auditoría médica, y se encuentra a la espera de que los antecedentes sean solicitados por la fiscalía.

Mientras tanto, el luto aún está presente en la familia de Mireya que sólo espera que al menos los responsables pidan disculpas públicas por no haber prestado la atención médica oportuna y necesaria para así preservar la vida de la joven cantante.

26 años tenía Mireya Ruedas al momento de su fallecimiento producto de una trombosis.

27 de abril de 2015 el Tribunal de Garantía realiza la incautación de la ficha clínica de Mireya Ruedas Rodríguez.

25 de mayo de 2015 el Hospital de Calama entrega los antecedentes ante la Fiscalía Local.

Mujeres trabajadoras denuncian vulneración a sus derechos

HECHO. Dicen que fueron maltratadas, discriminadas y acusadas de robo.
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C inco mujeres trabajadoras denunciaron abusos y vulneración a sus derechos fundamentales por parte de la empresa de seguridad Prosegur en Calama, en la cual se desempeñaban como cajeras.

Una de ellas, Carolina Cabrera, señala que mientras se desempeñó en la empresa, "jamás se le respetó" la hora de amamantamiento de su bebé, para lo cual había pactado la realización de horas extras. Luego al retirarse, dice que fue acusada del robo 6 millones de pesos en febrero de 2015, cuestión que hasta hoy se encuentra en investigación y por tal hecho no ha podido encontrar trabajo.

Girelba Morales, también señala que fue acusada de robo y obligada a renunciar con amenazas de parte de la jefatura de la empresa. " Me dijeron, tienes dos opciones, tu renuncia voluntaria o llamamos a PDI para que te tomen detenida", dijo la afectada.

Marianela Pantoja se desempeñó durante 5 años en la empresa, tiempo en el cual tuvo a su hijo con capacidades diferentes por lo cual debe viajar a Antofagasta a visitas médicas.

Señala haber sido víctima de acoso laboral, hasta que- dice- fue despedida injustificadamente. "En un momento tenía que ir un día miércoles y un día viernes de la misma semana, para lo cual yo trabajaba los feriados para tener compensatorios, pero cuando no sólo era permiso sin goce de sueldo. Olga Zurita, mi jefa me dijo que no había ningún problema, pero debía pagar los días de permisos trabajando algunos que no me correspondía trabajar".

Sin embargo, luego de asistir junto a su hijo a las horas médicas, se entera de que fue despedida por fallas reiteradas. "Me dijeron que era mi problema que yo tuviera un hijo con discapacidad y que la empresa no tenía por qué hacerse cargo de mis problemas personales y que yo estaba despedida".

Janet Salinas es otra cajera supuestamente afectada. "Firmé mi contrato al mes y medio de estar trabajando, y fui despedida sin aviso previo. En el finiquito había una cláusula que decía que al firmar yo renunciaba a realizar cualquier acción legal posterior, cosa que luego un abogado me dijo que es ilegal".

Al no encontrar solución en forma individual, luego de sus reclamos en Inspección del Trabajo, estas mujeres han decidido unirse para entablar una demanda civil por abuso laboral, injurias y calumnias, lucro cesante, y daños y prejuicios.

Al ser requerida la empresa para responder a las acusaciones, el jefe de sucursal, Marcelo Lizama, señaló no tener antecedentes y que esperarán a que tribunales les informen de la demanda civil formal.