Significativos cambios se avecinan en materia de la prevención del delito, además del endurecimiento de penas, gracias a la entrada en vigencia a la denominada agenda corta de seguridad ciudadana que impulsa el Gobierno.

El seremi de Justicia, Marcelo Encina, visitó Calama para destacar que los delitos de alta connotación social verán sus penas muy endurecidas.

"Estamos dando un paso muy importante, es uno de los anhelos de nuestra sociedad: sentirnos seguros en nuestras casas, barrios y ciudades. Es importante eliminar esa sensación en la ciudadanía, puesto que a pesar que se redujeron los índices de delitos, persiste un sentir de inseguridad", sostuvo el secretario regional.

"La delincuencia se combate con hechos, no con consignas", fue uno de los dichos de la Presidenta Bachelet al momento de presentar el proyecto. El que incluye endurecer el control y persecución de quienes, una y otra vez, burlan la ley generando en sus víctimas una sensación de impunidad.

El Ejecutivo apunta a castigar los denominados delitos comunes; como lanzazos, asaltos, robos con armas, robos a casas y robos a casas comerciales. Para ello, la moción introduce modificaciones al actual Código Penal. Así, por ejemplo, para los robos con violencia realizados por primera vez, se deberá cumplir al menos un año de cárcel. Para los reincidentes, en tanto, la privación efectiva de libertad será de dos tercios del total de la condena, antes de postular a la libertad condicional.

Junto a ello, el proyecto refuerza la dotación de policías y fiscales e introduce nuevas normas de reinserción social de los delincuentes, entre otras medidas.

Control

"Entre los ejes que hoy incluirá la labor policial, es la de realizar mayores y mejores controles policiales, a fin de prevenir la comisión de delitos y de disuadir los mismos. Antes se tenían que cumplir una serie de requisitos, pero sólo se necesitará uno de ellos para prevenir la comisión de un ilícito", explicó Encina.

Además, se genera una instrucción emanada por el fiscal nacional que da la facultad a las policías de entrar en acción al interior de las viviendas cuando tengan certeza que se está cometiendo algún crimen, acelerando en gran medida el accionar policial. Serán grabadas estas acciones de Carabineros para prevenir abuso de poder.

"¿Cuántas veces hemos visto con desesperanza que el lanzado, el asalto a casas, entra en lo que la gente llama 'la puerta giratoria', es decir, queda sin castigo efectivo. Y quiero destacar estas palabras, castigo efectivo, porque eso busca la ley", argumentó Encina.

Redacción

Un pronto final podría tener el proceso de toma emplazado en el sector poniente de Calama, específicamente en calle Frei Bonn a un costado del Polideportivo, puesto que los tribunales loínos no acogieron el recurso impuesto por los ocupantes y se deberá hacer efectivo el desalojo del lugar.

Aunque no se tiene fecha clara sobre el momento en que se desaloje, si se informará a los pobladores para que determinen que harán con sus pertenencias y así tengan una oportunidad de no perderlas en el proceso.

Si bien el municipio realizó la solicitud de desalojo, será la gobernación de El Loa la que deberá efectuar la acción.

"Esto era algo que se veía venir, sólo queremos que este proceso sea lo menos traumático posible, puesto que conocemos la tozudez de estos vecinos, quienes han rechazado en varias oportunidades el subsidio que la municipalidad de Calama les ofreció para que arrendaran en algún sector", explicó el gobernador subrogante, Osvaldo Villalobos.

Toma

Respecto a uno de los voceros de este complejo en toma, Juan Navarro, no fue factible ubicarlo para tener su declaración. Sin embargo, trascendió que estaría intentando encontrar algún sitio nuevo para trasladar a los ocupantes.

Es conocida la inflexibilidad de negociación que han mostrado los ocupantes de la toma, quienes para optar a una solución definitiva deberán seguir el conducto regular que todos los comités de vivienda efectúan para aspirar a una casa. El problema, es que la mayoría de los ocupantes no pertenecen a ningún comité, lo que significa una espera de años antes de recibir una respuesta satisfactoria para su necesidad.

"Tenemos que respetar el proceder y la antigüedad de los otros comités, esperamos que los pobladores asuman esta realidad y busquen un lugar donde vivir antes de hacer uso de la fuerza que se aplica en última instancia", complementó Villalobos.

Son cerca de 200 familias que deberán dejar estos terrenos que fueron durante más de 30 meses un escenario complejo de manejar para las autoridades, partiendo por la falta de servicios básicos, la imposibilidad de controlar las condiciones de vivienda de sus ocupantes, además de muchos episodios de delincuencia y violencia que se registraron.

Existe la pequeña posibilidad de seguir apelando en otras instancias para detener el desalojo, pero a juicio de Villalobos sólo sería prolongar la agonía por el uso de un terreno que no les pertenece.

"Espero que los dirigentes de la toma no sigan generando falsas expectativas en estos vecinos que parecen empecinados en permanecer en este lugar que podría servir para la puesta en marcha de alguna iniciativa de carácter social para el sector, precisó.

Las autoridades esperan que no se genere ningún conflicto que llegue hasta el uso de la fuerza o el derribo de las viviendas, puesto que está dentro de las facultades de los personeros el obligar el abandono del terreno.