Mañana jueves, a partir de las 9 horas, en la Primera Sala del Juzgado de Garantía de Calama, se realizará la formalización por el cargo de cuasidelito de homicidio en contra de tres jefes (sin individualizar) de la faena de Radomiro Tomic, por la muerte de Nelson Barría Figueroa, un operador de pala de 37 años que en 2013 pereció mientras desarrollaba funciones en la pala mecánica 212, aplastado por toneladas de ripio, tierra y piedras desprendidas desde uno de los bancos.

Formalización

Su hermano, Mauricio Barría, es quien acompañado por el abogado Alfredo Morgado, presentarán los antecedentes junto al fiscal Claudio Sobarzo contra tres trabajadores de la estatal involucrados en el caso, y potencialmente un ejecutivo, que corresponderían a mandos medios que enviaron a la víctima a operar en un sector que apelan no era seguro para el desarrollo de sus funciones habituales, que era la carga de camiones de extracción minera.

"Así lo ratificó el informe de Sernageomin, quienes presentaron antecedentes que explicaban que existía conocimiento de un "banco doble" de material, lo que era un eminente riesgo de derrumbe y por lo tanto, imposibilitaba la ejecución de cualquier tarea en forma segura", expresó el hermano del fallecido.

El hecho registrado el 23 de marzo de 2013, fue un duro golpe para Codelco que debió cerrar la faena por varios días para investigar los motivos que gatillaron el trágico deceso de Barría, quien finalizaba su turno de 7x7.

Demanda Civil

Respecto a otras medidas, Barría explicó que también están siguiendo una demanda civil en contra de Codelco, por hechos de negligencia que deberán probar ante el juzgado durante los próximos meses.

"La meta que perseguimos no es la de obtener ganancias con la muerte de mi hermano, sino que se haga justicia y que la empresa y sus diversas jefaturas se hagan responsables de las malas decisiones que tomaron y que le costaron la vida a Nelson", complementó el demandante.

Según explicó Mauricio Barría, hasta ahora no han tenido algún acercamiento con Codelco para evaluar responsabilidades, medidas o compensaciones por este lamentable hecho, lo que les ha molestado bastante, puesto que pasaron casi tres años desde la partida de este padre de familia que perdió la vida cumpliendo una de las más nobles funciones de nuestro territorio.

Redacción

Luego de más de dos semanas de comparecencias, la exposición de pruebas y la declaración de 23 testigos, por fin se llegó a un veredicto en torno al caso de Celso Tapia, acusado y encontrado culpable de estafar a 12 pobladores, la mayoría ancianos, por la venta de sus terrenos en el sector de la ex Finca San Juan, a quienes en su mayoría nunca les pagó un peso por la transacción.

Antecedentes

De acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía y otros tres abogados, Celso Tapia, quien se desempeñó como administrador municipal, le prometió a estos doce pobladores la oportunidad de vender los terrenos otorgados por la municipalidad de Calama y Anaconda Company en los años 70', a un precio mínimo de 2,8 Unidades de Fomento el metro cuadrado.

Firmados unos poderes que le otorgaban al acusado la facultad de ofrecer, negociar, vender y traspasar los terrenos, la compraventa se efectuó en abril de 2012, sin que los beneficiarios de la transacción lo supieran. Una vez que algunos de estos últimos se dirigieron a pagar sus contribuciones, se enteraron que dichos paños no les pertenecían más.

Así se inició la búsqueda del exfuncionario municipal, quien se dio a la fuga hasta su captura en Santiago, luego de visitar en el hospital a uno de sus hijos que atropelló y mató a un transeúnte.

Se explicó que fue efectiva la venta de 11 inmuebles a una empresa, la cual pagó 1.708,9 UF por cada paño, además de 50 millones de pesos por otro lote. Debido a que cada terreno medía un aproximado de 488,25 metros cuadrados, a $22.856,11 como precio de la UF de aquella época, la venta se efectuó por un poco más de 39 millones cada uno. El valor de la transacción final fue de 3,5 UF por metro cuadrado, lo que le dejaba a Tapia una ganancia 0,7 UF's ($7.811.646) por cada venta en calidad de comisión, pero no restituyó ningún peso de lo acordado a sus mandantes.

Veredicto

Atendiendo las pruebas presentadas por ambas partes, el juez dictó una resolución en que acoge la demanda de las 12 partes afectadas, lo que significa es que Tapia se expone a penas punitivas por cada uno de los casos, bajo los cargos de apropiación indebida.

Además, se acepta la solicitud del fiscal Eduardo Peña de considerar el daño social al que se sometieron las víctimas, puesto que todos eran mayores de 70 años, varios fallecieron y los que sobrevivientes difícilmente puedan recuperar los montos de dineros perdidos por esta transacción.

Esta última resolución, se considera como un agravante de cada caso, y se acoge en base a diversos convenios adscritos por Chile en materia geriátrica, y que podría elevar en uno o dos grados la pena a la que se expone Tapia.

Son 11 años de presidio a los que aspira la Fiscalía, pero no será hasta el próximo martes 2 de febrero que se sabrá cuál será el destino de Tapia, quien desea a cumplir una pena remitida.

Respecto a esta solicitud, el fiscal Peña leyó un informe del perfil sicológico de Tapia emanado del Centro de Reinserción Social de Gendarmería, que en resumen explica que el acusado tiene problemas para asimilar la autoridad de la Ley y que existe una alta probabilidad de una reincidencia en cualquier momento, sobre todo, tomando en cuenta que tiene antecedentes por un caso similar en 2007.

$31 millones era el monto mínimo de venta que pactó Celso Tapia con los ancianos dueños de los terrenos.

$39 millones fue el valor de venta que consiguió Tapia con una empresa local. La cual posee los terrenos hoy.

$7 millones era la comisión que le correspondía a Tapia, pero este no desembolsó el dinero de la venta ni la comisión.