Redacción

Un total de 15 certificados de inscripción en el Catastro Público de Aguas, (CPA), entregó la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas a comunidades indígenas, (Quechua y Atacameñas) del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Alto El Loa, y a usuarios indígenas de Chiu-Chiu.

Esta actividad está enmarcada en el desarrollo de la actualización del catastro regional de usuarios y titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, por parte de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la región de Antofagasta.

Sesión

La entrega se realizó durante la primera sesión ADI del año, desarrollada en la comuna de Ollagüe, donde se reunió la comunidad del Alto Loa y las autoridades, encabezada por el intendente Valentín Volta, quien en conjunto con el secretario regional ministerial de Obras Públicas, César Benítez y la directora regional de Conadi, Liliana Cortez, hizo entrega de los certificados a los beneficiados.

La autoridad regional manifestó que hace un par de décadas que no se regularizaban los títulos que permite a las comunidades los derechos de aguas.

"Hoy hemos entregado a las familias de distintas comunidades esta actualización de los certificados de aprovechamientos de agua y el año pasado ya regularizamos los derechos de agua, cumpliendo con el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet", expresó.

Objetivo

El seremi de Obras Públicas, César Benítez, explicó que el objetivo de actualizar el catastro de usuarios por aprovechamiento de agua, radica en que las comunidades puedan acreditar su calidad de usuarios ante la Comisión Nacional de Riego (C.N.R.), lo que además les permitirá, postular a los diferentes beneficios que otorga el Gobierno.

Dentro de estos beneficios están, por ejemplo, nuevas construcciones de obras hidráulicas. También, esta certificación permite a los usuarios elevar solicitudes contempladas en el Código de Aguas, para la obtención de permisos respectivos.

"Además de lo anterior, estamos trabajando en toda la región y con énfasis en la zona del interior junto a las comunidades, con proyectos del Programa de Agua Potable Rural, el Plan Pavimentos Básicos, la actualización de los catastros de derechos de aguas, entre otras iniciativas", comentó Benítez.

Agregó que el objetivo es brindar desarrollo a través de infraestructura de Obras Públicas y "así fortalecer a los poblados, sus familias y personas", acotó.

Comuneros

Quienes estuvieron muy agradecidos y contentos con esta certificación, fueron los propios comuneros del Alto El Loa, quienes requieren del recurso hídrico para consumo y fundamentalmente, para fortalecer su economía agrícola y ganadera.

La presidenta de la comunidad quechua de Ollagüe, Elvira Urrelo, agradeció la iniciativa, enfatizando que es un beneficio "que nos permite estar seguros de que vamos a disponer del recurso, para hoy y también para mañana, que es lo importante. Estos son derechos que la comunidades tienen desde siempre, que favorecen el área agrícola y permiten también resguardar la ganadería", mencionó.

Adi

Durante la reunión, además, el seremi de Obras Públicas, César Benítez, expuso la cartera de proyectos del Programa de Agua Potable Rural (APR) que irán en directo beneficio a las familias de los poblados de Alto El Loa.

Además dio a conocer el estado de avance del Plan Pavimentos Básicos que imparte Vialidad, por medio del cual se ha logrado un progreso en la ruta internacional 21 CH, que une Calama y Ollagüe.

"Estamos trabajando en toda la región y con énfasis en la zona del interior junto a las comunidades".

César Benítez, Seremi MOP

"Nos permite estar seguros de que vamos a disponer del recurso, para hoy y también para mañana".

Elvira Urrelo, Comunidad de Ollagüe

15 certificados de derecho de aprovechamiento de agua entregó el gobierno a las comunidades.

La Superintendencia de Educación liderada por el director regional, Víctor Alvarado, dio a conocer las estadísticas sobre denuncias realizadas a esta organización durante el año pasado mediante su informe anual.

Según se indicó en 2015 la Superintendencia de la región de Antofagasta recibió 263 casos o denuncias relacionados con distintos ámbitos de la normativa educacional.

De estas denuncias 48 corresponden a Calama de los cuales 15 fue por maltrato escolar, 7 por medidas disciplinarias y 7 por discriminación.

El resto son por situaciones de menor relevancia y que se consideran para la estadística.

Situación regional

A nivel regional, el ente fiscalizador comentó que entre las materias más denunciadas figuran maltrato escolar con 99 denuncias ingresadas; 25 denuncias por medidas disciplinarias; 25 por no renovación de matrícula y discriminación con 23 registros.

En comparación a 2014 la Superintendencia de Educación tuvo una disminución de 11 denuncias. De 274 en 2014 a 263 denuncias recibidas en 2015.

La autoridad además agrego que las temáticas más denunciadas en 2015 tuvieron una baja en relación al año anterior.

Un ejemplo de ello es de medidas disciplinarias, que en 2014 reunía 42 denuncias y en 2015 sólo 25; situación similar para no renovación de matrícula, que en 2014 acumulaba 31 denuncias y en 2015 sumó 25 reclamaciones.

Para el director regional de la Superintendencia de Educación, Víctor Alvarado, "esta disminución es un avance, ya que por segundo año consecutivo logramos disminuir esta estadística. Si bien, existen numerosas variables para definir este resultado, pensamos que los colegios se están preocupando en respetar la normativa educacional y asegurar una convivencia escolar adecuada".

Comentó que sin embargo, se necesita que los apoderados y los integrantes de las comunidades escolares continúen acercándose a la Superintendencia de Educación, que formulen sus consultas y "en casos que existan irregularidades no tengan miedo de denunciar. Ellos son los principales fiscalizadores de sus establecimientos y de ese modo podremos generar mejoras en los recintos educativos y en la convivencia general", dijo.

La entidad realizó 690 fiscalizaciones en sus distintas modalidades -visitas integrales y programas específicos- en 2015. En el ámbito de fiscalía, indica que de la totalidad de denuncias, 31 de ellas finalizaron en un proceso administrativo.