Una vieja sociedad que formó en 1957 la estadounidense Chilex Exploration Company, denominada San Críspulo, que poseería una propiedad de una hectárea de extensión en medio de la división Chuquicamata, podría complicar el futuro del proyecto subterráneo que ahí se construye, paralizándolo.

Esto debido a la denuncia que presentaron los accionistas minoritarios de la minera, Manuel Feliú y Rodis Granic, quienes en conjunto poseen el 8,33% de la mina San Críspulo, con el objetivo de recibir un pago por parte de Codelco, actual dueña del otro porcentaje, por el mineral que se ha explotado en estos años.

Codelco lo descarta

Sin embargo, la cuprífera estatal habría rechazado la postura de los demandantes argumentado, según consignaba ayer el Diario Financiero, que la explotación del área culminó en el año 1962 y los accionistas de ese entonces recibieron los pagos correspondientes.

Feliú, en tanto, habría entrado a la sociedad en 1970, por lo que adquirió dichas acciones cuando las utilidades a la explotación de esta pertenencia ya habían sido cobradas por su accionista original y cesado la explotación de la mina.

Manuel Feliú, quien es ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y de la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC), interpuso la denuncia en el Primer Juzgado de Letras de Calama, según señala el medio.

El director (s) de Comunicaciones y Asuntos Externos del Distrito Norte de Codelco, Ernesto Hormazábal, consultado sobre si posee más antecedentes de la denuncia de Manuel Feliú, expresó que la empresa "no se referirá -mediante comunicados de prensa- a un juicio que está en curso y cuyos antecedentes, así como la respuesta de Codelco a la acción judicial, son de dominio público en los escritos que se están tramitando en la corte".

El gremio base más grande de Codelco y de Chile, el sindicato de trabajadores N°1 de la división Chuquicamata, cumplió ayer 86 años con cerca de 2 mil asociados en sus filas, entre trabajadores indefinidos y a plazo fijo. Gremio que ha sido referente de las reivindicaciones laborales de la clase trabajadora, incluso, desde los tiempos en que la minera estatal estaba en manos de empresas extranjeras.

Se formó el 16 de febrero de 1930, indica su actual presidente Hilario Ramírez, quien detalla que el primer nombre del organismo fue Sindicato Profesional Único de Empleados Particulares de la Chilex Exploration Company Centro de Trabajo Chuquicamata.

Ramírez destaca que el gremio ha sido pilar fundamental en la legislación laboral de Chile, haciendo propuestas e iniciativas que se convirtieron en leyes, como las dos que plantean ahora a la reforma laboral, que dicen relación a la afiliación sindical y a que el piso para negociar sea el contrato colectivo anterior. "Siempre hemos estado en la vanguardia en los temas laborales y en nuestra mirada de país", aseguró el dirigente.

Ramírez, consultado sobre los hitos recientes del sindicato dijo que entre estos figura el cambio de estatutos que aprobó la asamblea de socios el año pasado, cambio que involucró formular estatutos adecuados a la legislación actual, estableciendo las responsabilidades de los actores. Además de dejar reflejado el fondo de retiro de los trabajadores.

Punto, este último, que resulta clave, dijo, pues "sabemos que la transformación de Chuquicamata necesita menos gente, porque las minas son cada vez más tecnificadas y también nos damos cuenta del conflicto generacional que hay entre el trabajador nuevo y el antiguo, con distintas formas de ver la vida y el mundo laboral, y hay que hacerse cargo de ello y para eso luchamos de forma transversal", dijo Ramírez, quien aseguró que pese al mal momento que vive el cobre, sabrán sacar adelante la negociación, pues "hemos tenido peores crisis y hemos salido siempre adelante".

Cristián Venegas M.

El Tribunal Laboral acogió la demanda presentada por la dirigente del sindicato N°5 de Chuquicamata, Yasna Barraza, contra los integrantes del directorio de su gremio, por prácticas antisindicales y desleales. Fallo que dictaminó la restitución del cargo de tesorera del que había sido despojada la sindicalista, además de fijar una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a los involucrados.

Veredicto

El juez del tribunal condenó a los cuatro directores, liderados por el presidente del sindicato Julio Luán, a pagar una multa, que irá en beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, de 10 UTM, unos 450 mil pesos, por la comisión de prácticas desleales.

Además, el dictamen ordenó "el cese de los hechos constitutivos de la práctica desleal, debiendo retomar las partes la situación anterior a la referida práctica, debiendo los denunciados abstenerse de realizar conductas similares".

Al respeto, la dirigente manifestó su total conformidad con la resolución, pues "se demostró que fui vulnerada y víctima de prácticas desleales por el simple hecho de insistir en dar a conocer el resultado de la auditoría externa de los años 2009 al 2013, que arrojó la pérdida aproximada de 21 millones de pesos", dijo.

"Además -agregó Barraza- de mi negativa a la venta de los activos que componen nuestro patrimonio sindical, lo que dio lugar a la constante persecución", lamentó.

Esta se concretó, explicó, "con la destitución de la tesorería, con el único objetivo de callarme, situación que no pude tolerar, pues eran evidentes las irregularidades, incluso, con la participación de dos directores que desde las últimas elecciones no son reconocidos como tal, puesto que no se encuentran en las tres altas mayorías, considerando el número de socios que establece la ley".

Sobre su desvinculación como tesorera, la sindicalista detalló que en octubre de 2015, cuatro de los cinco dirigentes decidieron reunirse de manera extraordinaria y tomaron la decisión arbitraria de removerla de su cargo, siendo esto informado a los 130 trabajadores asociados a través de un breve correo electrónico enviado por el presidente.

Barraza, una vez conocido el fallo favorable, señaló que "hoy tengo la convicción de que la ley existe en Chile", y destacó la capacidad de su abogada Carolina Latorre de demostrar las prácticas desleales, creando además un precedente en materia legal. Ahora la idea es retomar mis funciones y sobre todo estaré pendiente de la demanda interpuesta por algunos socios del sindicato contra el directorio, por el resultado de la auditoria y la venta de activos del sindicato".