Dudas y certezas por vigencia de la Ley de Inclusión en los colegios
FONDOS. A pocos días del inicio del año escolar, establecimientos particulares subvencionados aún no tienen claridad sobre cómo regularán el uso de sus dineros. Seremi de Educación invita al diálogo para esclarecer las dudas.
Adías del inicio del año escolar 2016 aún debaten los representantes de los colegios particulares subvencionados con el ministerio de Educación, debido a la falta de reglamentos de la Ley de Inclusión que entra en vigencia el 1 de marzo.
Esta normativa regirá en los establecimientos educativos que reciban dineros del Estado y tendrá una serie de cambios enfocados en tres ejes principales.
El primero es terminar con el copago en la educación, lo que implica que antes del 2017 los colegios particulares subvencionados deben elegir si se adecuan a la reforma educacional, pasando de ser sociedades comerciales a sociedades sin fines de lucro, que se dividen en corporaciones o fundaciones. O bien, pueden convertirse en colegios particulares pagados.
Otros puntos de la ley son finalizar con la selección de estudiantes y erradicar el lucro en estos colegios.
Según la seremi de Educación, Jacqueline Barraza, de los 21 reglamentos de la Ley de Inclusión, hay alrededor de 10 concretamente estipulados para regir y que éstos son esenciales para aplicar la gratuidad.
Sobre el resto, Barraza especificó que están en distintas tramitaciones.
Desacuerdo
Para el presidente regional de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep), Marco Riquelme, esto es preocupante.
"Los reglamentos estaban comprometidos entre agosto y septiembre del año pasado, y estamos a una semana de empezar las clases y nos los hemos visto", acusó Riquelme.
En la práctica -según Riquelme- esto implica que hay un reglamento pendiente sobre cómo gastar los ingresos que reciben por subvención. Razón que siembra dudas en su comunidad educativa.
En ese aspecto ayer por la tarde la Contraloría General de la República aprobó el decreto que limita el uso de fondos públicos a los dueños o sostenedores de colegios que reciban aportes del Estado.
El documento señala que "todos los sostenedores que reciban subvenciones o aportes regulares del Estado no podrán perseguir fines de lucro, y deberán destinar de manera íntegra y exclusiva esos aportes y cualesquiera otros ingresos a fines educativos".
Pese a ello, Riquelme manifiesta que la ley " fue hecha a la rápida, sin preguntarnos a los estamos en el ámbito educacional, presenta un alto rechazo en el orden del 60%, porque no satisface a los colegios y apoderados. Y de aquí al 2017 es el plazo para pasarse a corporación, y sé que muchos no se pasarán".
También manifestó que hay puntos de la Ley de Inclusión "impracticables a la realidad regional". Ejemplo: la regulación de los arriendos de terrenos donde funcionen los colegios, ya que también hay modificaciones en ese aspecto.
"En Antofagasta un colegio paga $2 millones por arriendo y la ley permite pagar un millón de pesos. Obviamente que con eso va a tener que cerrar, porque ningún dueño va a decir 'págueme menos'. Ese es un ejemplo real, es un colegio particular subvencionado y hay otros casos más", aseguró Riquelme.
Diálogo
Al respecto, la seremi de Educación, Jacqueline Barraza, invitó a Riquelme a acercarse a la seremi para aclarar los puntos en los que haya dudas.
"Hace poco me reuní con los profesores cuando estaba saliendo el proyecto de la nueva carrera profesional docente. Así es que tengo la mejor voluntad para aclarar con el abogado de acá las dudas que ellos tienen", explicó Barraza.
La Conacep también declaró que el Mineduc irrumpe los proyectos educativos de los colegios, respecto a que los alumnos no pueden ser sancionados por no contar con buena presentación personal.
"La Ley de Inclusión es bastante clara al respecto, no se puede discriminar ni por religión, por estrato socioeconómico, ni por raza, ni por orientación sexual, ni por la manera en que los jóvenes estén vestidos", refutó Barraza.
Pero también la autoridad subrayó que hay que considerar los proyectos educativos de los colegios y sus reglamentos internos.
"Lo importante esos reglamentos que hayan sido consensuados con el centro general de apoderados, consejo de profesores, ceal y el comité de seguridad escolar", dijo.
Y destacó que en este punto hay que aplicar criterio. "No se puede discriminar por situación socioeconómica, porque a veces ocurre que, en algunos establecimientos, le dicen a los padres que compren uniformes que son carísimos y la gente no puede comprar de inmediato", señaló Barraza.
Antes que se promulgara la Ley de Inclusión, el sostenedor de los colegios particulares subvencionados era quien elegía a los estudiantes que formaban parte de su comunidad escolar. Por ello se quedaba con los "mejores" alumnos y los demás terminaban en la educación pública. Podían elegir a los alumnos por motivos religiosos, artísticos, de rendimientos escolar, usando test psicológicos, verificando la situación de sus padres, etc. La ley cambia esta modalidad de selección.
Para mejorar la calidad inyectarán más recursos a estos colegios con más aportes para alumnos prioritarios en un 20% y la creación de la subvención para los estudiantes de clase media.
Desde principios de los años 90s existe el financiamiento compartido en los colegios particulares subvencionados, que hoy se mantiene debido a que reciben aportes del Estado y de los apoderados por concepto de aranceles y matrículas. Esta modalidad surgió en esos años porque se planteaba un desarrollo más pleno de la educación.
Ahora el sostenedor no podrá retirar esos dineros para su bolsillo, ni el del copago de los apoderados, porque será fiscalizado por la Superintendencia de Educación respecto a la aplicación de la Ley de Inclusión. Por ello debería reinvertir esos recursos en fines educativos para sus proyectos: comprar computadores, construir laboratorios, sueldos de profesores, etcétera.
La responsabilidad de elección recae en los padres en cuanto a la oferta de proyectos educativos. Ejemplo: si eligen un colegio católico no podrían exigirles al dueño que impartan clases evangélicas. La aplicación de esta modalidad es gradual. Este año comienza a operar en la región de Magallanes y la Antártica Chilena . En 2017 se extenderá a las regiones de Coquimbo, Los Lagos, Tarapacá y O'Higgins. Para luego abarcar todo el territorio.
La Superintendencia de Educación fiscalizará que no existan estos procesos de selección arbitrarios y que los sostenedores reinviertan los recursos de las subvenciones.
12 establecimientos particulares subvencionados de la región pasaron a la gratuidad en 2015. Primero eran 14, pero Riquelme refutó esa información diciendo que dos desistieron de pasar a esa modalidad.
2016 comienza a operar la responsabilidad de elección de colegio, dejando atrás la selección, en la que los establecimientos elegían a sus alumnos. Se inicia en la región de Magallanes y en la Antártica.
30% de los alumnos podrán elegir los colegios artísticos y deportivos. También entran los liceos emblemáticos podrán elegir dentro del 30%, un 20% de los alumnos de sus colegios de origen, según rendimiento.