Manuel Parkes Núñez

Una denuncia por acoso laboral tiene en jaque a la seremi de Gobierno, Stefanía Carvajal Tabilo.

La militante DC fue acusada por una funcionaria de hostigamientos permanentes, los cuales habrían alcanzado su punto máximo durante la reciente visita de la Presidenta Michelle Bachelet el 11 de marzo, ocasión en que el maltrato incluso habría tenido expresión física.

Según la denuncia, ingresada a Contraloría Regional el 14 de marzo, durante el acto de inauguración del Cesfam "María Cristina Rojas", la funcionaria debía entregar a la seremi 20 copias de la lista de invitados, tarea que se demoró por razones técnicas, provocando el enojo de la periodista.

"Le explico las razones de la demora, sin embargo, me señala que me está dando una orden, que debo obedecerle tironeando violentamente mi brazo derecho (...) le manifiesto que esa no es la manera de tratar a sus funcionarios, pero continúa con la misma acción señalándome además que me calle", indica el texto en una de sus partes.

La acusación expresa que el hostigamiento venía desde antes y se manifestaba, por ejemplo, con recargas laborales y plazos que en la práctica eran imposibles de cumplir.

Revuelo

El caso generó revuelo en las redes sociales y rápidamente fue recogido por varios medios locales y nacionales.

Un ingrediente extra lo aportó la también periodista Carolina Cáceres, quien trabajó con Stefanía Carvajal y actualmente asesora en comunicaciones al Consejo Regional.

"El maltrato a sus funcionarios es constante, todos trabajan asustados, los llantos son constantes producto del menoscabo laboral e incompetencia de esta seremi. Todos lo saben, pero lo ocultan no más, pero yo tambien lo vivi", dice, textual, un comentario dejado al pie de una nota publicada por Radio Bío Bío.

Según la trabajadora denunciante, el último episodio de maltrato habría sido presenciado por funcionarios de la seremi de Gobierno y del Fosis, además de pacientes ubicados en la sala de espera del nuevo Cesfam.

Respuesta

Ayer, la seremi Stefanía Carvajal manifestó que todo funcionario tiene el derecho y la libertad de acudir a los organismos que estime pertinentes, para denunciar o pedir que se esclarezcan los hechos que considere perjudiciales.

"Todo es real en el momento en que se emite un pronunciamiento, esto es una denuncia, pero la veracidad de estos hechos la determina el informe que entregue Contraloría General de la República", apuntó.

Sobre la recarga laboral y otras vulneraciones denunciadas en el escrito, Carvajal manifestó tajante que todo es parte de la investigación en curso y que está tranquila.

La autoridad, la más joven del gabinete y una de las más cercanas al intendente Valentín Volta, explicó que no hay motivos para dejar sus funciones como vocera de gobierno.

"No por este caso puntual vamos a paralizar nuestra labor. Seguiré trabajando y claramente debo preparar la respuesta que me ha solicitado la Contraloría", puntualizó.

Reunión

De acuerdo a la denuncia, horas después del incidente en la inauguración del Cesfam, Stefanía Carvajal citó a la denunciante a su oficina.

Allí le informó que el grupo que acompañaba a la Presidenta Bachelet había presentado una queja en su contra.

Tras informarle aquello, Carvajal habría manifestado su intención de superar amistosamente el impasse, argumentando como excusa por lo ocurrido el constante estrés al que se expone por su rol y cargo.

En su primera acción tras recibir la denuncia, Contraloría Regional dio a la seremi de Gobierno diez días para contestar a la seria acusación.

El senador Pedro Araya, quien asumió durante la semana pasada como presidente de la Comisión de Constitución del Senado, señaló que han recibido documentos de diversas organizaciones como Unicef, y por eso están en un proceso de reflexión antes de la votación definitiva de la ley corta de seguridad ciudadana.

Uno de los puntos más controversiales de esta iniciativa, es la entrega de más atribuciones a las fuerzas de orden para realizar controles preventivos de seguridad, ya que esto puede generar conflictos de poder en los uniformados. Sin embargo, el independiente, manifestó que se está trabajando en que la normativa que sea aprobada respete los derechos de los ciudadanos a vivir en libertad y a su vez prevenir la comisión de ilícitos.

Visión

"La norma que aprobó la comisión de Constitución del Senado respecto al control de identidad preventivo es una norma totalmente distinta a la que aprobó la Cámara de Diputados, porque tiene muchas más corta pistas de las que se permitían, en esa línea, es un cuerpo legal que le entrega atribuciones a la policía para controlar la identidad, pero también le entrega derechos a aquellas personas que van a ser controladas, por ejemplo, en el caso que tenga que ser trasladada a unidad policial puede hacer una llamada telefónica, no puede ser trasladada a un calabozo, y tienen que dar las facilidades para acreditar la identidad", explicó el representante de la región de Antofagasta.

Asimismo, el parlamentario indicó que han recibido "documentos de diversas organizaciones como Unicef, y por eso estamos en un proceso de reflexión antes de la votación definitiva para definir si apoyamos la norma tal como está o hacemos algunas mejoras para que sea un control de identidad que efectivamente le permita actuar a la policía y proteger los derechos de los ciudadanos".

Es importante que la comunidad se informe de este cambio en la normativa del Código Penal, ya que los requisitos para un control de identidad son mucho menores a los actuales, que se exigen en el artículo 85 del mencionado código, los que incluyen la disposición a cometer un delito; ser denunciado por otro poblador como un malhechor y mostrar conductas sospechosas y ocultamiento ante Carabineros.