La sensación de inseguridad es un tema que se ha instalado en el país y Calama no está exenta, lo que además se avala con las cifras entregadas por la Fiscalía de la comuna al seremi de Justicia y Derechos Humanos, detallando que entre 2014 y 2015 hubo un aumento del 2.4% de ingresos de casos, pasando de 17.826 a 18.256. En Antofagasta decreció en un 4.6%.
A pesar que el escenario no pareciera ser el óptimo el seremi, Marcelo Encina, explicó que el sistema sí está funcionando en la comuna y que efectivamente la puerta giratoria no sería efectiva. Destacó que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama es el que más ingreso de causas presenta a nivel nacional.
¿Las cifras entregadas por la Fiscalía son casos que efectivamente terminan con detenidos y procesos judiciales?
Son denuncias al sistema de la Fiscalía, pero no implica necesariamente que se haya detenido a una persona. En muchas ocasiones es porque no son habidas al momento de darse cuenta del ilícito.
Encontrar a esa persona es extremadamente difícil, porque si no tenemos elementos de prueba que la puedan vincular es casi imposible determinar la participación en la comisión de ese ilícito. Para llegar a un veredicto condenatorio, que permita generar una convicción en un tribunal y dictar una sentencia condenatoria, tenemos que tener elementos de prueba, testigos, pruebas de ADN, relato de la víctima y reconocimiento para determinar la participación.
En la mayoría de los casos, las causas quedan archivadas provisionalmente debido a que no existen antecedentes para poder sustentar una investigación y posterior acusación, ante la eventual comisión de un ilícito.
Más del 63% de las causas son archivadas porque las personas denuncian pero no vuelven a la Fiscalía, no hay testigos o no quieren participar en el juicio o no hay medio de prueba. No se judicializan por falta de antecedentes, lo que puede generar cierto grado de sensación de impunidad en la ciudadanía, pero la Fiscalía no está obligada a lo imposible.
Esta situación acentúa más la inseguridad existente. Pareciera que la justicia no opera…
La sensación de inseguridad frente al funcionamiento de la administración de justicia hay que verla con ciertos matices. Hay estadísticas que dicen que el año pasado se otorgaron 1.649 medidas cautelares de prisión preventiva, o sea, el sujeto es detenido, pasado al tribunal de Garantía, el fiscal solicita la medida cautelar más gravosa, es decir, la prisión preventiva y en 1.649 se otorgó, cifra que supera el 90% de los casos.
La agenda corta antidelincuencia trae un nuevo antecedente para solicitar la prisión preventiva, que son las reincidencias que tenga el imputado, cuestión que no era obligatorio porque no estaba en el código Procesal Penal. Hoy el fiscal lo podrá demostrar y solicitar la prisión preventiva en base a sólo ese antecedente, aunque no sea un delito de mayor gravedad o de crimen.
¿Qué otras medidas cautelares se pueden aplicar?
Dependiendo de la gravedad es la intensidad de la cautelar. Si la situación es extremadamente gravosa, lo que procede es la prisión preventiva que implica una privación total de la persona mientras dure el proceso, sea para garantizar la seguridad de la sociedad, de la víctima o para garantizar el éxito de la investigación.
Si el hecho no reviste gran intensidad se aplican otras medidas que están establecidas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, que ahí está el arraigo nacional, es decir, la prohibición de salir del país, el arresto domiciliario total o parcial, la prohibición de acercarse a la víctima o a los familiares o de establecer una comunicación con la víctima.
También es sujetarse a la vigilancia de una autoridad, como presentarse ante un juez o ante el Ministerio Público a firmar, teniendo a la persona controlada.
Ante este nivel de prisiones preventivas, la puerta giratoria no sería tan efectiva...
Hay antecedentes objetivos. Tenemos un porcentaje muy alto de que cuando se solicita la prisión preventiva se entrega y otro antecedente muy claro es que la mayoría de las sentencias, sobre el 92%, son condenatorias y el mínimo absolutorias.
El tribunal de Juicio Oral de Calama es en Chile el que tiene mayor ingreso de causas por sala en los últimos tres años. En 2015 tuvo 268, un 18% más que el año anterior y de esta cifra, 219 estaban con prisión preventiva. Este año se comenzará a construir una nueva sala en el tribunal, para lograr mayor eficiencia y mejor resultados a la hora de dictar sentencia de los jueces en Calama.
Respecto a los juicios, está la sensación que en Calama tuviesen plazos excesivos, como en el caso del homicidio de Mateo. ¿Esto es así?
El caso de Mateo es un delito de parricidio, por tanto estamos ante un caso complejo, es un delito grave que requiere de una investigación fiscal más extensa. Pero en general, desde el inicio de la Reforma Procesal Penal los procesos son más rápidos que en el antiguo sistema. Por ejemplo, una causa de tráfico en promedio que termina con un procedimiento abreviado dura en promedio entre 6 y 7 meses, tiempo relativamente razonable, siendo que la investigación se extiende por 90 a 100 días o más. Mientras que hay otros que terminan en la primera audiencia. Todo depende del caso.
1.649 prisiones preventivas otorgó el tribunal a petición de la Fiscalía. Lo que representa un 90% de logro en la gestión.
63% de las denuncias realizadas en la Fiscalía terminan archivadas por falta de antecedentes.
268 causas ingresaron en 2015 al tribunal de Juicio Oral, de estas 219 estaban con prisión preventiva. Más del 90% de las sentencias son condenatorias.
