Siete barrios ubicados en distintos sectores de Calama han sido intervenidos a través del programa Quiero Mi Barrio, iniciativa que ha permitido mejorar la calidad de vida de 20 mil habitantes de la capital de la provincia El Loa, con una inversión global estimada de 3 mil quinientos millones de pesos, según lo destacó el seremi de Vivienda y Urbanismo, Mauricio Zamorano.

La autoridad recordó que el programa, que cumple 10 años de exitosa gestión, "comenzó en Calama en 2007, durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, con la intención de ejecutar procesos de recuperación de barrios que presentasen deterioro urbano y vulnerabilidad, desde la perspectiva de la participación vecinal e integración social".

La gestión social y urbana comprometida por el programa se realiza a través de un equipo profesional de la seremi del Minvu, del Serviu, y municipios. "El programa atiende las demandas de los vecinos de los barrios seleccionados de manera integral, con una intervención que nace desde las necesidades de los mismos habitantes y por eso es muy importante su participación", precisó.

Hasta ahora, Quiero Mi Barrio ha permitido generar programas de gestión social y obras de mejoramiento urbano en las poblaciones Independencia Norte, Nueva Alemania, René Schneider, Gustavo Le Paige, Diego Portales, con intervenciones finalizadas y Sol Divino y San Sebastián, actualmente en la fase 2 de intervención, destacó la autoridad.

Gracias a este programa de Gobierno, se han podido realizar diversas obras físicas, tales como multicanchas, sedes sociales, proyectos de iluminación, arborización, mejoramiento de infraestructura ya existente, plazas, entre otras obras, además de una serie de actividades sociales incluidas dentro de planes de gestión social, tales como talleres y capacitaciones, muestras de cine, exposiciones, visitas, encuentros, celebración de fechas importantes, aniversarios, actividades medioambientales y entretención para niños y jóvenes, subrayó el seremi Minvu.

Irene Cereceda R,

Polémica causó en todo Chile la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Ley de Aborto por tres causales enviada por el Ejecutivo. Por ello, la Comunidad Cristiana de Calama quiso recalcar su postura en contra y acusan desinformación por parte de la población respecto a esta temática que - a su parecer- es bastante compleja.

Es por ello que anuncian intensificar la campaña llamada "Un millón de firmas en favor del niño por nacer", la que en Calama ya lleva un total de 20 mil firmas, superando la meta que tenía la comunidad para la zona, que era de 12 mil.

Argumentos

Sonia Heredia, miembro de la Comunidad Cristiana de Calama y además coordinadora de la campaña en la zona, dice que a través de la recaudación de firmas se dieron cuenta que los loínos tienen mucho desconocimiento con respecto a esta ley.

"Nosotros empezamos a estudiar esta ley, ya que sabemos que es un tema sensible. Esta ley tiene muchos vacíos. La primera y segunda causal no tiene plazos para interrumpir el embarazo. Una mujer podrá abortar hasta los 6, 7 meses o incluso antes del trabajo de parto y eso la gente no lo sabe", asegura Heredia.

De la misma forma, dice que la primera causal no justifica una ley de este tipo, ya que "en Chile la tasa de mortandad maternal es la segunda más baja del mundo después de Canadá. Chile tiene una excelente respuesta en cuanto a cuidado pre y post natal", dice la coordinadora.

De la misma forma, en cuanto a la inviabilidad del feto, Sonia Heredia, explica que en Chile sólo existen 17 médicos especialistas para realizar tal intervención y que de éstos, 15 están en Santiago, por lo que sería un riesgo para aquellas madres de regiones. "No existe el soporte médico en nuestro país, no estamos preparados para una ley como esta", afirma Sonia Heredia.

Violación

Los miembros de la Comunidad Cristiana coinciden en que el mayor peligro se encuentra en la tercera causal, ya que las mujeres podrán abortar hasta las 12 semanas de gestación y cuando son menores de 14 años hasta las 14 semanas.

La concejala de Calama y también miembro de la comunidad, Dinka López, recalca que esta causal es la más preocupante, ya que "no hay forma de verificar que la mujer efectivamente fue violada a las 12 semanas de gestación, por lo que cualquier mujer podrá decir que fue violada y abortar", dice la concejala.

A su parecer, lo que debería hacer el gobierno es profundizar las políticas públicas de sexualidad, porque con esta ley no se está protegiendo los derechos de los niños y a su parecer, es lo más preocupante.

Sonia Heredia, recalca que además la ley protege al violador, ya que no hay medidas contra él en el proyecto. De la misma forma, asegura que está comprobado que el violador se encuentra inserto en el entorno de la víctima, por lo que creen que la mujer - debido a que esta persona la seguirá violando- intentará abortar cada vez que quede embarazada del violador, algo que sería un peligro.

Finalmente, hacen un llamado a los senadores Alejandro Guillier y Pedro Araya para que los escuchen, respaldados en las 20 mil firmas reunidas y aclaren la postura que tienen ellos producto de este proyecto de ley.

En abril esperan desarrollar un seminario en Calama con médicos y abogados quienes discutirán la temática del aborto. "Hacemos un llamado a la población a informarse sobre la ley, las consecuencias del aborto y asimismo, a proteger la vida de los indefensos", concluye Sonia Heredia.

A seis meses del inicio de los planes piloto de fomento productivo, los principales actores del nivel regional y central se reunieron a analizar la experiencia que forma parte de la Agenda de Descentralización del Gobierno, y que por primera vez, traspasa competencias, esta vez en fomento productivo, lo que ha permitido crear nuevas divisiones al interior de los gobiernos regionales.

El primer Encuentro Interministerial y Regional de Seguimiento y Evaluación del Proceso de Pilotaje en Fomento Productivo fue inaugurado en el Palacio de La Moneda, por el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, además de los intendentes de Antofagasta, Biobío y Los Ríos, Valentín Volta, Rodrigo Díaz y Egon Montecinos, respectivamente, el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán y el gerente general de Sercotec, Bernardo Troncoso.

La transferencia de competencias está regulada en el proyecto de ley sobre fortalecimiento de la regionalización que actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Este dispone que las materias posibles de transferir son fomento de las actividades productivas, infraestructura y transporte, desarrollo social y humano.

A la fecha, se ha trabajado en tres grande ejes. Se han creado las Mesas Ejecutivas Regionales, lideradas por el intendente e integradas por las autoridades públicas del ámbito de desarrollo productivo de la región; se crearon las nuevas Divisiones de Fomento e Industria, integrado a los respectivos gobierno regionales, un equipo de tres profesionales, uno cumpliendo funciones como jefe de división de fomento e industria y dos especialistas de apoyo; y finalmente se crearon los Comités de Desarrollo Productivo (CDPR), instancias público-privadas encargadas de administrar y asignar, vía consejo directivo, los recursos a los 24 instrumentos transferidos desde Corfo y Sercotec.

Al respecto, el intendente de Antofagasta, Valentín Volta, argumentó que "esta etapa ha sido exitosa y debiera ser evidentemente así la ejecución. Se ha creado toda la institucionalidad, con los comités de fomento productivo, públicos, privados, académicos, ya están creados, y en funcionamiento. Hay un alineamiento entre lo que son las organizaciones empresariales, los representantes académicos y las instancias de gobierno vinculadas al desarrollo económico productivo de la región, están todos alineados hablando el mismo idioma y tal vez un gran desafío es el análisis estratégico de desarrollo económico productivo de las regiones por los próximos 15 o 20 años".