El fiscal nacional Jorge Abbott reiteró ayer que es necesario que exista una acción penal del Servicio de Impuestos Internos (SII) para solicitar una audiencia de formalización por delitos tributarios.

Esto a pesar de que el 31 de marzo recién pasado, el fiscal regional Oriente a cargo del caso Penta, Manuel Guerra, anunció que formalizará al ex candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne en el marco de ese caso, aunque el SII no ha presentado una acción legal en su contra.

Abbot afirmó ayer que "la regla general es que es necesaria la denuncia o la querella por parte del SII", con el fin de imputar cargos en contra de las personas mencionadas en la acción.

Pese a esto, explicó que "hay situaciones excepcionales en las cuales es posible que el Ministerio Público pueda formalizar la investigación producto de la necesidad, por ejemplo, de interrumpir la prescripción si es que el Servicio (de Impuestos Internos) no se ha pronunciado respecto de la persona y está pronto a vencer el plazo".

"Otra situación, también distinta, dice relación con personas respecto de las cuales el organismo se ha querellado en relación a ciertos hechos, pero luego, producto de la investigación, aparece la comisión de otros delitos tributarios que no están mencionados en las denuncias del SII", agregó el jefe del Ministerio Público.

"En ese caso, también estimamos que podemos formalizar no solo respecto de los hechos denunciados, sino también de aquellos que han sido determinados producto de la indagatoria", sentenció.

Abbott negó que haya discrepancias de criterios con aquellos persecutores que han decidido formalizar sin la existencia de una querella nominativa del SII. "No hay ninguna discrepancia ni diferencia entre lo que han hecho los fiscales regionales y lo que se ha planteado desde la Fiscalía Nacional", aseveró.

Por su parte, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, negó que exista un "sesgo político", a raíz de la decisión de formalizar por el delito de cohecho a Pablo Longueira.

"Son 19 las aristas que importa la causa SQM, evidentemente los tiempos son distintos. Acá no hay un sesgo político de que vamos a trabajar una línea de investigación en desmedro de otra", sostuvo.

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, respaldó la denuncia que hicieron 281 funcionarios de la institución, respecto a las denuncias que han recibido en la Región de La Araucanía. Esto luego de que un hombre, que ya está identificado, publicara en redes sociales mensajes acerca de hacer efectiva la ley del talión (de reciprocidad). "Nosotros, como institución, no aceptamos este tipo de amenazas, venga de quien venga y de lo que sea, por consiguiente se presentaron las 281 querellas y ya vamos a llegar cerca de las 350", dijo Villalobos. Las denuncias será investigadas por el fiscal jefe de Carahue, Luis Torres. El intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, anunció ayer que presentará una querella ante los tribunales de Loncoche "contra una persona que ha hecho a través de las redes sociales amenazas a los familiares de Carabineros. Vamos a invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado por estas amenazas, por incitación a la violencia".

Carolina Collins

Durante la jornada de ayer continuó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia para revisar la suspensión condicional del procedimiento que el Ministerio Público acordó con los seis imputados por el caso Tsunami.

En la audiencia de ayer se suponía que continuarían las declaraciones de los querellantes en la causa, que rechazaron el lunes el acuerdo propuesto por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Sin embargo, solo una persona -Olimpia Palacios, familiar de una de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010-, pudo entregar su testimonio. Con eso hay 34 personas que han entregado su versión de los 141 querellantes.

Esto porque la mayoría de los querellantes tuvieron que viajar a Santiago el lunes desde Constitución, Dichato y otras zonas afectadas por la catástrofe, y no contaban con facilidades de alojamiento y transporte para quedarse en la capital.

Raúl Meza, abogado querellante, acusó que hubo un grave incumplimiento de parte de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, que eran los encargados de asegurar recursos para que la gente que no alcanzó a entregar su testimonio el lunes, pudiera hacerlo en los días posteriores.

"Esa es la unidad que tiene que hacerse responsable del traslado y de los costos de alimentación y de mantención de las víctimas en este caso para que preste declaración", dijo el profesional.

El fiscal José Luis Pérez Calaf aseguró "el Ministerio Público se hizo cargo y ninguno de los querellantes, ni formal ni informalmente, nos hizo ver que tuvieran alguna dificultad".

La parte querellante iba a pedir la suspensión de la audiencia, lo que fue descartado por la jueza Carolina Gajardo.

El fiscal nacional Jorge Abbott respondió a las quejas y explicó que el número de víctimas de la querella es menor, por lo que "es posible que las personas a las que se refieren no estén incorporadas en la acusación y por esto no tengan el apoyo del Ministerio Público".

La audiencia será retomada hoy a las 9.00 horas, y en ella la Fiscalía y la defensa de los imputados, argumentarán a favor del acuerdo que ha sido rechazado por los querellantes, que busca evitar llegar hasta el juicio oral.

En la causa están imputados el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.

La Cámara de Diputados declaró admisible ayer el proyecto presentado por la bancada PC-IC, para anular el polémico artículo de la ley del royalty minero que libera a las empresas chilenas de pagar impuestos hasta 2025. El artículo fue cuestionado luego de que se conociera que había sido redactado a partir de los correos intercambiados entre el ex senador Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. A pesar de que en primera instancia la moción había sido rechazada, los diputados la sometieron a votación ayer y fue admitido por 29 votos a favor, 23 en contra y una abstención.

La Cámara de Diputados despachó ayer el proyecto que modifica el plazo para la realización de las elecciones primarias municipales, que vencía el próximo 5 de junio y ahora quedó para el 19 del mismo mes. La iniciativa, que fue ingresada ayer por el Gobierno, fue aprobada 106 votos a favor, dos en contra y una abstención y despachada al Senado. El proyecto además establece que "el plazo para formalizar los pactos y subpactos electorales de concejales vencerán a las veinticuatro horas del día 20 de abril del año 2016" y no mañana como estaba fijado. La iniciativa fue ingresada luego de que el Congreso aprobara el 24 de marzo una ley que modificó los plazos para presentar las candidaturas a alcalde, disminuyéndolos a 40 días antes de la fecha de las primarias. El Servicio Electoral (Servel) manifestó que ese plazo no era suficiente para preparar las elecciones primarias, por lo que el Gobierno envió el proyecto aprobado ayer.