Daniela Valdés G.

Serios incidentes ocurrieron ayer en la toma ilegal en el sector Frei Bonn, los cuales consistieron en barricadas y quemas de neumáticos por parte de los habitantes, tras una visita que realizó un funcionario regional de Bienes Nacionales que estaba a cargo de la georreferenciación del lugar.

Hechos

Según Osvaldo Villalobos, jefe de gabinete de la gobernación de El Loa los incidentes se iniciaron cuando se realizaba la georreferenciación del terreno donde se ubica la toma, proceso necesario para cumplir con el pronto desalojo.

Para ello, el funcionario tuvo resguardo policial, lo cual incitó a que los habitantes reaccionarán sacando neumáticos.

Sin embargo, no hubo mayor accionar, pero la situación cambió en horas de la tarde, donde se concretó la quema de neumáticos y barricadas.

Hasta el cierre de esta edición no hubo detenidos.

Paralelamente, dirigentes de la toma se reunieron en la gobernación para manifestar la necesidad de un desalojo consensuado y pacífico, intención que no sería similar en el resto de los habitantes de la toma.

Desalojo

El gobernador, Claudio Lagos, especificó que tienen programado el desalojo para fin de mes, "queremos que el proceso se realice de forma pacífica y tranquila".

Agregó que "nosotros como organismo estamos dispuestos a ayudar en lo que sea necesario a las personas de la toma, para que puedan acceder a subsidios habitacionales o en lo que se refiere a traslado de sus bienes".

Por su parte, el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, hizo un llamado a las personas que se encuentran en dicha toma a que se acerquen a las oficinas de vivienda social dispuestas por el municipio, para encontrar pronta solución a sus necesidades.

Cabe destacar que los pobladores ya están siendo notificados de la medida, y se espera que voluntariamente abandonen el terreno, sin necesidad de fuerza pública.

Una vez realizado el desalojo, el terreno será dispuesto para viviendas sociales, parques e incluso se está contemplando la instalación de una subcomisaría.

Estos proyectos están evaluación, comentó el gobernador Lagos.

Poco más de un centenar de trabajadores despedidos, correspondiente al 7% de su dotación propia confirmó ayer Minera Spence como parte de sus esfuerzos por rebajar costos de operación. La medida anunciada por la compañía fue rechazada en duros términos tanto por el sindicato de trabajadores de la firma como por la Federación Minera de Chile (FMC).

Según relató el presidente de la organización sindical, Ronald Salcedo, "durante la mañana de este martes la empresa comenzó a comunicar los despidos, incluso se contrató a un notario que este martes permaneció en faena con la finalidad de apresurar el proceso de firma de los respectivos finiquitos, en lo que nos parece un nuevo abuso de minera Spence, toda vez que se trata de impedir que los trabajadores revisen detenidamente las condiciones y términos del cese de la relación laboral".

Reacciones

Gustavo Tapia, presidente de la FMC -que agrupa a 18 sindicatos de la gran minería privada- indicó que "creemos que los abusos de las empresas mineras ya llegaron a un límite, por lo que hacemos un llamado a los trabajadores a manifestarse en defensa de nuestros intereses".

A las desvinculaciones anunciadas ayer se suman a una serie de episodios ocurridos en varias empresas mineras como El Abra, Escondida, El Peñón y las operaciones de Antofagasta Minerals, todas con el objetivo de reducir costos ante la baja experimentada por el metal rojo.

Desde Pampa Norte -división administrativa de BHP Billiton a la que pertenece Minera Spence- comentaron que "como parte del plan de optimización de costos, Spence se vio en la necesidad de realizar un ajuste de dotación cercano al 7%, correspondiente a trabajadores y profesionales de distintas áreas".

Asimismo, detallaron que la empresa ha venido implementando los últimos años una serie de iniciativas para aumentar la eficiencia operacional y mantener su competitividad.

"Esos esfuerzos van en la línea correcta pero lamentablemente no han sido suficientes. De esta forma y entendiendo que se trata de una decisión difícil, se contempló un plan de salida con condiciones especiales para las personas que dejaron la compañía", finalizó la minera.

El mejoramiento de los sistemas de comunicaciones de emergencia se transformó en una de las grandes deudas de Onemi y el Gobierno Regional.

En efecto, durante los últimos cinco años, tres proyectos intentaron corregir falencias críticas en este importante campo de la protección civil, pero ninguno llegó a puerto, situación que claramente afecta las capacidades para reaccionar en caso de una urgencia.

En mayo de 2011 el Core aprobó $527 millones para la compra de equipos de radio, teléfonos satelitales y dos repetidoras para las comunas de Taltal y Sierra Gorda. La iniciativa tras una larga postergación por razones administrativas, terminó siendo retirada en 2013.

Ya en 2014 Onemi anunció un segundo proyecto, más grande que el anterior, surgido luego de varios meses de trabajo conjunto con técnicos del nivel central, el cual apuntaba a normalizar totalmente el tema de las comunicaciones.

Según se informó en aquella ocasión, el proyecto, avaluado en $1.700 millones, contemplaba la instalación de repetidoras, la compra de teléfonos satelitales y una importante inversión en equipos de radio para solucionar el problema de las "zonas de silencio" que existen en la región.

La iniciativa, sin embargo, topó con nuevas dificultades técnicas y de formulación.

De esta forma se llega a febrero de 2015, fecha en que el Core nuevamente aprueba un proyecto en esta área. Se trataba de la compra de 40 teléfonos satelitales por $88 millones, equipos que serían distribuidos entre organismos de emergencias y servicios públicos. Esta última iniciativa, ya cumplió catorce meses con recursos aprobados, pero sin que el Gobierno Regional formalice el llamado a licitación.

Aunque en Onemi afirman que la región cuenta con sistemas de comunicaciones que funcionarían en caso de emergencias, hay quienes piensan que el sistema tiene brechas.

Gabriel Quezada, exdirector de Onemi y actual consultor en temas de seguridad, explicó que hoy el 60% del territorio local carece de comunicación radial debido a la falta de estaciones repetidoras, lo que dificultaría hacer diagnósticos oportunos y coordinar ayuda.

El actual director de Onemi, Ricardo Munizaga, explicó que las zonas de silencio efectivamente son una preocupación para el organismo, y es por eso que ya se trabaja en un nuevo levantamiento para determinar dónde están y cómo solucionar el problema.