El último informe estadístico de transporte aéreo comercial que elabora cada mes la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), estableció que el aeropuerto El Loa de Calama, representó el 12,4% del total de pasajeros nacionales aerotransportados durante el periodo enero-marzo de 2016, con 362.692 personas.

Resultado que se traduce en 34.167 pasajeros más en relación a igual periodo del año 2015, en que aterrizaron o despegaron 328.525 personas.

Primer trimestre en que Santiago sigue siendo el principal destino de los vuelos que salen y llegan a la comuna, con 355.040 pasajeros (12,1% del total nacional de vuelos domésticos), 40.624 más que en igual periodo del año pasado, lo que representa un 8,7% de aumento, detalla la Junta.

El segundo destino de los vuelos que despegan desde El Loa es La Serena, con 7.652 personas, lo que representa el 0,3% del total nacional.

Como contrapartida, las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y Concepción, dejaron de figurar entre los destinos que se conectaban con el terminal aéreo loíno, al no registrar vuelos.

Con estos resultados el aeropuerto El Loa, sigue siendo el tercero más importante después del Arturo Merino Benítez de Santiago y el Andrés Sabella de Antofagasta.

Resultados nacionales

A nivel nacional, el informe del tráfico doméstico de pasajeros de la Junta de Aeronáutica Civil consignó que en el periodo enero-marzo fueron transportados 2.928.353 pasajeros dentro de Chile, con un crecimiento del 8,3%, en comparación con igual periodo del año 2015.

En marzo, en tanto, fueron transportados 899.620 pasajeros, con un crecimiento del 9,5%, en comparación con igual periodo del año 2015.

En el periodo enero-marzo, además, fueron transportados 2.348.597 pasajeros con origen o destino internacional, con un crecimiento del 8,9%, en comparación con igual periodo del año 2015. Mientras que en marzo fueron transportados 729.794 pasajeros con origen o destino internacional.

Una denuncia por vulneración de derechos fundamentales fue presentada ayer en el tribunal laboral, patrocinado por los abogados Rodrigo Arismendi y Carlos Orellana, por el ex presidente y fundador del Comando de Trabajadores Unidos (CTU), Miguel Véliz, quien fue despedido en marzo pasado por la administración de la división Chuquicamata de Codelco.

Sobre el caso de Véliz, el dirigente del sindicato N°3 e integrante del CTU, Héctor Milla, dijo que "se ha actuado con ensañamiento y sobre seguro, ya que durante tres años se le persigue hasta encontrar la forma de despedirlo. Indicar que, agotadas las instancias protocolares y siguiendo todos los conductos regulares que con la administración se debería tratar, los resultados de esta defensa no dio resultados positivos, ya que solo se encontró una postura dura y humillante de parte de la administración".

Derechos del trabajador

Los abogados demandantes, Rodrigo Arismendi y Carlos Orellana, en tanto, explicaron que los principales hechos que fundamentan la demanda dicen relación "con la grave afectación a los derechos constitucionales del trabajador, el cual ha sido perseguido laboralmente por la empresa durante un tiempo prolongado, estos hechos en que ha incurrido la empresa constituyen las manifestaciones más grave de menoscabo, menosprecio y vulneración que un trabajador puede soportar, ya que han sido por lo menos un par de años en que la empresa, ha venido realizando investigaciones sin fundamento alguno a las actividades de nuestro representado".

"No conforme con ello, añadieron, las acciones de la empresa se han extralimitado al mero ámbito laboral y de hecho han realizado acciones que simplemente son intolerables en una empresa del Estado, la cual tiene una responsabilidad social más grande que otras y por lo mismo debe mantener un trato respetuoso a sus trabajadores".

Por su parte, Miguel Véliz dijo que pese a estar "muy afectado" con lo ocurrido, se siente confiado en cuanto a la intervención que tendrán sobre el particular los Tribunales de Justicia en este caso, "pues se han puesto todos los antecedentes en su conocimiento, y son ellos, quienes desde un plano objetivo e imparcial deberán resolver acerca de la improcedencia de su despido y si fueron o no vulnerados sus derechos fundamentales".

Cristián Venegas M.

El fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el aspecto de la reforma laboral relativo a la titularidad sindical, constituye un revés a un texto clave del proyecto de ley, expresó el senador por la región de Antofagasta, Pedro Araya, quien aseguró que sin ese aspecto la reforma constituiría un retroceso para el objetivo de fortalecer los sindicatos.

Critica con la que coincidió el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, quien detalló que la titularidad sindical opera en una serie de países desarrollados, como Alemania, por ejemplo, donde no se permiten los grupos negociadores como sucede hoy en Chile, pues no tienen poder negociador ni atribuciones.

Mala noticia

El senador Araya dijo que el fallo apuntó al "corazón" de la reforma y es "una muy mala noticia, porque sin la titularidad sindical no tiene mucho sentido buena parte de las modificaciones aprobadas de la reforma. Hoy el código permite que existan los sindicatos y en paralelo lo que se llaman los grupos negociadores", figura con la que la reforma laboral esperaba terminar.

Como contrapartida, agregó el parlamentario, se aumentó el número mínimo de socios para conformar un sindicato y se permiten los grupos que negocian en paralelo al sindicato. "A mi juicio la reforma laboral no puede quedar como está, porque se perdió la titularidad sindical y se aumentó el quórum. Si la reforma queda como está, desde ningún punto de vista va a fortalecer a los sindicatos, sino que al contrario, va a desincentivarlos", analizó.

Veto presidencial

Consultado el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, sobre el fallo del TC y la manera en el que el Gobierno puede revertirlo, dijo que "tiene herramientas para revertirlo, pero lo más importante es que el Gobierno tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, y podría vetar el proyecto de ley, presentar uno nuevo y pedir su tramitación urgente, rápida".

Díaz, sobre la inconstitucionalidad de la titularidad sindical y la importancia de ese texto, explicó que este aspecto "establecía que sólo podían negociar colectivamente las personas que se organizan en sindicatos y con eso tener derecho a fuero, a ejercer a huelga, tener derechos especiales, como sucede en Alemania, por ejemplo, y no los grupos negociadores".

"Esto no incentiva la creación de sindicatos, que son organizaciones permanentes, que asumen responsabilidades, en los que se pagan cuotas, que representan a los trabajadores y que pueden construir y suscribir acuerdos", agregó.

Otro aspecto rechazado fue la extensión de beneficios o la propiedad de beneficios, "es decir, lo que se negocia, lo que se construye es propiedad de los sindicatos, por lo tanto, se les entregan los beneficios de la organización a los trabajadores si son miembros del sindicato y si el empresario quiere extenderle los beneficios a los que no son parte del sindicato se requiere un acuerdo con la organización sindical, porque esto fue durante 35 años la práctica que utilizaron los empresarios para que la gente no se sindicalizara", dijo.