El Presidente de EE.UU., Barack Obama, advirtió ayer, en referencia al virtual nominado republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que ser Mandatario del país "es un trabajo serio" y no "un entretenimiento", al subrayar la necesidad de que las propuestas de los candidatos sean "plausibles".

"Esto no es entretenimiento. Esto no es un 'reality show'. Esto es una competencia para ser Presidente de EE.UU.", aseveró el gobernante en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en referencia a la carrera televisiva de Trump como presentador del programa "El Aprendiz".

"(Trump) tiene un largo historial que necesita ser examinado. Es importante para nosotros tomar en serio las declaraciones que ha hecho en el pasado", aseguró Obama, quien llamó a los periodistas a que informen claramente sobre las propuestas del magnate.

El Presidente reiteró que "cada uno de los candidatos necesita ser sujeto de cierto escrutinio", y los ciudadanos deben saber cuáles son sus propuestas y el impacto que puedan tener.

"Si los estadounidenses son informados de manera efectiva sobre qué apoya el candidato, (...) creo que nuestra democracia funcionará", alegó Obama.

"Estoy preocupado sobre cómo la información está enfatizando el espectáculo y el circo. Los estadounidenses tienen un buen juicio mientras tengan acceso a la información correcta", reiteró.

El Mandatario sugirió que la posición del magnate inmobiliario, que nunca ha ocupado cargos políticos antes, en asuntos internacionales "podría poner en riesgo el mundo", así como las relaciones de EE.UU. con sus mayores aliados.

Trump se convirtió esta semana en el virtual candidato republicano a la Casa Blanca después de su aplastante victoria en las elecciones primarias de Indiana. El jueves, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dio un giro inesperado al anunciar que "no está listo" para respaldar al aspirante, convirtiéndose de esta forma en el líder de la rebelión de su partido contra el magnate.

Mabel González / Agencias

Una comisión del Senado de Brasil aprobó ayer el informe que recomienda la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la Presidenta de ese país, Dilma Rousseff, lo que será decidido la próxima semana por el pleno de la Cámara Alta.

El informe favorable a poner fin al mandato de la Presidenta fue aprobado por 15 votos a favor y cinco en contra, y pasará ahora al pleno de los 81 senadores, que por mayoría simple definirá si la causa es archivada o si se instaura el juicio político, que en principio separaría a Rousseff del poder por 180 días.

Ese periodo representa lo que pudiera durar el proceso, durante el cual Rousseff sería sustituida en forma interina por su Vicepresidente, Michel Temer, que desde hace semanas ya estudia la conformación de un eventual nuevo Gobierno.

Hasta ahora, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, está previsto que la votación definitiva en el pleno de la Cámara Alta se realice este miércoles, jornada que podría convertirse en el último día de Rousseff en el poder, al menos durante los próximos seis meses.

Si el eventual juicio político concluyera con la destitución de la Mandataria, Temer completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si fuera absuelta, Rousseff retomaría el cargo una vez que concluya el proceso.

De las 15 formaciones presentes en la comisión, que tuvo 21 miembros e igual número de suplentes, 12 se pronunciaron en favor de aprobar el informe del instructor, Antonio Anastasia, que propone la instauración de un juicio con miras a la destitución de Rousseff.

Solo se opusieron el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los partidos Comunista do Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT), dos de las pocas formaciones que aún permanecen en la menguada coalición que respalda a la Mandataria.

Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de "maquillar" sus resultados fiscales, que la defensa de la gobernante niega y considera unas meras "faltas administrativas".

Según el informe aprobado ayer, sin embargo, esas maniobras violaron numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público.

La comisión debatió durante diez sesiones los méritos jurídicos de las acusaciones formuladas contra la Presidenta y descartó por completo los alegatos de su defensa, así como rechazó que el proceso pueda suponer un "golpe de Estado", como sostiene Rousseff.

"Este proceso es justamente un mecanismo constitucional que previene de rupturas institucionales", dice el documento.