Cristián Venegas M.

Ayer se constituyó en la Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora sobre cuencas hidrográficas, glaciares y salares, instancia que será presidida por el diputado Marcos Espinosa y que durante los próximos 90 días revisará el rol fiscalizador que han ejercido los organismos del Estado, en el uso de los recursos hídricos por parte de las empresas mineras. Proceso que además considera un catastro de este elemento en la zona.

Trabajo de investigación

El diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, detalló que lo que busca esta instancia parlamentaria es determinar es si la institucionalidad tiene competencia en materia de preservación, sustentabilidad y fiscalización de los recursos hídricos del país, lo que ha quedado en entredicho, por ejemplo, con lo sucedido en el salar de Punta Negra, cuyo ecosistema está gravemente dañado por la extracción de agua.

"Esta comisión tiene un mandato de la sala para sesionar durante 90 días, recabando información e invitando a distintas organizaciones, centros de estudio, organizaciones no gubernamentales, alcaldes, pero sobre todo a los distintos servicios que tiene el Estado en materias relacionadas con la preservación, fiscalización y regulación de los recursos hídricos disponibles en Chile, sean estos glaciales, salares, cuencas hidrográficas, humedales y bofedales", detalló.

Sobre este último punto, Espinosa dijo que "la comisión investigadora tiene entre sus grandes objetivos: primero, ver si los organismos públicos con competencia en la materia de recursos hídricos están ejerciendo el rol de fiscalización para el cual fueron creados y mandatados por la ley".

Instituciones entre las que figuran la Dirección General de Aguas (DGA); la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la Corporación Nacional Forestal (Conaf); el ministerio de Medio Ambiente y el de Obras Públicas, entre otras.

En segundo lugar, agregó el congresista, la instancia tiene como objetivo "obtener una fotografía actualizada de la cantidad de recursos hídricos del país, un catastro, sobre todo en aquellas regiones con estrechez hídrica como es el caso de la Segunda región y especialmente de la provincia El Loa".

Como tercer objetivo, apuntó el diputado del Tercer Distrito, la comisión tendrá como objeto poner en discusión el conjunto de proyectos de ley atingentes a esta materia que están en las comisiones de Recursos Hídricos, Minería, y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que dicen relación con las debilidades del Código de Aguas y el Código Minero en relación a la preservación y sustentabilidad de los recursos hídricos disponibles.

El Plan de Egreso Programado y Voluntario acordado en diciembre de 2012 por la administración de Codelco Chuquicamata y la dirigencia sindical en el marco de su convenio colectivo y que rige desde marzo de 2013, cerró en abril de este año con 915 trabajadores desvinculados y otros 223 inscritos para retirarse dentro de los próximos ocho meses que restan del año.

Cifras que totalizan 1.138 trabajadores, que representan un 53% de la meta de la empresa para este proceso de 2.151 personas. Aunque en la división aún se desempeñan 500 personas del denominado Grupo 2, que integran los trabajadores jubilados y jubilables, por lo que el porcentaje podría aumentar de aquí a diciembre.

El dirigente del sindicato N°1, Jaime Graz, cree que estas cifras no cumplieron con las expectativas que tenía la empresa por tres factores, primero, porque durante la administración de Thomas Keller se entregaron incentivos que no estaban pactados en el convenio colectivo, los que se suspendieron con el arribo del presidente ejecutivo Nelson Pizarro.

Una segunda derivada es el momento económico que vive el país, que coincide con el término del súper ciclo del cobre y el proceso de ajuste de la gran industria minería. A lo que el dirigente suma otro factor, las bajas pensiones que entrega el sistema de AFP, lo que, a su juicio, ha vuelto mucho más precavidos a los trabajadores de Chuquicamata.

Incentivos adicionales

Sobre los incentivos adicionales que entregó la administración Keller, que incluso derivó en despidos y multas a ejecutivos de la empresa, el presidente del sindicato N°3, Hernán Guerrero, dijo que "eso generó una gran desmotivación entre los trabajadores, quienes consideraron que esto fue injusto, que se discriminó entre uno y otro, reevaluó su decisión y finalmente, muchos de ellos, optaron por no irse". Impulso que fue tal, asegura Guerrero, que incluso se acogió a retiro gente que no cumplía con los requisitos "por ninguna parte", lo que fue "cortado de plano por la administración".

El seremi de Minería, Cristián Montesinos, se reunió ayer con los vecinos y dirigentes sociales que solicitaron una audiencia con la ministra Aurora Williams a través de la Ley del Lobby. Encuentro que estuvo marcado por el malestar de los participantes por la aprobación que otorgaron las autoridades regionales a la ampliación del tranque de relaves de Talabre.

En la oportunidad, los vecinos le solicitaron a Montesinos, con quien se reunieron en la sede de la Red de Mujeres de El Loa, responder a cinco puntos, entre ellos visitar en conjunto el sector del proyecto de Radomiro Tomic de Codelco. Lo que el seremi debe analizar.

Sobre el encuentro, Montesinos dijo que hoy las autoridades no se pueden abstraer de las solicitudes que hace la ciudadanía, pues existe una ley que establece plazos y protocolos y que lamentablemente la cita con los vecinos coincidió con el viaje de la ministra Williams en la gira presidencial a Europa.

Función que delegó al seremi de Minería, quien expresó que "hemos escuchado a la ciudadanía, sus planteamientos, porque independiente que existen los proceso de validación interna y procesos estrictamente reglados en el proceso de evaluación ambiental; consideramos que es un deber de la autoridad escuchar a los grupos de interés".

En lo referente al proyecto de ampliación del tranque, el secretario regional dijo que en enero de este año la iniciativa recibió la calificación ambiental favorable y de forma unánime, básicamente, porque técnicamente cumplió con la norma establecida en la ley.

De todas formas, Montesinos dijo que el malestar de los vecinos constituye un desafío para Codelco, porque hoy las comunidades exigen un trato distinto, que más allá, ciertamente, de lo que la normativa establece en estos casos.