Mabel González

El empresario y ex cliente de la empresa Caval, Gonzalo Vial Concha, se querelló por el delito de estafa ante el Tribunal de Garantía de Rancagua. El escrito no individualiza a los supuestos culpables, sino que va dirigido "contra quienes resulten responsables".

Según el portal T13.cl, la acción del dueño de Graneles de Chile apuntaría a eventuales engaños por parte de Natalia Compagnon, socia de Caval y nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.

Entre 2012 y 2013, Vial Concha pagó casi $ 1.200 millones a Caval por varias asesorías, algunas de ellas relacionadas con proyectos mineros y portuarios, "y también por diversos estudios comerciales en relación a un terreno de 24 hectáreas que tengo en Rancagua", según dijo el empresario en la declaración que entregó al fiscal Sergio Moya en junio pasado, luego del estallido del caso Caval, donde se investiga supuesto tráfico de influencias.

En su testificación, el empresario acusó "extorsiones" por parte de Compagnon, quien fue formalizada en enero pasado por delitos tributarios.

De acuerdo con Vial Concha, a la socia de Caval le entregó "información de mis negocios y también dificultades comerciales y familiares que impactaban en los resultados de mis negocios. De este modo, Natalia pudo acceder a información de carácter estrictamente privado, tanto personal como de mi familia".

El propietario de Graneles de Chile aseguró ante el persecutor que la cientista político llegaba a las reuniones con información contenida en "supuestos correos electrónicos, que hacían alusión directamente a maquinaciones de terceros en contra de mis negocios o cuyo propósito era afectar sus resultados. Según ella, el origen de esos documentos era gente especializada en su empresa Caval que en parte se dedicaba a la informática".

"Me he dado cuenta que todos estos documentos pueden ser parte de un engaño cuyo único propósito era obtener dinero por parte de mis empresas", agregó en su declaración.

El abogado de Compagnon, Felipe Polanco, descartó en enero pasado esas acusaciones, señalando que la nuera de la Presidenta "no extorsionó ni presionó de manera ilícita alguna al empresario Gonzalo Vial Concha".

Fuentes judiciales dijeron en ese entonces que esos documentos habrían sido entregados por el ex colaborador de Caval, Victorino Arrepol, al otro socio de la empresa, Mauricio Valero, quien habría sido el encargado de hacérselos llegar a Compagnon.

En febrero pasado, el ex cliente de Caval entregó al Ministerio Público un archivador con documentación que daría cuenta de su denuncia, donde había cerca de 350 documentos, entre los que se encontraban correos electrónicos e información bancaria.

$ 1.200 millones

pagó Gonzalo Vial Concha a la sociedad Caval por diversas asesorías. 350

el número de documentos que entregó el empresario a la Fiscalía para respaldar su denuncia de "extorsión".

Las medidas cautelares contra el desaforado senador Jaime Orpis por el caso Corpesca quedaron ayer en suspenso luego de una extensa presentación de sus abogados defensores, que se prolongó por más de diez horas entre jueves y viernes.

La audiencia continuará el lunes a las 9.30 horas, oportunidad en que la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ana Emilia Ethit, terminará de escuchar los alegatos de los defensores Sergio Rodríguez y Carlos Cortés, y después dará paso a las réplicas.

La fiscal Ximena Chong, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) pidieron para el parlamentario la medida cautelar de prisión preventiva por los delitos tributarios y fraude al Fisco que le imputa el Ministerio Público.

Los abogados del legislador aseguraron que los delitos atribuidos a su representado, considerando las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial a la investigación, no consideran penas efectivas de cárcel. Por lo tanto, dijeron, no se sustenta la necesidad de cautela de prisión preventiva.

Ello porque -según expusieron- el legislador nunca incurrió en delitos de cohecho ni actuó ante el Senado en representación de los intereses de Corpesca, ya que al momento de votar proyectos de ley, Orpis siempre lo hizo "siguiendo el acuerdo político o las recomendaciones, en la medida de su criterio personal".

La defensa agregó que en los años que son materia de la indagatoria no existía en Chile una Ley de Lobby, por lo que era parte de la cultura legislativa de ese entonces que los parlamentarios se reunieran con diversos actores, tanto del mundo sindical como empresarial, de manera formal o informal.

De esta forma justificaron los correos con minutas enviados por el ex ejecutivo de Corpesca, Francisco Mujica a Orpis, agregando que es en este escenario donde se le enviaban propuestas de indicaciones a su representado.

Parlamentarios de Chile vamos anunciaron que este lunes acudirán a la Contraloría General de la República debido a la querella por injurias y calumnias que presentó la Presidenta Michelle Bachelet en contra de la revista Qué Pasa a raíz de la divulgación de unas conversaciones telefónicas que la vinculaban con el caso Caval.

El diputado de RN José Manuel Edwards explicó que solicitarán un pronunciamiento del ente fiscalizador respecto de si la acción penal de la Mandataria transgrede alguna norma, ya que dos funcionarios de Gobierno fueron designados como testigos. Estos son la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, y el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz.

"La ley de base general de administración del Estado dice que todos los funcionarios, sin excepción, tienen que cumplir con la probidad administrativa y cuando un grupo de funcionarios realiza acciones para beneficiar a un tercero o a un particular está incurriendo en una falta grave a la probidad", argumentó Edwards, citado por radio Cooperativa.

"Por lo tanto -agregó-, los ministros que han defendido a la Presidenta Bachelet en una querella supuestamente como ciudadana están utilizando su tiempo y su influencia para dar un beneficio personal a la Presidenta".

La Moneda ha asegurado que el libelo fue presentado por la gobernante en calidad de ciudadana, pero han surgido cuestionamientos debido a que fue el ministro Díaz quien informó el ingreso de la querella y a que en el documento, Bachelet fijó como domicilio el del Palacio de La Moneda.

La acción penal ha sido cuestionada también por algunos sectores del oficialismo y por organizaciones como la Asociación Nacional de la Prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Colegio de Periodistas y el Instituto de Derechos Humanos.

Ayer, en su edición en papel, la revista Qué Pasa dijo "lamentar" la decisión de la Mandataria. "Lamentamos que la Presidenta se haya inscrito en la historia como la primera gobernante en querellarse contra un medio de comunicación y contra periodistas desde el retorno de la democracia. Con esto ha pasado a unirse a una lista de gobernantes latinoamericanos en la misma senda: Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Fernández", indicó el medio.