Después de meses de concientizar a la ciudadanía, ayer comenzó a regir la Ley del Etiquetado de alimentos, la que entre sus alcances tiene que está prohibido vender productos marcados en los kioscos de los establecimientos educacionales y emitir publicidad que incite a consumir este tipo de alimentos en horario familiar.

Esto espera contribuir a que los chilenos cambien sus hábitos alimenticios, ya que en cuestión de años se pasó de la desnutrición a la mal nutrición, con índices cada vez más recurrentes de niños con problemas de diabetes, hipertensión y sobre peso.

En este sentido, la secretaría regional ministerial de Salud hizo un trabajo con los concesionarios de los kioscos que funcionan al interior de los establecimientos educacionales, para que puedan entender y ser parte del cambio.

"Les estamos haciendo un acompañamiento para que puedan tener una reconversión y no presentar riesgos en sus utilidades, de forma que desempeñen su actividad económica pero ajustándose a la normativa legal vigente", explicó la seremi, Lila Vergara.

De no asumir este cambio no sólo el concesionario del kiosco arriesga multas, sino también "el director del colegio", comentó la autoridad.

Asimismo, explicó que este etiquetado vino a transparentar los que estaban consumiendo los chilenos, porque muchas veces los comerciales venden un producto como inofensivo y "no siempre es así".

En este sentido, Vergara comentó que la gente comenzará a comprar de manera más informada, "porque las etiquetas hacen una advertencia. La decisión está en manos del usuario y la idea es recoger productos que no las tengan o si no hay opción, la que tenga menos".

Detalló que los signos de pare de "Alto en Calorías", "Alto en Sodio" y "Alto en Azúcares" son en base a 100 gramos del producto, por lo que, si un paquete de galletas es de 300 gramos, "hay que consumir menos del tercio, porque si se excede estamos en problemas, además no hay que olvidar sumarle si se comerá otro alimento".

A lo anterior se agrega que esta ley obliga a terminar con los obsequios para los niños y emitir publicidad en horario familiar.

Johanna González G.

Más de 470 encuentros locales autoconvocados se han realizado en la región y Calama lleva la delantera, en relación a la cantidad de habitantes, demostrando el interés cívico de los ciudadanos de participar en el cambio de Constitución.

El secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Marcelo Encina, detalló lo anterior y contó que este proceso ha ido de menos a más, motivo por el que se amplió el plazo para realizar estos encuentros.

"La gente se va convenciendo más que definitivamente este es el mecanismo de participación y discusión sobre los aspectos más importantes que deben regir a una sociedad. En su mayoría, los encuentros han sido tomados como una buena experiencia, porque se refleja que son un espacio de discusión y debate frente a temas sociales", argumentó.

Frente a este mismo aspecto, el diputado radical Marcos Espinosa, comentó que ha visto este aumento de interés y "creo que es un fenómeno súper interesante, porque no están participando los mismos de siempre".

"Ha surgido un conjunto de personas con distintas ideologías que representan diversas sensibilidades, las que han querido dar a conocer y exteriorizar su postura frente a lo que debiera ser y contener una Carta Fundamental", agregó.

El parlamentario rescató que la ciudadanía asumió la invitación a participar del proceso y se logró la lógica de entender que para este cambio no se necesitaba ser un constitucionalista, un experto en derecho ni un cientista político, "sino tener la intención de dar a conocer una opinión, la que afecta la vida de las personas".

Herramienta

Además de destacar el interés que ha despertado este proceso, Marcelo Encina resaltó la herramienta que se está utilizando, la que fehacientemente está tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía en la conformación de una política pública.

"Como herramienta, el proceso constituyente es innovador, porque las instancias de participación que tiene la ciudadanía con las políticas públicas son reducidas. No tenemos iniciativas popular de ley, es decir, el conjunto de personas no se pueden reunir con el objetivo de proponer una materia para legislar, esto no existe en Chile", argumentó.

En este sentido, dijo que este proceso "es una herramienta que está permitiendo tomar la opinión de la ciudadanía para generar políticas públicas, porque la Constitución establece cuáles son las principales reglas que debe respetar nuestro ordenamiento jurídico".

Enfatizó que recoger la opinión de las personas ha sido un "tremendo avance", pues hasta el momento los chilenos sólo tienen injerencia en la elección de algunos cargos públicos, como el Presidente, senadores, diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales. A parte de esto están los plebiscitos.

"Estos últimos se utilizan cuando existe discordancia entre el poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. El Presidente puede solicitar a la ciudadanía decidir sobre una postura u otra, siendo esto más que un plebiscito un referéndum donde se rechaza o aprueba, pero ni siquiera hay una herramienta plebiscitaria que permita tener en base a su voto una voluntad", profundizó el seremi.

"El desalojo es un proceso, no es que de un día para otro sacaremos a toda la gente", explicó el gobernador de El Loa, Claudio Lagos, respecto a la toma de Frei Bonn y la salida de cerca de 400 familias.

La autoridad provincial enfatizó que este trabajo conlleva una articulación con distintos organismos estatales, "pues no admite errores de ningún tipo".

En este sentido, dijo que se han realizado varias reuniones con el municipio, "porque esta responsabilidad es conjunta", para analizar cómo llevar a cabo el desalojo.

"Hay un tema que tiene que ver con logística, con el uso de ciertos vehículos, camiones y máquinas, también hay que analizar qué pasara con los niños que viven ahí y cómo lo coordinamos con el Sename, quizá será necesario un albergue provisorio para ellos, el hecho de cómo se les alimentará y quién los cuidará, por ejemplo", argumentó Lagos.

Desde que esta toma se instaló surgieron voces que exigieron su salida, no sólo por el tema sanitario, sino también por la vulneración a la seguridad de los vecinos.

En este marco y bajo estas presiones, el gobernador manifestó que "no se trata de llegar de un día para otro y hacerlo. De afuera puede parecer muy sencillo, pero es una articulación bien grande la que estamos haciendo y estamos siempre instando a que sea de manera pacífica".

Asimismo, comentó que han sostenido varias reuniones con los representantes de las familias en toma, quienes han demostrado que una gran parte está dispuesta a desalojar, "por lo que estamos en la postura de otorgar las facilidades a quienes deseen salir de manera tranquila. Quienes no quieran asumir esto, saldrán por la fuerza".

En este sentido, Lagos dijo que necesitarán más de 200 efectivos de Fuerzas Especiales para llevar a cabo esta labor.

En cuanto a los plazos, planteó que si bien en un comienzo se habló de un mes, ya van dos trabajando.

"Dije que esto se resolvería en un mes, y ya vamos para el segundo, pero fecha clara no. Lo haremos dentro del menor plazo posible, a penas tengamos todo articulado y establecido. Nos hemos demorado para que no quede ningún cabo suelto".