El Gobierno descartó una nueva alza de impuestos para la gratuidad
DEBATE. Mientras en el PS surgieron voces que apoyarían un posible nuevo incremento de los impuestos para fortalecer el avance del beneficio, en la oposición creen que La Moneda está "traspasando un proyecto que es irresponsable".
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, salió a nombre del Gobierno a zanjar la discusión sobre una supuesta nueva reforma tributaria para financiar el avance de la gratuidad. El jefe de la hacienda pública cerró la puerta a una nueva alza impositiva para cubrir el costo de ese beneficio, como lo pidieron algunos sectores de la Nueva Mayoría.
"Nosotros no vamos a aumentar los impuestos. Este Gobierno en materia impositiva hizo lo que tenía que hacer, en este Gobierno no vamos a hacer nuevas reformas tributarias", afirmó Valdés en el Congreso Nacional.
"¿Cuánto cuesta la gratuidad? Con lo que ya hemos avanzado y lo que está en el informe financiero (del proyecto de ley) la parte de educación superior cuesta aproximadamente 1,5% del PIB (poco menos de US$ 4.000 millones), y esa parte es básicamente todo lo que nos falta", afirmó el ministro de Hacienda.
El secretario de Estado dijo que si la realidad hace que, por ejemplo, el precio del cobre llegue a US$ 3 la libra, "la pregunta siguiente que tiene que hacerse la sociedad y que el proyecto de ley pone sobre la mesa es ¿queremos usar toda esa plata en educación superior o hay otras necesidades también que compiten con esto?".
Luego que el Gobierno condicionara el avance de la gratuidad hacia los quintiles de mayor ingreso al avance del PIB tendencial, varios economistas y algunos sectores del oficialismo advirtieron sobre la complejidad de alcanzar esa meta.
De hecho, sectores políticos afirman que se necesitarían dos reformas tributarias como la actual para cumplir la meta.
Apoyo a valdés
El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, reafirmó los dichos de Valdés y puntualizó que "tenemos resuelto el financiamiento de la gratuidad del 60% de aquí al término del mandato de este Gobierno".
Desde el PS apoyaron la posibilidad de analizar una nueva alza impositiva.
"Si de pronto la sociedad chilena entiende que la demanda de gratuidad es de tal naturaleza y de tal legitimidad que hay que hacerse cargo de ella, no tendría por qué, a priori, descartarse un nuevo ajuste fiscal", opinó el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade.
Posturas políticas
Frente a las dudas sobre el financiamiento del beneficio, el senador Carlos Montes (PS) opinó que lo presentado por el Gobierno "está bastante bien calculado y (también) puede haber reasignaciones presupuestarias".
Desde la oposición, el diputado Alejandro Santana (RN), miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, dijo que lo que esta haciendo el Gobierno en esta materia "son fuegos artificiales, humo y traspasar un proyecto que es irresponsable".
El rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Ennio Vivaldi, manifestó que "concordamos plenamente con que esta es la gran oportunidad de conversar en grande sobre los grandes temas del país y no puede seguir siendo esto que 'a mí me van a dar menos' y estas consignas que realmente son un poquito… 'el peso por peso'".
La diputada Camila Vallejo (PC) explicó que "no puede ser que en 20 o 30 años más tengamos un sistema gratuito pero con el 15% de la matrícula estatal. Es bastante raro, anómalo y no lo podemos permitir".
El diputado Giorgio Jackson (RD) manifestó que "acá no hablamos de que se trata de gradualidad temporal, sino que la decisión política es que futuros Gobiernos hagan reformas tributarias iguales o mayores que la que se ejecutó hace poco. Es postergar una decisión, no gradualidad".
Algunas de las características del proyecto que reforma la educación superior enviado al congreso
Nueva institucionalidad
El proyecto de ley establece la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, que propone y ejecuta políticas educativas; el Consejo para la Calidad (evalúa, acredita y promueve la calidad de las instituciones ) y la Superintendencia de Educación Superior, que fiscaliza la regulación de la educación superior.
Acreditación obligatoria
Se establece que la acreditación es obligatoria para todas las instituciones de educación superior en gestión institucional; gestión de la calidad; docencia y formación; investigación, creación e innovación; y vinculación con el medio. Se evaluará el cumplimiento de estándares de calidad sobre recursos, procesos y resultados.
Financiamiento
Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, ya sean estatales o reconocidos oficialmente por el Estado, recibirán financiamiento si cumplen los requisitos. La iniciativa también establece la regulación de aranceles y establece gratuidad desde el año 2018 para estudiantes de los seis primeros deciles.
"Nuestro ánimo es que esta reforma llegue a término exitosamente, y eso es fortalecer las instituciones estatales".
Guido Girardi, Senador del PPD
Técnico-profesional
Se establece que cada cinco años se elaborará, a través de un Consejo Asesor público-privado, la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional, que orientará el desarrollo de las políticas para el sector. Adicionalmente se crea, en el Ministerio de Educación, una unidad de coordinación de Formación Técnico Profesional.
Cambios en admisión
El sistema de admisión vía PSU sufrirá cambios y se propone "un mejor sistema de acceso, más justo, y una revisión del actual sistema de acceso a través de la PSU". El proyecto no entrega detalles, pero señala que la idea del Gobierno es la creación de un Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior.
Incidentes en marcha estudiantil
Decenas de estudiantes universitarios y secundarios intentaron marchar por Santiago ayer, pese a no contar con autorización. Luego de algunos altercados con Carabineros, el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Diego Arraño, pidió la renuncia de la ministra Delpiano. El vocero de la Confech, Gabriel Iturra, agregó que "no puede ser que aquellos que están siendo cuestionados por financiamiento ilícito de campañas sean los que tienen que discutir el futuro de los estudiantes".
Aranceles
Según el proyecto, los valores de los aranceles regulados se determinarán en razón a "grupos de carreras" definidos por la Subsecretaría, los que corresponderán a conjuntos de carreras o programas de estudios que tengan estructuras de costo similares entre sí. La matrícula corresponderá a un valor anual por estudiante.
50% de alumnos más vulnerables tendrán gratuidad entre 2016 y 2017. En 2018 llegará al sexto decil.