Cerro Pabellón, la primera central geotérmica de Sudamérica, que se construye a 4.500 metros de altura en la comuna de Ollagüe, terminaría su construcción, para comenzar a generar 48MW de energía, el primer semestre de 2017.

Iniciativa que requerirá una inversión de 320 millones de dólares, que serán aportados por Geotérmica del Norte SA (GDN), sociedad conformada por Enel Green Power Chile Ltda. (75%) y la Empresa Nacional del Petróleo, Enap (25%).

La planta se compone de dos unidades de 24 MW con una capacidad instalada total bruta de 48 MW. Una vez en operación, Cerro Pabellón será capaz de producir cerca de 340 GWh al año, equivalente a las necesidades de consumo de unos 165.000 hogares chilenos, evitando de este modo, la emisión anual a la atmósfera de más de 166.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Al proyecto, cuya puesta en marcha está prevista para el próximo año, están asociados contratos de compraventa de la energía generada a largo plazo (Power Purchase Agreement - PPA). La energía generada por Cerro Pabellón se inyectará al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

Demanda de por medio

Sin embargo, a un año de la partida de su construcción, la empresa proveedora de los equipos, la israelí Ormat Systems Limited, se enfrenta en tribunales con la nacional Aquavant, que la demandó argumentando que no le fueron pagadas comisiones por todo el trabajo previo de coordinación y difusión, según detalló recientemente El Mercurio.

En la demanda, Aquavant sostiene que el contrato de representación aludido se renovaba anualmente y no establecía un pago fijo, solo comisiones en el caso de que se produjeran ventas de sus productos, y que fue terminado unilateralmente por Ormat en 2013.

Tiempo después, una serie de sociedades chilenas creadas por la empresa israelí ganaron el contrato para la construcción de la planta geotérmica en Ollagüe, con acuerdos que en una primera etapa involucran equipos por unos 100 millones de dólares, detalló el medio.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de nulidad que había presentado la división Chuquicamata de Codelco, contra el fallo del Tribunal Laboral de Calama, que en abril dictaminó que la empresa había realizado prácticas antisindicales al impedir que los sindicalistas ingresaran a las áreas de trabajo, multándola además con 75 UTM.

Ese primer dictamen detallaba que estas prácticas de la minera se habían materializado en una serie de modificaciones al protocolo de ingreso. Medidas que dificultaban el libre acceso de los sindicalistas a las faenas mineras y al edificio institucional de la empresa.

El fallo, que fue apelado por el equipo jurídico de la Corporación, especificaba que la empresa denunciada "ha incurrido en prácticas lesivas a la libertad sindical, consistentes en el establecimiento de requisitos que obstaculizan el ingreso de los dirigentes sindicales al interior de la empresa".

Fue así que el tribunal ordenó a la empresa que "cese en la exigencia del cumplimiento de requisitos para permitir el ingreso de los dirigentes sindicales a un área determinada de la empresa", y "se abstenga en el futuro de establecer condiciones específicas para el desarrollo de la actividad sindical a través del cumplimiento de requisitos que obstaculicen el ingreso de los dirigentes sindicales a sus dependencias".

La demanda contra Codelco, que la estatal puede elevar hasta la Corte Suprema en Santiago, había sido presentada por los dirigentes Alberto Muñoz, del sindicato de trabajadores N°1; Yasna Barraza, del N°5; Carlos Díaz, Mario Lobos, Liliana Ugarte y Víctor Galleguillos, del N°2; y Héctor y Rolando Milla, del sindicato N°3.

Génesis del conflicto

En noviembre de 2015 el grupo de ocho dirigentes se negó a dejar el edificio institucional luego de una reunión de trabajo con la administración en la que se abordó la situación de la Refinería, siendo desalojados al día siguiente por las Fuerzas Especiales de Carabineros, quien los tomó detenidos bajo el cargo de usurpación.

La administración, por su parte, amonestó a los dirigentes y restringió su acceso a las áreas laborales y al edificio Corporativo, lo que desencadenó el conflicto con los dirigentes.

Cristián Venegas M.

En el marco de la conmemoración de los 45 años de la Nacionalización del Cobre y el Día de la Dignidad Nacional, políticos, ejecutivos y trabajadores, llamaron a replantearse la forma en que el país capitalizará Codelco en los próximos años.

Estatal que arrastra una deuda de US$ 14 mil millones, precisamente cuando el cobre cierra su periodo de bonanza y necesita construir sus proyectos estructurales, de desarrollo, y responder a la nueva normativa de emisiones.

Recursos que podrían provenir de los aportes que cada año le entrega Codelco a las Fuerzas Armadas, a través de las Ley Reservada del Cobre que establece la entrega del 10% de las ventas de la estatal. Dineros que, se estima, fluctúan entre 5 mil y 6 mil millones de dólares.

Una deuda con codelco

El vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Héctor Roco, uno de los expositores del acto realizado en la Casa Matriz de Codelco, expresó que a 45 años de la Nacionalización los sentimientos son encontrados, "porque hoy ya no somos el 100% de la producción, hoy significamos el 30% y este es un dato importante que debiera llevarnos a reflexionar sobre el cobre de Chile y para Chile".

Roco agregó que Codelco ha debido lamentar una baja capitalización, 9,8% versus el 40% que realizan las empresas privadas. En este contexto, prosiguió, "el Estado de Chile tiene una deuda con Codelco y hoy que tenemos que resolver la capitalización de la empresa, podemos marcar un punto de inflexión", dijo.

"Queremos un compromiso de los parlamentarios, porque no es posible que la empresa esté endeudada cuando hay reservas de US$ 6 mil millones y creo que esas contradicciones hay que corregirlas. Queremos demandar que patrocinen un proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo, de una vez por todas, derogue la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas", añadió el dirigente del sindicato N°1 de Chuqui.

Por qué no utilizarlos

En la misma línea, el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, recordó que el acuerdo de nacionalizar el mineral en 1971, se dio en un contexto de profundas divisiones, con presiones, incluso, internacionales. "Sin embargo tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo y hoy es una excelente oportunidad para replantearse cómo capitalizaremos la empresa", aseguró el parlamentario.

Lagos Weber añadió que sería "bueno y sano" que los dineros de la FFAA fueran utilizadas en la capitalización de Codelco. "Por qué esos 5 mil o 6 mil millones de dólares, que están empozados, no se pueden utilizar para capitalizar una empresa que es de todos, a más bajo costo y para generar una externalidad y un producto que es necesario", preguntó.

Un acuerdo nacional

Mucho menos específico en su exposición y sus deseos de capitalización de la empresa, que lidera desde 2014, fue el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, quien sí insistió en la necesidad de conformar un "nuevo acuerdo como país", para afrontar los desafíos de la cuprífera.

Pizarro dijo que la empresa atraviesa, por varios factores, una situación crítica "nunca antes vista", y detalló a modo de ejemplo que "las exigencias nuevas en sustentabilidad, que nos obligan a endeudarnos, para realizar inversiones urgentes, han puesto a nuestra empresa en una situación crítica, nunca antes vista", advirtió.

"Precisamente por eso necesitamos un nuevo acuerdo para mantener nuestro liderazgo mundial en nuestra producción de cobre (…) La lección que nos dejó la Nacionalización del Cobre es que los grandes acuerdos entregan frutos y esos frutos pueden ser extremadamente rentables para un país, como lo ha sido en el caso de Codelco", complementó.