El candidato republicano a la Presidencia de EE.UU., Donald Trump, reestructuró ayer su equipo de campaña y puso al frente de ella al directivo de un medio conservador conocido por defender el estilo provocador del magnate, que deja claro así que busca seguir siendo fiel a sí mismo.

La remodelación se produce cuando faltan menos de tres meses para las elecciones del 8 de noviembre y en un momento en que la mayoría de los sondeos de intención de voto, tanto a nivel nacional como en estados clave, dan ventaja a la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, frente a Trump.

El magnate nombró a Stephen Bannon, ex banquero y directivo del portal de noticias conservador Breibart News, como jefe ejecutivo de su campaña. Por su parte, Kellyanne Conway, hasta ahora asesora y analista de encuestas de la candidatura de Trump, será la jefa de campaña.

Ambos son "extremadamente competentes, personas altamente calificadas a las que les gusta ganar y saben cómo ganar", subrayó Trump en un comunicado.

La campaña destacó que estos cambios llegan en un momento de "crecimiento significativo", con la primera "gran compra" de anuncios de televisión para las elecciones de noviembre, que comenzarán a emitirse el viernes en estados cruciales como Florida, Ohio, Carolina del Norte y Pensilvania.

Bannon, sin experiencia previa en campañas políticas, ha defendido desde Breibart el estilo populista de Trump y no se ha mordido la lengua a la hora de criticar a figuras del aparato del Partido Republicano.

de intención de voto en promedio ha obtenido Hillary Clinton en los sondeos. Trump logra solo un 41,2%. 47,2%

Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, fue acusado de recibir US$ 13 millones de un partido prorruso en Ucrania. US$ 13

La Presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, asumirá personalmente su defensa ante el Senado, en el juicio político que decidirá sobre destitución definitiva, según declaró ayer la propia Mandataria a un diario brasileño.

"Será la manifestación de una Presidenta (...) que está siendo juzgada en un proceso de 'impeachment' sin crimen de responsabilidad", dijo Rousseff a Folha, sobre la sesión que tendrá lugar el 29 de agosto.

La Mandataria también aseguró que no teme a las posibles hostilidades de sus adversarios políticos, algo que prevén muchos de sus simpatizantes, que no quieren verla, por esa razón, en la Cámara Alta durante el juicio. "Nunca tuve miedo de eso. Aguanté tensiones mucho mayores en mi vida. Es un ejercicio de democracia", aseguró Rousseff.

Lo que viene

El juicio político para la destitución de la Mandataria debe empezar el próximo 25 de agosto, poco después de que terminen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se estima que el Senado podría dar su veredicto final más o menos una semana después.

La destitución de la primera Presidenta de Brasil, en el cargo desde 2011, parece cada vez más probable. El Senado, que ya la suspendió de sus funciones por seis meses en mayo con una clara mayoría, votó hace una semana a favor de poner en marcha el juicio definitivo.

Si se repite el voto de la semana pasada, cuando 59 senadores votaron contra Rousseff y solo 21 a favor de que se suspenda el juicio, la Presidenta habrá perdido definitivamente el cargo. Para la destitución es necesaria una mayoría de dos tercios.

Rousseff volvió a lanzar el martes un intento de frenar su destitución ofreciendo en una carta abierta celebrar un referéndum para decidir sobre la realización de nuevas elecciones, en caso de que pueda volver a sus funciones.

Si Rousseff es destituida, su Vicepresidente, Michel Temer, seguirá en la Jefatura de Estado, que ejerce de forma interina desde mayo, hasta los comicios regulares previstos para 2018.

Mabel González

La Corte Suprema argentina se pronunciará hoy sobre una de las medidas más polémicas que ha adoptado el Presidente Mauricio Macri en sus ocho meses de gestión: los aumentos en las tarifas del gas, que en algunos casos llegan hasta el 1.000%.

El llamado "tarifazo" es llevado a cabo por Macri, con el fin de terminar con las "anormalidad" con que vivían los argentinos durante los gobiernos kirchneristas: si bien el país tenía la segunda inflación más alta de América Latina, registraba uno de los precios de la energía más bajos.

Sin embargo, las alzas tarifarias recibieron no solo fuertes críticas, sino que también recursos judiciales por parte de la población. De acogerlos, la Suprema podría frenar los aumentos en todo el país y complicar la implementación de la agenda económica del Mandatario.

Dictamen en contra

En la antesala del fallo judicial, la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, emitió ayer un dictamen en el que se pronunció en contra del incremento de las tarifas del gas.

En una evaluación no vinculante para el máximo tribunal argentino, Gils Carbó recomendó que corresponde confirmar un fallo de la justicia federal de la ciudad bonaerense de La Plata en el que se declaraba la nulidad, con alcance nacional, de los marcos tarifarios determinados en el primer cuatrimestre del año por el Ejecutivo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado difundido en la web, el motivo aducido por la procuradora general es que no se produjeron audiencias públicas previas sobre el tema, necesarias para garantizar "el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores".

"Si bien es cierto que el mérito o conveniencia de una política pública es una cuestión que excede el ámbito de una revisión judicial, no es menos cierto que tales políticas deben implementarse con acatamiento a los límites que resultan del marco regulatorio legal específico en la materia, y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales", expresó Gils Carbó en el texto.

Además, la fiscal apuntó a que las leyes argentinas especifican el deber de buscar "tarifas justas y razonables" para garantizar "principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad", con lo que en duda que la normativa aplicada lo haga.

Las nuevas tarifas del gas implicaron que muchos argentinos vieran en sus cuentas aumentos de hasta 1.000%, lo que se sumó a incrementos simultáneos en otros servicios como la luz y el agua. Posteriormente, el Ministerio de Energía rectificó y fijó un tope del 400% de subida del gas para los particulares, pero ello no evitó que la justicia paralizara los incrementos en algunos puntos del país.