Luego de que el 15 de enero de este año ocurriera un deslizamiento de residuos en el relleno sanitario Santa Marta, que tres días después generó un gran incendio con graves consecuencias a la ciudadanía, como una nube de humo y un fuerte hedor que cubrió todo Santiago y diversas emergencias de salud entre las comunas cercanas a Talagante donde está ubicado, ahora por séptima vez se ordenó el cierre temporal y parcial del recinto.

"Se autoriza la medida provisional solicitada por la Superintendencia del Medio Ambiente, dispuesta en la letra c) del artículo 48 de la LOSMA, consistente en la clausura temporal parcial de las instalaciones", detalló el Tribunal Ambiental de Santiago a través de un comunicado.

Según indica la resolución que autoriza a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), "se podrá disponer y operar el área identificada como 'zona de seguridad-Celda 1, georreferenciada detalladamente en la parte resolutiva IX de la Resolución Exenta Nº 1/ROL F-11-2016, sólo por el saldo disponible del volumen de 1.080.000 m3', indica la resolución.

La autorización, dispuesta por la ministra de turno Ximena Insunza, tendrá una vigencia de 30 días de corridos a partir del día que se le notifique al Consorcio Santa Marta S.A.

"Que, de acuerdo con lo señalado en las consideraciones precedentes, lo consignado en los Memorándums DFZ Nº 329/2016 y D.S.C. Nº 440/2016, donde consta que la empresa no ha logrado acreditar la estabilidad necesaria para poder operar la totalidad del relleno y que el nuevo volumen se encuentra suficientemente acreditado y validado por la autoridad competente, es claro para esta Ministra que existe en la actualidad un escenario de riesgo o daño inminente al medio ambiente y a la salud de las personas", detalla el documento.

El Ejército avaluó en $ 5 mil millones el monto al que llegó el fraude cometido por funcionarios militares con los dineros de la Ley Reservada del Cobre.

Así se desprende de los resultados del sumario administrativo que realizó la institución castrense por el caso y que fue revelado ayer por radio Bío-Bío.

El documento también indica que el alto mando decidió remover a seis de sus funcionarios implicados, varios de los cuales ya están en prisión preventiva en un recinto militar en Peñalolén. Entre los sancionados se encuentra el coronel Clovis Montero, quien ha entregado información relevante en la causa.

Detalles

El informe señala que el monto exacto del fraude es de $ 5.483.709.087, lo que se produjo con la complicidad de cinco proveedores: Francisco Huincahue Necuñir, Inversiones y Comercio Capellán S.A., Pedro Antonio Salinas Reyes, Raúl Fuentes Quintanilla y Waldo Víctor Pinto Gaete.

Junto al llamado a retiro de la institución de Montero, se pide la baja del cabo segundo Juan Carlos Cruz Valverde, la sargento segundo Millaray Simunovic Bustamante, el suboficial Claudio González Palominos, el sargento segundo Miguel Escobar Díaz, el sargento primero Luis Meléndez Carrillo y la sargento segundo Liliana Villagrán Vásquez.

La investigación dejó sin sanciones a los coroneles Ricardo Márquez López y Milko Maturana Mena, por acogerse a retiro antes de iniciada la investigación interna.

Esto último provocó las críticas del abogado querellante Cristián Cruz. "Es muy grave lo que aquí ha acaecido y el Ejército ha decidido cortar por lo más delgado del hilo y, por lo tanto, dar una señal a toda la institución que no deben entregar antecedentes que incriminen a los altos mandos en estos ilícitos constantes en el Ejército de Chile, que han significado la defraudación al patrimonio fiscal", afirmó el abogado a la citada emisora.

Junto a ellos hay otros 20 efectivos, entre coroneles, comandantes, sargentos y cabos, que resultaron implicados en el caso y que también recibieron diversas sanciones, entre las que se encuentran días de arresto, amonestación y suspensión del empleo, entre otras.

Tras revelarse este sumario, el Ejército informó, a través de un comunicado, que las causas por las que los funcionarios militares y civiles fueron sancionados fueron "faltas de control jerárquico, probidad administrativa y negligencia".

Redacción

El Presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, anunció que en la movilización que se realizará hoy no se realizará un corte de la ruta, que es uno de los principales temores de las autoridades de cara a la nueva manifestación.

"No vamos a cortar carreteras, nos vamos a manifestar y movilizar. Esta justa manifestación ciudadana contra la delincuencia y el terrorismo ha tenido una adhesión desde Arica a Punta Arenas y en todas las regiones nuestros camiones, los gremios amigos los colegios profesionales y la ciudadanía entera esté atenta y comprometida para que mañana (hoy) a las 11 de la mañana nos juntemos en el peaje de Angostura, donde fuimos retenidos el año pasado, cuando trajimos camiones quemados a La Moneda para decirle a Chile que tenemos que resolver el grave problema de la delincuencia y el terrorismo en la nación", sostuvo.

Peticiones

Pérez agregó que para la movilización de hoy ya han conversado con las autoridades tanto de Gobierno como con Carabineros a fin de realizar las coordinaciones necesarias. "Tenemos todo planificado y organizado para que esta sea una manifestación ciudadana", aseguró.

En ese sentido, el líder gremial anunció también que durante la manifestación se solicitará la creación de una ley que sancione a los encapuchados, porque éstos "han creado mucho daño a la nación".

"Ustedes saben que murió un guardia el 21 de mayo en Valparaíso. Los encapuchados han quemado más de veinte iglesias en La Araucanía, católicas y evangélicas. Los encapuchados nos han quemados 400 equipos a la gente que trabaja en las empresas forestales y a nosotros los camioneros, por lo tanto es imprescindible que haya una normativa de sanción para terminar con el problema de los encapuchados", argumentó.

Otra solicitud que realizarán es que se modifique cuanto antes la Ley Antiterrorista, con el fin de que se incluya al "agente encubierto" como en los casos de narcotráfico.

"Hoy Carabineros y la PDI quedan en la más absoluta indefensión si pretenden infiltrar a los grupos terroristas", afirmó.

Por último, reveló que también se solicitará un registro nacional de la industria del transporte, "que es un anhelo de todos los camioneros de Chile".

"Esos son los tres puntos centrales y entendemos que después de mañana el Gobierno nos llamará y trabajaremos en conjunto estos tres temas fundamentales", finalizó.