La muerte de Lissette Villa Poblete, la niña de 11 años que falleció de un paro respiratorio en abril pasado bajo el cuidado de uno de los hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename), dio cuenta de una crisis amplificada que afecta al sistema de protección estatal de menores. Y desató un debate que alcanzó ribetes políticos, con la presentación de una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco.

Unicef se ha hecho parte de este debate, que también se ha llevado adelante en el Congreso, donde se tramitan y alistan proyectos de ley para tratar de dar con una solución a la precaria situación que hoy viven los menores más vulnerables del país.

Así lo explica Anuar Quesille, oficial de protección de la representación del organismo internacional de la ONU en Chile.

Quesille cuenta que viaja todas las semanas a Valparaíso para participar del debate parlamentario y que Unicef ha entregado su punto de vista y recomendaciones en esa instancia. "Nosotros tenemos, conforme a nuestro mandato, facultades y competencias en el Estado de Chile que dependen de un convenio de colaboración que establece que el Estado necesita el apoyo de Unicef para promover el cumplimiento de la convención sobre derechos del niño", explica el experto.

¿Por qué cree que se ha llegado a esta crisis del Sename ?

Esta es una cuestión que no necesariamente corresponde al momento actual. Uno tiene que irse a momentos anteriores y el parámetro es la ratificación de la convención sobre los derechos del niño. El año 1990, el Estado de Chile se compromete a cumplir con un catálogo de derechos y garantías para los niños que implica un gran cambio de paradigma, que es considerar a los niños como sujetos de derecho y no solamente como objetos de protección. Cuando existen ciertas situaciones que implican que el niño esté en un estado de vulneración de un derecho, el Estado debe otorgar protección especial. Y si uno analiza desde que se ratifica la convención ha habido importantes avances en materia de infancia. El Chile Crece Contigo, la escolaridad obligatoria, la ley de afiliación, la creación de la figura del cuidado personal compartido, programas de inmunización, la ley de responsabilidad penal adolescente, son avances muy importantes en materia de infancia. Pero en el caso de niños, que son generalmente los que pertenecen a los estratos más pobres, hay una deuda. Pareciera que la institucionalidad del Sename da cuenta de que es necesaria, no desde ahora sino desde que se ratificó la convención, cambiar el sistema. Y esta no es una cuestión del Gobierno, es una cuestión del Estado. Desde el año 1990 en adelante, el diseño de las instituciones que se hacen cargo de los niños que han sido vulnerados en sus derechos debe estar dotado de ciertos requisitos imprescindibles para reparar el daño con el cual los niños entran y reconocer sus derechos. Esto no es una cuestión de posturas políticas. Si uno le pregunta a distintos políticos, nadie va a estar en desacuerdo con que el sistema debe sufrir un mejoramiento.

¿Y cómo sería ese mejoramiento?

A nuestro entender obedece a los estándares internacionales. En primer lugar, para que no se produzcan estas situaciones de vulneración de derechos al interior de los centros del Estado, se necesita que los niños no lleguen a estas instituciones. La primera medida es ¿cómo se evita que los niños lleguen? La colocación de los niños en centros del Estado debe ser una medida de último recurso. En la medida que existan planes y políticas públicas transversales e intersectoriales donde se tienda a disminuir la pobreza, las familias van a tener mayores posibilidades de poder desarrollarse. Cuando la familia falla, cuando las políticas públicas no son efectivas, se van a producir vulneraciones de derechos. Y ahí el Estado tiene que hacerse cargo.

¿Cómo debe ser una institución que se haga cargo de los niños?

Tienen que ser instituciones pequeñas, que permitan una atención personalizada, que pueda atender a cada niño no como un caso, sino como un niño entendido en su individualidad. En segundo lugar, la entrada del niño a la institución tiene que cumplir un solo objetivo, que es mantener al niño en esa institución el menor tiempo posible, porque está probado que la estadía de los niños en instituciones del Estado produce ciertas trabas para el normal desarrollo. Pese a que no son infractores de la ley, igual es una privación de libertad. Y hacer un seguimiento y un acompañamiento del niño más allá de lo que dura la medida para evitar que no vuelva a entrar más.

¿Esto último también en el caso de menores infractores de la ley?

Es exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que cuando un adolescente es imputable y comete un delito, el derecho penal llega tarde, llega cuando el delito ya se cometió. Y aquí lo que hay que velar es por la prevención del delito. Cuando el adolescente que cometió un delito ingresa y cumple una pena, lo que hay que hacer durante ese tiempo es rehabilitarlo y reintegrarlo.

¿Es posible?

Hay ejemplos y hay prácticas que han sido muy positivas. Pero generalmente todos los desafíos están dados por el tema de la especialización.

Y eso tiene que ver con la profesionalización de los funcionarios de los centro del Sename...

Exactamente, cuando hablamos de requisitos de los centros, hablamos de funcionarios en un número adecuado para atender la necesidad de los niños, funcionarios con condiciones de trabajo acorde a la labor que desarrollan. Los funcionarios que trabajan en los distintos centros, trabajan en condiciones muy complejas; por lo tanto, es importante que tengan mecanismos de autocuidado y que existan niveles de especialización. Y cuando se habla de esto, no solamente quiere decir especialización orgánica. No basta con que un servicio tenga un departamento encargado de la infancia y la adolescencia, hablamos de una especialización funcional. Es decir, que las personas que van a trabajar en los programas tengan capacidades profesionales. Ahí es importante también el rol de los jueces que deciden la institucionalización de un niño, que también tienen que tener especialización funcional. Antes de decidir llevar a un niño a una institución del Estado, el juez tiene que agotar todas las vías. El desafío en Chile es desjudicializar los problemas de la infancia. Hay una sobredemanda de los tribunales de justicia, entonces muchas veces no dan abasto para fallar todos los casos de infancia.

¿Existe hoy la capacidad para resguardar a esos niños que no son institucionalizados?

Eso es parte del gran desafío que tiene el Estado ahora. Toda esta crisis institucional está dada por dos temas: uno es el de los niños que están al cuidado del Estado en residencias y el otro es la oferta que se da en el medio libre. El seguimiento y el acompañamiento de los niños que están en el medio libre, no se agota con el plazo que dura la medida. El estándar internacional habla que tiene que ir más allá para verificar que la vulneración de derechos va a desaparecer. La política pública no sólo tiene que tener en cuenta a los niños que están privados de su medio familiar, porque la política pública implica que eso disminuya y lo importante es la oferta en el medio libre, que es al que se aspira que lleguen los casos.

Agenda legislativa

El Gobierno se comprometió a enviar simultáneamente, a más tardar en octubre, dos proyectos de ley para reemplazar la figura del actual Sename. Uno que crea el Servicio de Protección Especializada, organismo que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y que se enfocará en menores que sufran la vulneración de sus derechos, y otro que originará el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que estará a cargo de Justicia, enfocado en menores entre 14 y 17 años que hayan infringido la ley.

Entre los puntos que contemplan ambas iniciativas, que están siendo trabajadas, está la profesionalización de los funcionarios que trabajen en las instituciones a cargo de menores y elevar los estándares de las residencias privadas que prestan servicios al Estado, exigiéndoles acreditación.

Estos dos proyectos se suman a otros que son parte de la agenda de la infancia del Gobierno, como la ley que crea el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y el que crea la figura del Defensor y la Subsecretaría que se aboque a esos asuntos.

¿Es suficiente esta nueva institucionalidad?

Cuando se habla de la división del Sename, no es una expresión feliz decir 'vamos a dividir el Sename en dos'. Acá lo que hay que hacer es preguntarse cómo especializamos la oferta de los niños que han sido infractores de ley y de los que se encuentran en el sistema de protección especial. Una de las formas es dejando como organismo encargado de esos grupos de niños a las instituciones más directamente vinculadas con el tema. Y en este caso parece pertinente que los adolescentes infractores de ley estén bajo la supervisión de Justicia y los niños que son parte del sistema de protección, de Desarrollo Social, que además va a ser el ministerio responsable de la infancia en Chile. Pero esto no se trata de dividir en dos, esto implica una inyección importante de recursos y, además, el hecho de dividir no agota la problemática. Esta es una cuestión intersectorial. El Ministerio de Salud, de Educación, de Deporte, Vivienda, Cultura y Hacienda, tienen mucho que decir. Es una cuestión de Estado, no es un tema de Justicia, es un tema que recae en Justicia porque es el organismo actualmente responsable bajo la institucionalidad existente pero, en términos generales, la infancia está a cargo de todas las instituciones del Estado, es un tema de Estado, no de carteras del Estado.

¿Qué casos de éxito en el extranjero deberíamos estar mirando?

Las buenas prácticas no están en este continente. Hay que mirar algunos países de Europa que tienen sistemas de protección muy importantes. A fines de los 90, el Reino Unido cambió su sistema, que era muy parecido al chileno. Había una excesiva judicialización de los temas de protección especial y hubo una crisis institucional muy similar a la que se vive en Chile. Lo que se hizo es que se nombró un experto independiente que no tenía relación ni con el Poder Judicial ni con el Parlamento ni con el Ejecutivo, para que mirara esto desde fuera y viera de qué forma se articulaba el sistema y cómo se podían mejorar los problemas que había. Y ahí se generó un modelo que, en primer lugar, contaba con una ley que reconociera los derechos de los niños, ley que hoy no tiene Chile y que se está tramitando en el Congreso, la ley de garantías de derechos. Y luego se hizo un rediseño normativo del sistema de protección especial, generando una legislación que establecía la institucionalización como una medida de último recurso, fortaleciendo el trabajo con las familias y generando centros de alto estándar. Hay otro modelo, que es el de Francia, donde ante casos de vulneración de derechos, lo que intenta el sistema es evitar a toda costa el contacto del niño con el Estado. Por ejemplo, en casos de abusos sexuales, el Estado sabe que ya por sí mismo un delito sexual implica un trauma muy difícil de reparar, entonces consciente de eso dice 'yo no quiero intervenir al niño como Estado porque eso va a generar mecanismos de revictimización y una serie de perjuicios para el niño'. Entonces los llevan a unos centros especiales, donde se interviene mediante programas pertinentes muy especializados y casi con cero intervención del Estado. Pero por un camino por separado sigue el proceso judicial y el niño no se da cuenta de que hay un proceso y que está metido en una institución del Estado. Hay mecanismos que desjudicializan al niño de los problemas de la infancia y yo creo que es hacia allá que tenemos que avanzar.

1990 Chile se comprometió y ratificó la convención del los Derechos del Niño, lo que implicó cumplir con un catálogo de derechos y garantías, lo que implicaría un gran cambio de paradigma.

2 proyectos de ley debería enviar el Gobierno a más tardar en octubre. En estos se busca reemplazar la actual figura del Sename para dar paso a dos programas, a cargo de Desarrollo Social y Justicia.

11 años tenía la menor Lissette Villa Poblete, la niña que murió en abril pasado en uno de los centros del Sename producto de un paro respiratorio. Este hecho generó el cuestionamiento del sistema.

"no es una expresión feliz decir 'vamos a dividir el Sename en dos", afirma quesille sobre el debate.

Durante el último tiempo la discusión por el tema de las AFP ha tomado mucha fuerza, de hecho, existe una nueva convocatoria para otra marcha para el próximo lunes a partir de las 9:30 horas en el parque José Saavedra (de Los Lolos) con dirección al parque Manuel Rodríguez, pasando por Granaderos, Antofagasta y Vivar.

"Ya hemos realizado dos marchas bastante exitosas, pero no lo suficientemente masivas como para demostrar el descontento que tiene la comunidad loína respecto a sus jubilaciones. Yo por ejemplo, llevo 36 años cotizando y todavía mis fondos no alcanzan a la pensión asistencial que entrega el Estado", expresó el convocante del movimiento NO+AFP, Claudio Ramírez.

Este es la tercera marcha que se realizará en Calama, sin embargo, el propio Ramírez manifiesta que estas no han sido tan masivas como en el resto del país, por eso espera que sean muchos más los que se manifiesten en esta ocasión.

"Es nuestra oportunidad de cambiar las cosas, por nuestro propio futuro", expresó el organizador.

A juicio del diputado radical Marcos Espinosa, la masiva manifestación de la ciudadanía chilena era necesaria y clave para el importante cambio que se está realizando en torno al sistema previsional, puesto que sin esta alzada de voz las pensiones seguirían siendo muy bajas.

"Existe un sentido social tremendo en estas manifestaciones, creo que se están dando los primeros pasos para un sistema ecuánime y justo para los millones de jubilados que habrá en el futuro. Los tres pilares que presentó la Presidenta son un avance significativo que seguramente desembocará en una refundación del sistema", expresó el parlamentario.

De acuerdo a Espinosa, todavía se pueden perfeccionar las medidas propuestas para mejorar el sistema, pero es un gran paso que las empresas también se hagan partícipes del ahorro previsional, "obviamente que el Estado también tiene que jugar un papel preponderante, como lo está haciendo Uruguay, que tiene un buen sistema de jubilaciones en la actualidad", dijo.

AFP's

Una medida relevante, es que por ahora será sumamente necesario que se regule el trabajo que realizan las AFP's, para que se dejen atrás los cobros indebidos y que perjudican a millones de chilenos.

"Basta de comisiones fantasmas, basta de pérdidas que se tienen que comer los que imponen mes a mes, debemos regular el mercado de estos servicios y ver que los dineros que son los ahorros de los trabajadores terminen en las manos de ellos", complementó Espinosa.