El 30 de agosto, entró en vigencia en nuestro país el Convenio de la Apostilla (112 países participantes), certificación única que simplifica la actual cadena de legalización de documentos públicos extranjeros, modificando la forma de acreditar su autenticidad mediante un trámite único. Esto significa un hito histórico para el país con un gran avance en la reducción de las múltiples gestiones que los ciudadanos debían realizar en distintas reparticiones públicas nacionales y extranjeras, actualmente conocido como legalización, ya sea en Chile o en el exterior.

En el antiguo sistema de legalizaciones, si un usuario requería legalizar un certificado de nacimiento, debía acudir a la oficina del Registro Civil, obtener su certificado, solicitar su legalización, luego llevarlo a la Subsecretaría de Justicia (si estaba en Santiago) o a la Secretaría Regional Ministerial en Regiones, a continuación presentarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores (lo que para las personas de regiones implicaba un viaje a Santiago) y finalizar en el Consulado del país donde será presentado el certificado.

La Apostilla viene a poner fin a esta serie de trámites, ya que los usuarios no tendrán que ir por distintas reparticiones públicas para legalizar sus documentos, a través de una "peregrinación" que se replicaba en un promedio de 5 instituciones públicas. Hoy, con el empleo de un nuevo verbo "apostillar", bastará con un sólo trámite con ahorro de costos y tiempo.

Este proyecto corresponde a una iniciativa país que nuestro gobierno ratificó y definió como un objetivo estratégico que se enmarca dentro de los lineamientos de modernización del Estado, por lo mismo, se han capacitado los funcionarios públicos con el objetivo de entregar un óptimo servicio y que esté acorde al gran paso que estamos dando con este sistema electrónico moderno, gratuito y que garantiza la seguridad, fortalece la descentralización y principalmente, facilita el acceso a la justicia. Esta nueva forma de legalizar involucra a los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, Salud y Educación y al Registro Civil, esto quiere decir que todas las entidades nombradas anteriormente y sus servicios y dependencias están facultadas para apostillar documentos correspondientes a cada servicio.

Esto influye positivamente en el acceso de la ciudadanía a la justicia, ya que permite validar sentencias y resoluciones judiciales, junto a aquellas actuaciones realizadas ante órganos auxiliares de la administración de justicia como son los notarios, conservadores y archiveros. Más información en www.apostilla.gob.cl

Marcelo Encina Muñoz,

secretario regional ministerial de Justicia

41 años | 1 de septiembre de 1975

Dan plazo para solicitar uso de terrenos agrícolas

El Jefe de la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales de Antofagasta, Alberto Bórquez informó que las personas que hayan presentado solicitudes de sitios para asignación de terrenos agrícolas, que tienen un plazo de 10 días a contar del 1 de septiembre para pasar por esas oficinas a confirmar sus peticiones.

33 años | 1 de septiembre de 1983

Controversia: Sindicato demanda a trabajadores

Una demanda judicial en contra del personal de la Clínica Odontológica de la organización, entre los que se cuentan profesionales de la disciplina operacional y auxiliares, estampó el Sindicato de Trabajadores N° 1 de la División Chuquicamata de Codelco, el que se lleva adelante en el Segundo Juzgado del Crimen de Calama.

16 años | 1 de septiembre de 2000

Encendida polémica por traslado de Chuquicamata

La División Chuquicamata de Codelco Chile respondió de manera drástica a las aseveraciones que formularon los dirigentes del Sindicato de Supervisores en torno a su disposición de no aceptar el traslado del campamento y les recordó sus facultades como empresa. E indicaron que el proyecto de la nueva Calama seguirá adelante.

Los dos accidentes mineros ocurridos el martes en Chuquicamata y El Abra han dado paso a una investigación profunda de lo que está ocurriendo en la gran minería, donde no sólo habrá que determinar las responsabilidades en los fatales sucesos, sino que además habrá que responder numerosas acusaciones que han dado instituciones y sindicatos que plantean "presiones", que "hay incertidumbre y estrés en los trabajadores" o críticas por "un ahorro que ha provocado efectos en la seguridad".

El trágico fallecimiento de tres mineros (dos en Chuquicamata y uno en El Abra) generó una gran conmoción en la comunidad y ha generado el escenario ideal para que surjan numerosos detractores de lo que está ocurriendo en seguridad.

En el accidente ocurrido en El Abra donde falleció un joven trabajador en un accidente que se vio involucrado el Ferrocarril, generó inmediatas reacciones de los Sindicatos indicando que ya habían realizado denuncias por falta de seguridad a la Inspección del Trabajo.

Y en el accidente ocurrido en Chuquicamata donde un transfer de relevo impactó a un camión de extracción en el rajo de la mina, también surgieron críticas del Sindicato N° 3 manifestando que esto ocurre por las "medidas de presión" al interior de la empresa.

Ante estos planteamientos, hay muchas inquietudes que responder y analizar, aunque Codelco ha enfatizado que no ha ahorrado en seguridad.

Al mismo tiempo habrá que esperar los resultados de la investigación de los hechos para determinar las causas de estos dos accidentes.

Al respecto el seremi de Minería ha sido claro al manifestar que de ser efectiva la "presión, están los organismos para denunciar". En tanto el director nacional de Sernageomin replicó que no permitirá "ahorros en seguridad".

Será importante mantener la objetividad frente a estos lamentables hechos, de poder establecer con rigurosidad lo que realmente ocurrió y poder responder a las inquietudes de los trabajadores para no crear un clima laboral complejo, sobre todo en momentos de crisis que vive la minería.