Colegios iniciaron trámites para ser fundaciones sin fines de lucro
PLAZO. La normativa que rige en la Ley de Inclusión determina que en diciembre del próximo año los establecimientos ya deberían tener regulada su decisión para comenzar sus funciones el 2018. Mientras que a los padres y apoderados se les deberá avisar por escrito en marzo del 2017.
La ley de Inclusión, que prohíbe el lucro, termina con el financiamiento compartido y regula la selección de alumnos en los establecimientos escolares que reciben aportes del Estado, entró en vigencia en marzo de este año y la secretaria regional ministerial de Educación, Jacqueline Barraza, prevé que alrededor de ocho colegios y escuelas de párvulos particulares subvencionados pasarán a ser gratuitos en la ciudad, hasta el momento.
En este sentido Barraza, explicó que junto a su equipo técnico se han reunido con la mayoría de los sostenedores, a quienes les están entregando asesoría legal como administrativa.
Es así que han identificado la voluntad de adherirse a la nueva normativa que da la posibilidad de trasformar los centros educacionales con fines de lucro en fundaciones o corporaciones.
"El panorama de Calama es muy positivo, ya que la mayoría demuestra un gran compromiso con la educación pública, por lo cual hago un reconocimiento especial a aquellos que ya han iniciado su adecuación jurídica", comentó la autoridad.
Dentro de ellos, se encuentra el Instituto Obispo Silva Lezaeta, Padre Hurtado, Río Loa, Juan Pablo II. Además de las escuelas de párvulos Gato con Botas, Saint Patrick, Mickey Mouse y Tinkerbell.
Pos su parte, el Guadalupe de Ayquina ya está implementando el régimen de fundación.
Plazos
La ley también contempla los tiempos de entrega de información y toma de decisión de los colegios.
Con respecto al último punto, los sostenedores tendrán hasta diciembre del próximo año para realizar el cambio (corporación o particular pagado), el objetivo es que el 2018 todos estén funcionando bajo la normativa.
Sin embargo, para efectos de informar a los padres y apoderados el plazo máximo es hasta el 31 de marzo del 2017 "la ley establece que la familia tiene el derecho de conocer con un año de antelación la decisión que tomará su colegio, para que tengan el tiempo suficiente de análisis, ya sea económico, proyecto educativo; y determinen si dejarán a sus hijos en el mismo o buscarán otro", explicó la seremi.
Esta información deberá ser entregada por escrito y la recepción de la misma firmada por el apoderado.
Respecto a que si la ley regula el aumento en las mensualidades de los establecimientos que deseen ser particulares pagado, la autoridad declaró que no. "Son los sostenedores quienes deberán determinar lo que cobrarán a sus apoderados".
Agregó que como organismo sólo regulan la disposición del Fondo para Colegios Subvencionados (Ficom).
Sin fines de lucro
Dentro de los ejes que contempla la Ley de Inclusión se encuentra el fin al lucro, el cual tiene como objetivo principal que los recursos que aporta el Estado sólo se puedan utilizar en ejes educativos. Además, de la permanencia en el tiempo de los colegios, puesto que las instituciones con fines de lucro pueden desaparecer si así lo estima el sostenedor, como el retiro del dinero para generar otras actividades.
Se espera que para el 2018 todos los colegios que reciban aportes o subvenciones del Estado estén organizados como entidades sin esta denominación.
Fin de la selección
La nueva ley tiene pasos relevantes en materia de procesos de admisión. De partida establece que ningún establecimiento que reciba recursos del Estado podrá exigir antecedentes académicos ni socioeconómicos en ningún nivel educativo y que los procesos -independiente de si el establecimiento es subvencionado o particular pagado- deben garantizar los principios de transparencia, inclusión, accesibilidad universal, equidad, no discriminación arbitraria y derecho preferente de los padres a elegir el establecimiento educacional para sus hijos.
En este ámbito el director regional de la Superintendencia de Educación, Víctor Alvarado explicó que hoy los establecimientos particulares pagados no pueden realizar procesos discriminatorios ni que afecten la dignidad de los alumnos y sus familias "es obligación de todos desarrollen procesos transparentes, objetivos e informados".
Asimismo, agregó que ningún colegio en Chile puede discriminar a un alumno por razones de salud ni por ninguna otra causa. "La exigencia de un certificado médico que garantice salud compatible con la vida escolar al momento de la admisión establece, sin duda, una limitación al acceso a la educación". En este caso aclaró que sólo se puede solicitar información médica, después que los alumnos y alumnas están matriculados con el fin de ayudarlos en su proceso educativo.
Tampoco se puede exigir requisitos socioeconómicos, como certificados de renta o liquidaciones de sueldo, ni discriminar por el capital cultural de los padres. "Simplemente no es aceptable que este tipo de documentos condicionen la entrada de un niño o una niña a un colegio, porque con este tipo de medidas, no solo se está discriminando al alumno, sino que también a su familia, lo que es grave", declaró Alvarado.
Admisión inclusiva
En este punto cuando los establecimientos elegidos por las familias cuenten con igual número de postulantes y vacantes, todos los estudiantes podrán ingresar automáticamente. De no haber cupos suficientes, los establecimientos deberán usar un sistema de selección aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria.
Sin embargo, tendrán preferencia los hermanos de alumnos y alumnas que ya estudian en el establecimiento y los hijos e hijas de los trabajadores de los colegios.
Programas especiales
También la Ley permite el desarrollo de proyectos educativos asociados a la expresión artística, el deporte o la alta exigencia académica. En estos casos, previa acreditación ante el ministerio y el Consejo Nacional de Educación, se permitirá la admisión por un proceso especial de hasta un 30% de la matrícula del establecimiento.
En este sentido, la seremi se encuentra trabajando en conjunto con la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) y la Provincial de Educación en el desarrollo del Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) 2017, oportunidad donde los sostenedores podrán proponer diversas iniciativas para invertir en el desarrollo de los establecimientos y será el ministerio, quien estará a cargo de orientar esos lineamientos para la aprobación de los dineros recibidos por la subvención y las instancias especiales, como por ejemplo el Programa de Integración Escolar (PIE).
En este sentido, Barraza declaró que "es el momento preciso para que se proponga un programa de carácter psicosocial o especial que aborde la pertinencia del lugar y que vayan en beneficio de toda la unidad educativa".
El nuevo sistema se implementará desde este año de forma gradual, con el fin de garantizar un tránsito ordenado hacia una nueva estructura de la educación chilena.
"El panorama de Calama es muy positivo, ya que la mayoría demuestra un gran compromiso con la educación pública, por lo cual hago un reconocimiento especial a aquellos que ya han iniciado su adecuación jurídica".
Jacqueline Barraza, Seremi de Educación"